El anuncio de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París ha puesto en el punto de mira del plano internacional a Nicaragua, ya que al igual que Siria, el país centroamericano está fuera del pacto internacional sobre cambio climático.
“Nicaragua no firmó el acuerdo en un gesto de protesta, por considerarlo demasiado débil. El Gobierno estima que los estándares de reducción de emisiones son laxos”, declara Alejandro Alemán, oficial de cambio climático de la asociación Centro Humdboldt de Nicaragua.
Además de la falta de ambición en la reducción de gases contaminantes, la ausencia de un mecanismo que garantice su cumplimiento, así como aspectos referidos al financiamiento, pérdidas y daños, son otros argumentos planteados por el Gobierno del país centroamericano, que ya fueron criticados anteriormente por la sociedad civil nicaragüense. No obstante, para el experto ambiental, el anuncio de la retirada estadounidense del pacto internacional, “ha permitido poner en la agenda pública una propuesta de ley nacional de cambio climático”.
“El Acuerdo de París nos conduce a una trayectoria de entre 2.7°C y 3.5°C, lo que en los trópicos se traducirá en variaciones de la temperatura media que van de entre 4°C y 5.5°C grados. En el texto, los países en desarrollo renuncian a su derecho a interponer demandas en tribunales internacionales para recibir compensaciones por pérdidas y daños asociados al cambio climático, lo cual desde el punto de vista del gobierno de Nicaragua es inaceptable”, añade el experto de esta ONG, que participó en las negociaciones climáticas del pasado mes de mayo en Bonn, Alemania previas a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP23.
Esta postura no va con la de la sociedad civil nicaragüense que, aunque en su mayoría entiende los argumentos del gobierno, considera un error histórico no formar parte del acuerdo internacional. Según el informe Global Climate Risk Index 2017 del think tank alemán Germanwatch, que coloca a Honduras a la cabeza y a Guatemala en novena posición, Nicaragua fue el cuarto país más afectado por el cambio climático en el período de 1996 a 2016. Se tratan de impactos que repercuten en las precipitaciones y temperaturas y cuyas consecuencias se plasman en la disponibilidad de agua, la producción de alimentos, el incremento de plagas y enfermedades, así como el deterioro de los ecosistemas.
“La decisión de no firmar el Acuerdo de París deja aislado al Gobierno nicaragüense en el plano internacional y no contribuye con la gestión climática ya que cierra las puertas al acceso a fondos de adaptación que se promueven en el pacto”, considera Bernis Trejos, director del Centro Nicaragüense de Conservación Ambiental (CENICA).
Por este motivo, aunque la sociedad civil es consciente de las debilidades del Acuerdo de París y comparta algunas de las razones que han llevado al gobierno de Nicaragua a no suscribirlo, “es más difícil impulsar las acciones fuera de las oportunidades que pueda brindar el marco de negociaciones”, critica Abdel García, representante de la Alianza Nicaragüense Ante el Cambio Climático (ANACC), una red que agrupa a 52 organizaciones dedicadas a la adaptación y mitigación al cambio climático en el país, al margen del acuerdo.
Y es que “quedarse al margen del consenso y de los esfuerzos de la comunidad internacional no es la mejor alternativa”, añade Alemán. Por ese motivo, propone que el Gobierno nicaragüense replantee su postura y presente una Contribución Nacional Determinada “con énfasis en la adaptación, definiendo acciones concretas encaminadas a garantizar la protección de la población frente a los crecientes efectos del cambio climático”.
Precisamente, con este objetivo, desde hace dos años la sociedad civil nicaragüense está llevando a cabo una consulta con las comunidades más empobrecidas y vulnerables al cambio climático que son la base del borrador de un proyecto de ley de adaptación y mitigación al cambio climático. “Es fundamental preparar las instituciones y las políticas ante la inminente llegada del cambio climático y sus consecuencias”, asegura Trejos, quien también es coordinador de dicha propuesta de ley.
“La ley es un proceso impulsado desde el Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL)”, explica García. Mientras que diversos gobiernos de países de la región han aprovechado este proceso para llevar a cabo la elaboración de leyes en este ámbito, en Nicaragua “utilizamos esta oportunidad para ayudar en la formulación de la Ley desde la ciudadanía y la sociedad civil”, aclara.
Para el representante de la ANACC, dicha ley “es una forma de llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad y urgencia de trazar una ruta de acción”, es decir, una herramienta necesaria, pero no la única. “Es sólo uno de varios instrumentos que Nicaragua necesita”, entre los que se encuentran un plan nacional e investigación. “Sin plan, sin ley, ni estrategia es difícil lograr apoyo internacional para la acción climática”, insiste.
La red de organizaciones critica en un comunicado, que lanzó tras una rueda de prensa sobre la posición de la sociedad civil nicaragüense sobre la postura del Gobierno en relación con el Acuerdo de París, que “los instrumentos oficiales de política sobre esta materia han caducado y a medio plazo no logramos identificar algún tipo de esfuerzo encaminado a superar esta debilidad”. Por este motivo, y ante “poca receptividad de las autoridades de Gobierno y muy poca apertura a escuchar las posiciones de la sociedad civil nicaragüense en la gestión ambiental del país”, la consulta se ha extendido a otros sectores como el académico y empresarial, además de las comunidades. El colectivo está a la espera de que se abra un debate con el Gobierno.
El proyecto de ley plantea acciones concretas como la reducción de gases invernadero en un 30% en un plazo de 15 años, la creación de un Fondo Nacional de Cambio Climático, un seguro para las cosechas y un Comité Nacional de Cambio Climático, un Comité Evaluador y un Comité independiente de Cambio Climático, entre otras medidas. “El primer gran reto es asegurar que el Gobierno va a implementar el plan y crear toda la maquinaria institucional”, recalca Trejos.
A pesar de que “la tasa de deforestación del 6% anual es uno de los mayores retos en relación al cambio climático y la gestión ambiental del país”, afirma Trejos, Nicaragua cuenta con “un 70% de la matriz energética de fuentes renovables y el objetivo es tener un 90% para el 2021”. “Desde la sociedad civil consideramos que éste es uno de los máximos éxitos de la gestión energética del país”, concluye.
Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí.
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