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La migración relacionada con el cambio climático se está volviendo una realidad cada vez más generalizada alrededor del mundo. Existe mucha información al respecto enfocada principalmente en los Estados Insulares, sin embargo, tales territorios son sólo la punta del iceberg de un problema aún mayor. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), considera que estos desplazamientos se darán principalmente en zonas rurales ante la falta de oportunidades por las malas condiciones de sus entornos como consecuencia del aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos.
La securitización de dicho tema ha causado que el debate gire en torno a dos asuntos a saber: 1) La búsqueda de medios para hacerle frente a la degradación de nuestro planeta y evitar en medida de lo posible una ola de “refugiados”. Lo que implica la creación y/o modificación de marcos jurídicos que garanticen su protección (si bien los migrantes y refugiados gozan de los mismos derechos y libertades fundamentales, ambos se rigen por distintos instrumentos); 2) La generación de conflictos nacionales e internacionales a consecuencia de lo anterior.
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Con la publicación del informe del Banco Mundial “Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos”, de marzo de 2018, se hace un llamado a la acción, pues se tiene previsto un mayor desplazamiento para el año 2050. Con el aumento de la temperatura global, se verán agudizadas las sequías, las inundaciones y la escasez de agua (principalmente en África al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina), dando como resultado una movilización de aproximadamente 140 millones de personas únicamente en esas regiones; se debe recalcar que estas migraciones serán adicionales a las ya existentes por motivos políticos, sociales o económicos.
El cambio climático deja en evidencia que sus consecuencias no distinguirán fronteras y los menos preparados serán los más vulnerables a sus efectos. En vista de tal situación, el 19 de septiembre de 2016, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se estableció el “Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular”, en el que por primera vez se hizo un reconocimiento a la migración como consecuencia del cambio climático, además se exhortó a los Estados a cooperar para hallar herramientas que den solución para aquellas personas que se vean forzadas a abandonar su país de origen e invertir en programas que agilicen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para garantizar resultados, es importante dejar de pensar que el asunto sólo concierne a las dependencias migratorias y ambientales de cada uno de los Estados, pues al ser un tema tan extenso y complejo, se requiere de toda la coordinación posible en distintos sectores de la sociedad que favorezcan la implementación de políticas transversales. Hay muchos puntos de encuentro en torno al tema, por ejemplo, la migración puede relacionarse con la creación de políticas de planeación urbana que incluyan mecanismos de adaptación al cambio climático, en algunas zonas, incluso, con el fomento agrícola y acceso a créditos para que las poblaciones puedan desarrollarse de manera integral.
Más allá de los retos que puedan existir, existen una serie de oportunidades que se deben considerar para fomentar el desarrollo humano y la sustentabilidad. Se debe entender que la acción debe ser en todos los niveles y se debe aumentar la comprensión de las implicaciones que trae el cambio climático en las migraciones de modo que se puedan generar instrumentos que se ajusten a las necesidades de cada región. Asimismo, nuestra labor es seguir promoviendo la conciencia sobre el tema desde una perspectiva propositiva e informativa hacia la población.
Un artículo de nuestro autor invitado José Gil.
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