Un juez federal fijó la fecha del juicio para la demanda presentada por 21 niños y jóvenes adultos sobre el supuesto fracaso del Gobierno de Estados Unidos de frenar el desarrollo de combustibles fósiles y de no abordar el tema de cambio climático.
El juicio comenzará el 5 de febrero de 2018, en la corte federal de Eugene, Oregon (Estados Unidos), con la jueza Ann Aiken, según documentos del tribunal.
Archivada en 2015, la demanda, Juliana et al v. United States, busca cambios radicales en los esfuerzos federales de cambio climático y en los programas gubernamentales que subsidian o fomentan el desarrollo de combustibles fósiles. Una decisión sobre la demanda por la jueza Aiken, podría darse una vez que el juicio termine en la primavera de 2018, aunque se espera que el caso sea apelado por ambas partes, posiblemente ante la Corte Suprema, lo que podría retrasar el resultado por años. Su avance en el juicio significa que décadas de política federal sobre combustibles fósiles y cambio climático, incluyendo información que estaba oculta, podrían estar bajo escrutinio público.
La jueza también concedió una petición realizada a finales de mayo por los grupos de presión de combustibles fósiles más grandes del país para retirarse del caso.
En noviembre de 2015, el American Petroleum Institute (API), el American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) y la National Association of Manufacturers (NAM) se unieron al gobierno federal como interventores, explicando que la demanda era una “amenaza directa” a sus negocios.
Los intervinientes y el Departamento de Justicia presentaron varias veces mociones para que el caso fuera desestimado, pero los jueces federales permitieron que la demanda prosiguiera.
La demanda ha estado en “fase de descubrimiento” desde comienzos de este año. En esta fase cada parte busca documentos, depone testigos y reúne otras pruebas para construir su argumento. Todavía no está claro si los demandantes buscarán deponer al Secretario de Estado Rex Tillerson, ex presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, quien también fue presidente de API. Ambas entidades gastaron millones de dólares en campañas para “sembrar” dudas entre el público y los legisladores sobre el cambio climático.
Los jóvenes demandantes también serán destituidos por abogados del Departamento de Justicia de la Administración Trump.
“Estoy emocionado de que tengamos una fecha”, dijo Jayden Foytlin, de 14 años, de Rayne, Louisiana. “Creo que todos esperamos con ansias nuestro día en la corte. Siento que estamos mucho más cerca de la justicia“.
Juliana se basa en un concepto legal llamado la doctrina de la confianza pública, que sostiene que el gobierno tiene recursos como la tierra, el agua o la pesca bajo la confianza de sus ciudadanos. Los litigantes del clima afirman que el gobierno también es un fideicomisario de la atmósfera. El poder de la doctrina proviene de la Quinta, Novena y Décima Enmiendas, y de las Cláusulas de Adquisición, Posteridad y Nobleza de la Constitución, sostienen los demandantes.
En 2015, demandantes del medio ambiente en Holanda, Sudáfrica y Pakistán, así como en Massachusetts y Washington (EE. UU.), ganaron derechos humanos similares o casos constitucionales que obligan a las autoridades a reducir las emisiones de carbono.
Los demandantes argumentan que el Gobierno federal ha sabido por al menos 50 años que la quema de combustibles fósiles añade dióxido de carbono a la atmósfera y cambia el clima. Debido a que decidió no limitar el uso de combustibles fósiles y reducir los gases de efecto invernadero, el gobierno violó el derecho de los demandantes a la protección contra la degradación ambiental bajo la doctrina del fideicomiso.
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