El Tribunal Supremo holandés ha ordenado al Gobierno la reducción de los gases de efecto invernadero, porque considera que debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno, y la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general.
El caso supone una victoria histórica para Urgenda, una pequeña ONG medioambiental que en 2015 sentó un precedente mundial al lograr que los jueces exigieran al Ejecutivo una rebaja, para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a las de 1990. En 2018, Urgenda superó la apelación interpuesta por el Ministerio de Economía y Clima, y su titular, Eric Wiebes, recurrió entonces al Supremo, aduciendo que la salvaguarda del entorno le compete al Parlamento y no a la Justicia. Cuatro años después, ha perdido en todas las instancias judiciales y tendrá que acatar el fallo.
La decisión del Supremo ha sido acogida con grandes aplausos por parte del público que llenaba la sala y ha interrumpido en dos ocasiones su lectura. Con el fracaso de la Cumbre del Clima (COP25) celebrada este diciembre en Madrid, que no pudo regular los mercados de dióxido de carbono (CO2), muy reciente, el tribunal holandés subraya:
“Cada país es responsable de la parte que le corresponde en la lucha contra el cambio del clima”. Y lo más importante, “con la Convención Europea de Derechos Humanos en la mano, esta corte ha comprobado que el Gobierno debe reducir el 25% de emisiones indicado, porque los peligros del clima pueden afectar el derecho a la vida de los habitantes de este país”.
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Para Marjan Minnesma, directora de Urgenda y cabeza visible de la demanda, estas palabras han convertido la jornada en una experiencia muy emotiva.
“Ya no hay vuelta atrás: el Gobierno pensó que todo esto era un broma y ahora tiene que lograr en un año lo que no ha hecho en 20”, reconoció a este periódico poco después del fallo. El ministro Wiebes ha sido más comedido. “Afrontamos una gran tarea e iremos paso a paso camino del objetivo del 25%”, ha asegurado.
Según la Oficina Central de Estadística, Holanda produce hoy cerca de un 14% menos de gases de efecto invernadero que en 1990. Por su parte, la Oficina de Evaluación Ambiental, que asesora al ministerio, había indicado que podría llegarse a una rebaja del 23% el año que viene, pero esta misma semana ha ajustado el cálculo al 20%, incluso el 19%.
“Si algo va mal, por ejemplo, un invierno muy duro habrá mayor gasto de energía”, apuntan sus portavoces. Antes de la sentencia, Eric Wiebes había anunciado al Parlamento “la presentación de nuevas medidas a principios de año, porque lo más probable es que no pasemos del 20% o 21%”.
Marjan Minnesma hace otros cálculos. Recuerda lo sucedido en la Cumbre de Madrid, donde los países industrializados hablaron sin ponerse de acuerdo,
“Por eso tenemos detrás una coalición de 750 organizaciones con las que ha trazado un plan de 50 puntos que ayuden al Gobierno a alcanzar la meta del año próximo. No es un ideal imposible”, asegura.
En enero, las autoridades cerrarán una central eléctrica de carbón, y ella cree que podrían clausurar otra más. O bien reducir la velocidad rodada a 100 kilómetros por hora; apagar las luces al final de la jornada laboral; aumentar el presupuesto para aislar las casas del frío; imponer tarifas al tráfico en las ciudades; acelerar el cierre de las explotaciones porcinas, más del 60% de las cuales desaparecerán en 2030.
“Holanda produce al año unos 25 millones de cabezas de cerdo doméstico, según el Gobierno. En fin, tenemos una batería de medidas y se podría crear un fondo para aplicarlas. Solo hay que sentarse a hablar de ello y Urgenda está lista”, advierte.
El Acuerdo Nacional del Clima, presentado por el pasado junio por el Gabinete holandés, señala un 49% de reducción de emisiones de CO2 para 2030. Pero el Supremo les ha exigido ahora ir más deprisa, y vivimos en un Estado de Derecho, un Gobierno no puede ignorar las resoluciones judiciales diciendo que no atañen a la política. El caso de Urgenda apela a los derechos humanos y puede ser un ejemplo para otros países, insiste la directora de la ONG.
Poco después del fallo han sucedido las reacciones del arco político nacional. Izquierda Verde (Groen Links), el partido ecologista, ha pedido estas tres cosas a los gobernantes: “Dejen de poner excusas, cierren las centrales de carbón y reduzcan el conjunto de la cabaña ganadera”.
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Los liberales de izquierda, uno de los cuatro partidos en el poder, ha asegurado: “para nosotros no hay tabús en este ámbito, todo se puede explorar”.
En cuanto a Geert Wilders, el líder xenófobo, ha sido rotundo en su rechazo a la sentencia del Supremo. “Lo que deben hacer los políticos es cancelar el Tratado del Clima de la ONU y el Acuerdo de París. La política sobre el medioambiente no es para los tribunales”, ha dicho.
El “Caso del clima”, como se le conoce coloquialmente, dio comienzo en 2013 en Holanda cuando Urgenda, hasta entonces una fundación centrada en la transición hacia una economía circular usando solo energía renovable, demandó al Gobierno apoyada por un millar de denunciantes. Era la primera vez en el mundo que un grupo de civiles esgrimía la legislación europea sobre derechos humanos para pedir que se contuviera la contaminación. En 2015, el juzgado de primera instancia de La Haya les dio la razón. Contra todo pronóstico, el fallo señalaba que las autoridades tienen la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, porque de no hacerlo, la actual generación verá peligrar su vida y de su familia.
Cogido por sorpresa, el Gobierno apeló en nombre de “la separación de poderes, ya que la política medioambiental es competencia del Parlamento, no de los tribunales”.
Dicho argumento no convenció al tribunal, y en 2018 llegó la segunda derrota. Es más, los jueces consideraron que Holanda ha firmado tratados internacionales sobre el clima, válidos ante las cortes nacionales sin necesidad de invadir otras competencias, y en caso de peligro para la población, el Estado debe tomar medidas preventivas.
Lo que más le dolió al ministro Wiebes es que la sentencia calificara de “mínimo exigible la reducción de un 25% de gases de efecto invernadero respecto a los de 1990”, pero resolvió llegar hasta el Supremo.
“Haremos lo posible por acatar el fallo, pero este es un caso de principios: queremos saber, al más alto nivel, si un juez puede ocupar el puesto de un político, porque la democracia ha sido esquinada”, añadió. El Tribunal Supremo le ha sacado de dudas.
Este texto apareció originalmente en El País, puedes ver el original aquí.
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