Al menos el 60% de la madera extraída en la última década de Loreto y Ucayali, las dos mayores regiones productoras de madera de Perú, era de origen ilegal al haber sido talada de zonas no autorizadas, según un informe de Global Witness.
La ONG británica recoge en su informe “El justiciero forestal”, remitido a la Agencia Efe en Lima, ese mercado mueve unos $112 millones al año.
El informe revela que la madera ilegal de la Amazonía peruana “se lava” para darle una apariencia de “origen lícito a través de diversas modalidades”.
Entre esas artimañas está la tala de árboles en áreas destinadas para la población local como las comunidades indígenas y la falsificación de la ubicación de árboles para inventar troncos inexistentes dentro de las concesiones forestales autorizadas.
También la confabulación de los madereros con los Gobiernos regionales, encargados de aprobar esos documentos donde se falsifica la información y de cambiar el uso del suelo, que permite deforestar áreas y dedicarlas a actividades agrícolas a fin de declarar falsamente que la madera provino de allí.
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En ese sentido, Global Witness advirtió de que la independencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) de Perú, ente dedicado a detectar y denunciar la tala ilegal, ha sido debilitada por recientes decisiones del Gobierno peruano.
El Ejecutivo nacional decidió que el Osinfor esté adscrito al Ministerio del Ambiente y no a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras que anteriormente optó por que su presidente sea elegido por designación directa y no por concurso público.
Global Witness consideró fundamental que el Osinfor vuelva a actuar de manera efectiva porque en la última década ha revelado que se han talado ilegalmente al menos 2.5 millones de metros cúbicos de madera y que los madereros han falsificado más de 133,300 ubicaciones de arboles.
“Es absolutamente esencial que se devuelva la independencia al Osinfor, que se amplíen sus competencias y que se aumente su presupuesto adecuadamente para permitirle hacer frente a las nuevas formas de blanqueo de madera que están surgiendo”, afirmó Laura Furones, líder de campaña de Global Witness.
Asimismo, la ONG hizo un llamamiento a los gobiernos de Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE), principales importadores de la madera peruana, para garantizar que Perú cumple sus compromisos de comercio justo.
También emitió una advertencia a los gobiernos de Noruega y Alemania, principales financistas para la conservación de bosques en Perú, para que se aseguren de que de las autoridades peruanas destinan y ejecutan eficazmente los fondos recibidos.
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En ese aspecto, Estados Unidos solicitó por primera vez al Gobierno de Perú un proceso de consultas en el marco del acuerdo comercial entre ambos países por considerar que incumple sus compromisos al supuestamente rebajar la independencia del Osinfor.
La Amazonía peruana perdió 156,000 hectáreas de bosques en 2017 y más de 2.1 millones de hectáreas desde el año 2001, con un promedio de 125,000 hectáreas anuales.
Con una extensión de 68.5 millones de hectáreas, el bosque tropical de Perú es el cuarto mayor del mundo y una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, que además puede jugar un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático.
Este texto apareció originalmente en EfeVerde, puedes encontrar el original aquí.
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