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Un abogado de un grupo de jóvenes estadounidenses que demandan al gobierno federal por el cambio climático dijo que la decisión de la jueza de permitir que la demanda avance debe despejar el camino para que comience un juicio el 29 de octubre.
La demanda, que fue presentada por 21 niños y adultos jóvenes, acusa a los funcionarios federales y ejecutivos de la industria petrolera de violar sus derechos al saber durante décadas que la contaminación de carbono envenena el medio ambiente, y no hacer nada al respecto.
“Cuando la ciencia del clima se discuta en la sala del tribunal, el juez determinará que el gobierno está cometiendo violaciones constitucionales”, dijo el abogado de los niños, Phil Gregory.
En una declaración, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el gobierno está revisando la decisión de la jueza de distrito Ann Aiken en Eugene, Oregón.
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Aiken también dictaminó que la demanda podría continuar sin que se nombrara al presidente Donald Trump específicamente, una medida que Gregory dijo que los jóvenes ya habían aceptado.
“La ley no está clara sobre si, y en qué medida, un tribunal puede emitir una orden a un presidente en funciones”, dijo Gregory, y agregó que la decisión aún permite al grupo demandar a los líderes del departamento dentro de la Administración de Trump.
“Estas agencias están infringiendo activamente los derechos constitucionales y el juez puede emitir una orden que los detenga sin incluir al presidente”, explicó.
La demanda se presentó por primera vez en 2015 contra el gobierno del ex presidente Barack Obama, cuando los demandantes tenían entre 8 y 19 años. Los jóvenes son de todo el país y son “especialmente vulnerables a la situación peligrosa” que creó el gobierno, según sus demandas.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, han provocado traumas emocionales y daños a su salud, seguridad, prácticas culturales, seguridad alimentaria y estabilidad económica, dice la demanda.
El gobierno ha argumentado que esas lesiones son fenómenos ambientales generalizados que afectan a todos los demás seres humanos en el planeta y que el problema no pertenecía a los tribunales.
Jeffrey Wood, el asistente del fiscal general interino a cargo de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, calificó la demanda como “un intento inconstitucional de usar un solo tribunal de Oregón para controlar la política energética y climática de toda la nación”. Agregó que esas políticas deben ser decididas por los poderes públicos elegidos, no los tribunales.
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En un proceso judicial reciente, el gobierno federal solicitó al Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EE. UU. que suspenda el caso mientras busca la revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Los acusados federales también sostuvieron que permitir que el caso procediera sería demasiado fastidioso, pondría inconstitucionalmente a los tribunales en contra del poder ejecutivo, y requeriría una “toma de decisiones de la agencia” inadecuada al obligar a los funcionarios a responder preguntas sobre el cambio climático.
Aiken en su decisión rechazó esos argumentos, diciendo que los demandantes habían ofrecido extensas declaraciones de expertos para relacionar sus lesiones con el cambio climático inducido por los combustibles fósiles.
También dijo que había pruebas suficientes de que las acciones del gobierno, como el arrendamiento de carbón, el desarrollo del petróleo y los subsidios de la industria de combustibles fósiles, causaron lesiones a los niños.
Este texto apareció originalmente en NBC News, puedes encontrar el original en inglés aquí.
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