Aire limpio como derecho: la Declaración de Santiago de Chile marca la acción climática

2 marzo, 2026
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Editado por Mónica Gálvez - Fuente World Health Organization - Foto Esteban Felix/AP

Declaración de Santiago de Chile por el aire limpio

Líderes de salud pública, expertos ambientales y representantes de la sociedad civil dieron un paso significativo este viernes con el lanzamiento de la Declaración de Santiago sobre Aire Limpio y Justicia Ambiental, un llamado regional urgente para enfrentar la contaminación del aire y sus impactos en la salud en América Latina y el Caribe.

El documento se presentó oficialmente tras un proceso que inició en la Conferencia Latinoamericana sobre Calidad del Aire y Salud celebrada en Santiago, Chile en octubre de 2025, y se nutre de compromisos globales señalados en la Segunda Conferencia Mundial de la OMS sobre Contaminación del Aire y Salud realizada en marzo de ese mismo año.

La Declaración parte de una premisa clara: el aire limpio debe ser reconocido y protegido como un derecho humano fundamental. Este enfoque, impulsado por el Colegio Médico de Chile y la International Society of Doctors for the Environment (ISDE), y respaldado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), propone centrar las políticas públicas en la salud de las personas y en la equidad socioambiental.

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La iniciativa subraya que la contaminación del aire es uno de los factores prevenibles más importantes de enfermedades no transmisibles y muertes prematuras, afectando de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, incluyendo zonas urbanas densas, zonas de valle y áreas de gran altitud donde las condiciones atmosféricas intensifican la exposición a partículas dañinas.

Transformación de políticas públicas

La Declaración plantea objetivos estratégicos que buscan traducir evidencia científica en políticas integrales y acciones concretas:

Reducir la contaminación antropogénica alineando medidas con la hoja de ruta actualizada de la OMS para abordar los efectos de la contaminación del aire en la salud.
Proteger los ecosistemas como parte de la estrategia de resiliencia climática y salud pública.
Integrar la salud ambiental en sectores más allá de la salud, desde transporte y energía hasta planificación urbana.
Fortalecer la capacitación y formación de profesionales de la salud, así como mecanismos sólidos de monitoreo y transparencia de datos ambientales y de salud.
Crear una Red Latinoamericana de Calidad del Aire y Salud para conectar actores diversos, desde academia hasta sociedad civil y gobiernos, y compartir experiencias y soluciones regionales.

Estas directrices se alinean con esfuerzos internacionales más amplios que reconocen los vínculos entre derechos humanos y ambiente sano, como la ratificación del Acuerdo de Escazú, que garantiza participación, acceso a la información y justicia ambiental para poblaciones afectadas por decisiones de gran impacto social y ecológico.

La Declaración no se presenta como un documento aislado, sino como parte de una agenda mayor de cooperación regional. Está diseñada para articularse con el Plan de Acción de Belém para la Salud, presentado en la COP30, que promueve enfoques centrados en la equidad y la gobernanza climática, y con iniciativas de fortalecimiento del sistema de salud y vigilancia ambiental.

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Para avanzar en estos objetivos, se conformó un grupo de coordinación regional que buscará movilizar instituciones, monitorear progresos y mantener el diálogo entre actores clave. Asimismo, la OPS trabaja en un Plan Regional de Acción sobre Calidad del Aire y Salud 2026–2031, que plantea metas para liderar acciones que protejan la salud de grupos vulnerables y potencien la cooperación multisectorial en la región.

La Declaración de Santiago representa un intento ambicioso de articular salud pública y justicia ambiental, reconociendo que sin aire limpio es imposible garantizar condiciones dignas de vida y bienestar humano. En un contexto donde la contaminación del aire sigue siendo un factor crítico de enfermedad —desde enfermedades respiratorias hasta cardiovasculares— este marco regional apuesta por políticas basadas en datos científicos, participación comunitaria y justicia social.

La pregunta ahora, y el desafío más grande para gobiernos y sociedad civil, es cómo convertir estas aspiraciones en políticas concretas y mecanismos de rendición de cuentas efectivos que realmente mejoren la calidad de vida de millones de personas en América Latina y el Caribe.