11 Muertos, 7.000 damnificados y 1.600 casas destruidas. Este fue el saldo que dejaron los 717 incendios que, entre el 18 de enero y el 5 de febrero, arrasaron con 467.000 hectáreas en la zona centro sur de Chile. La segunda catástrofe incendiaria más grande del siglo XXI, después de la registrada en Canadá el año pasado, donde 700.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego.
En Chile, el 98% de los incendios forestales son de origen antrópico, es decir, producto de la intervención humana, según la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Negligencias en quemas agrícolas y en el mantenimiento del tendido eléctrico suelen ser causa del origen de los 6.000 incendios forestales que se registran en promedio anualmente. Esta vez no fue la excepción, pues 250 investigaciones se encuentran en curso, según informó el Ministerio Público (Procuraduría General).
Según los registros de CONAF, la cantidad de incendios registrados hasta ahora en el período 2016 y 2017 es menor que la del período anterior. Sin embargo, la cantidad de hectáreas incendiadas ha aumentado considerablemente. Así, las tres principales regiones afectadas por los últimos incendios suman, al cierre de este artículo, 518.247 hectáreas incendiadas durante el periodo actual 2016-2017; durante el periodo anterior, la cifra fue de 14.200. Según Ignacio Fernández, biólogo especializado en medioambiente, y Narkis Morales, doctor en Ciencias Ambientales (ambos investigadores de la Fundación para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad), “estos datos sugieren que la peor temporada de incendios forestales registrada en Chile no ha sido producto del aumento de fuentes de ignición, sino de la dificultad de controlar el avance de los incendios una vez que han sido detectados”.
Un reporte sobre cambio climático realizado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, indica que Chile es un país altamente vulnerable al calentamiento global, y sus efectos ya se están haciendo notar en el territorio nacional.
Recientes estudios desarrollados en la zona central de Chile han dado cuenta de un incremento significativo en la recurrencia de las sequías y disminución de las precipitaciones. Un reporte encargado por la Corporación Nacional de Medio Ambiente (Conama) en 2006, preparado por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, ya daba cuenta de una disminución de las lluvias y una elevación de la temperatura. “Particularmente preocupante en las regiones centro y centro sur del país”, señalaba.
La sequía prolongada que desde 2009 afecta al país “ha ido debilitando la vegetación sistemáticamente y produciendo material leñoso”, asegura el director de CONAF, Aarón Cavieres. El estudio Cambio climático y su impacto potencial en la ocurrencia de incendios forestales en la zona centro-sur de Chile, elaborado en 2011 por la Universidad Austral de Chile, la universidad de Oxford y CONAF, vaticinaba que la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas “contribuiría, dadas las condiciones ambientales más favorables, a incendios más frecuentes y de mayor extensión”. Además, sostenía: “Particularmente vulnerables a estos cambios en el régimen de incendios estarían aquellas regiones dominadas por extensas plantaciones y ecosistemas remanentes altamente fragmentados –es decir, retazos de bosque nativo que han quedado aislados– e invadidos por especies exóticas”.
En efecto, el 49% de las áreas afectadas por los grandes incendios de principios de año corresponden a plantaciones arbóreas de pino insigne y eucaliptus. Se trata de dos especies introducidas en los años 70 para la producción de madera y celulosa, principalmente; y que sustentan la actividad forestal, la principal economía de esta zona del país. Según el estudio, la vulnerabilidad de estos territorios está dada por el tipo de especies, altamente inflamables debido a su estructura química, la homogeneidad de la vegetación y la continuidad del combustible (entendiéndose el árbol como un elemento combustible). Los investigadores Ignacio Fernández y Narkis Morales coinciden, y aseguran que “la distribución densa y continua de estas especies en el espacio, formando una masa homogénea de árboles plantados, promueve que los incendios se expandan rápidamente. Si junto con ello, las condiciones climáticas y topográficas no son beneficiosas para combatirlos, esto puede ser la receta para un desastre. Y así lo demuestra la reciente catástrofe”.
Sin embargo, a pesar de todos los pronósticos, el ministro de Agricultura, Claudio Ternicier, señaló al respecto: “Este fue un evento extraordinario y de una magnitud no esperada”.
Para Ignacio Fernández y Narkis Morales, es necesario que los planes de restauración ecológica no sólo se dirijan a recuperar la estructura, composición y funcionalidad de los ecosistemas afectados, sino que también reduzcan la probabilidad de que este tipo de incendios ocurran en el futuro. Según ellos, es imperativo considerar una planificación territorial de las plantaciones forestales, puesto que las extensas y homogéneas son más propensas a los incendios. “Es una de las principales causas de esta catástrofe”, apuntan. Conclusión que avalan los estudios y pronósticos realizados hasta ahora sobre los efectos del cambio climático en Chile. “Si no se cambia la forma en cómo se manejan e integran las plantaciones forestales dentro del territorio, incendios de estas características volverán a ocurrir en el futuro, y cualquier plan serio de restauración será infructuoso”, añaden los expertos.
En 2015, el Ministerio de Agricultura creó, a través de CONAF, el Consejo de Política Forestal, con el propósito de diseñar la política al respecto en Chile. Sin embargo, hasta el comienzo de los incendios, el Consejo no había desarrollado ninguna planificación para zonas rurales, a pesar de las advertencias de los estudios académicos. Esta vez, el Consejo entregó a principios de marzo un plan para restaurar el patrimonio afectado por los incendios, el cual incluye “un ordenamiento territorial de las plantaciones arbóreas”, afirma Rodolfo Contreras, jefe de secretaria de política forestal. “La idea es generar plantaciones sobre la base de mosaicos, con diferentes especies, para lograr una discontinuidad en el combustible, controlar el fuego y evitar así que llegue a zonas pobladas”, abunda. Contreras asegura que esta política incluye a pequeños, medianos y grandes productores forestales, entre estos últimos la compañía celulosa CMPC, una de las más importantes del país y de Latinoamérica.
El plan anunciado por el Consejo de Política Forestal se instala, sin embargo, sobre un historial poco alentador en cuanto a las medidas gubernamentales para enfrentar catástrofes ecológicas. En 2012, luego del incendio que consumió 17.000 hectáreas de la reserva de la biosfera Torres del Paine, la comisión investigadora que instaló la Cámara de Diputados con el fin de generar un plan de restauración, no ha concretado, hasta la fecha, ninguna medida.
En dicha oportunidad, el informe de la Comisión señalaba que “la labor realizada antes de la emergencia fue insuficiente, careciendo de los elementos básicos requeridos para abordar la correcta gestión de las fases de mitigación, prevención, preparación, respuesta y recuperación”. Al mismo tiempo, el informe apuntaba a la “urgente necesidad de fortalecer la gestión de CONAF, estableciéndola como una entidad pública y reforzando su misión, que es contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático”.
Dos años después de los resultados de la comisión, las conclusiones que arrojaba la nueva investigación sobre las causas del gran incendio que golpeó la ciudad de Valparaíso eran las mismas. Según este nuevo estudio, “la institucionalidad vigente no responde eficientemente a las exigencias para desarrollar una buena gestión del control de incendios forestales”. A pesar de todo esto, el presupuesto de 2017 del CONAF para el manejo del fuego disminuyó en 28 millones de pesos (unos 40,000 euros), respecto del año anterior.
Investigadores, académicos, la sociedad civil y, sobre todo, los más de 7,000 damnificados de los grandes incendios del 2016-2017, esperan que esta vez las medidas acordadas para prevenir incendios no queden archivadas a la espera de una próxima catástrofe ecológica y humana.
Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí.
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