¿Qué nos enseña la nueva ley de Francia contra el consumismo de Shein?
El 10 de junio de 2025, el Senado francés aprobó casi por unanimidad una ley pionera para frenar la “ultra fast fashion”, dirigida explícitamente a gigantes como Shein y Temu.
La iniciativa, que ya había sido respaldada por la Cámara de Diputados en 2024, busca frenar la avalancha de ropa barata que, aunque atractiva para el consumidor, tiene un enorme costo para el planeta. Francia se convierte así en el primer país del mundo en legislar directamente contra este modelo de producción y consumo acelerado.
La nueva ley establece un recargo de cinco euros por prenda a partir de 2025, que se incrementará a diez euros en 2030, penalizando especialmente a las marcas que no cumplan con los criterios de sostenibilidad. Además, prohíbe la publicidad de este tipo de prendas, incluyendo aquellas que se difunden a través de influencers en redes sociales, una de las estrategias clave que ha alimentado el crecimiento de plataformas como Shein.
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Otro punto relevante es la introducción de un etiquetado ambiental obligatorio, que informará al consumidor sobre el impacto ecológico de cada prenda, desde su fabricación hasta su eliminación.
Crecimiento preocupante del Ultra Fast Fashion
Aunque la medida distingue entre la ultra fast fashion —como Shein y Temu— y marcas de fast fashion más tradicionales como Zara o Kiabi, que por ahora quedan exentas, esta diferenciación ha sido cuestionada por organizaciones ambientalistas, quienes consideran que toda la industria necesita una transformación estructural.
El objetivo de esta legislación es claro: combatir los residuos textiles y reducir el daño que la industria de la moda rápida provoca sobre el medio ambiente. Actualmente, se estima que menos del 1% de toda la ropa producida a nivel mundial se recicla.
La moda es responsable de alrededor del 20% de la contaminación del agua y del 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Frente a este panorama, la nueva normativa francesa apuesta por internalizar los costos ambientales del modelo fast fashion, estableciendo que quien más contamina debe asumir la responsabilidad económica y ecológica.
Este tipo de políticas también buscan generar un efecto dominó más allá de Francia. Al legislar desde una economía clave de la Unión Europea, se presiona a empresas globales para adaptarse a estándares más estrictos. Un ejemplo claro es Shein, cuyas emisiones de transporte crecieron un 13.7 % en 2024, alcanzando las 8.5 millones de toneladas de CO₂ equivalente, más del triple que otras compañías como Inditex. En respuesta, la empresa china ha anunciado medidas para reducir sus emisiones indirectas en un 25% para 2030, aunque todavía sin compromisos legalmente vinculantes.
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No obstante, la ley francesa no ha estado exenta de críticas. Diversos colectivos ecologistas y académicos han señalado que la exclusión temporal de marcas de fast fashion tradicionales podría debilitar el impacto global de la norma. Sin embargo, esta regulación representa un avance contundente, especialmente al centrar la discusión en el consumidor como agente de cambio. Al visibilizar el costo ambiental detrás de cada compra impulsiva, la ley promueve un modelo de consumo más informado y consciente.
Política replicable para el resto del mundo
Para América Latina, esta medida ofrece aprendizajes clave. La región podría adoptar políticas similares, aplicando gravámenes a productos textiles con alta huella ecológica e introduciendo sistemas de etiquetado ambiental. Asimismo, se podrían fomentar incentivos fiscales para marcas locales que trabajen con reciclaje textil, materiales sostenibles o producción artesanal, muchas veces invisibilizadas frente al poder publicitario de las grandes plataformas.
Además, campañas de educación y sensibilización son fundamentales para acompañar cualquier regulación. No basta con gravar al contaminador: es necesario transformar los hábitos de consumo a través de información, cultura y alternativas reales. También sería estratégico impulsar una cooperación internacional que apunte hacia un tratado global de moda sostenible, siguiendo el ejemplo del tratado sobre plásticos que está en discusión en la ONU.
Aunque aún hay desafíos por resolver, especialmente en cuanto a su implementación equitativa, representa un punto de inflexión para repensar nuestra relación con la ropa.
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