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La utilización de energía renovable ya no es una cuestión lejana ni una posibilidad remota en Argentina. A partir del 1 de enero de 2018 entrará en vigencia la Ley 27.191 que afectará a las empresas privadas, instituciones públicas y otros usuarios de energía que tengan un consumo mensual superior a los 300 KW. La primera exigencia es que el 8% de la energía que consumen provenga de fuentes de energía renovable y para 2025 ese porcentaje deberá llegar al 20%.
Es importante comprender que, cuando hablamos de 300KW de potencia, esto hace referencia a la potencia media, es decir, el total de energía consumida en el año sobre 8,760 horas. “Una estimación rápida es que la potencia media es aproximadamente la mitad de la registrada (por ejemplo, para un edificio de oficinas). Para lo cual, deberíamos considerar nuestro análisis a partir de un registro de consumo de unos 500 KW y/o una superficie de 5.000 m2” señala Blum. También es importante considerar que este valor se establece por CUIT y no por suministro, de modo que una empresa con varias sucursales y/o edificios debería considerar la suma de los consumos de los mismos.
Las empresas tienen varias opciones:
Las energías renovables que pueden adquirirse son las que provienen de fuentes que utilizan recursos que no son de origen fósil, como la eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica y la biomasa, entre otras. Se estima que de la licitación de 1000 MW de energía renovable que realizó CAMMESA, el 60% de las ofertas corresponde a energía eólica y el 30% a energía solar fotovoltaica.
“Las empresas o instituciones pueden ahorrar y optimizar el consumo de energía implementando medidas básicas como reducir el consumo de agua o apagar las luces a las 18 horas”, ejemplifica la Business Development Manager de Cushman & Wakefield Cono Sur, Ana Laura Rodríguez Lamaison.
Pero, cuando las empresas no cumplan con la normativa, habrá multas equivalentes al costo de la energía generada con diésel importado por megavatio hora (unos 200USD), que se cobrarán sin previo aviso. “La normativa se encuentra aún en discusión por lo que es posible que se modifiquen algunos aspectos”, aclara Lamaison “de todos modos, es conveniente que las empresas comiencen a evaluar las alternativas para alcanzar ese objetivo”.
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