Se acercan tiempos duros para la cumbre del Monte Kenia, en el centro del homónimo país africano. Los glaciares que en antaño cubrían el pico de la segunda montaña más alta del continente se están derritiendo. De seguir así, las personas que residen en la región aledaña se verán obligados a escoger otro nombre para Kirinyaga (Monte de Blancura).
El cambio climático y la escasez de agua están generando conflictos entre los humanos a los pies de la montaña, que se agravan debido al rápido incremento de la población y la impunidad de los que usan los recursos sin control.
De los 18 glaciares del monte que existían hace un siglo, solo quedan 10, según el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente.
“Algunos creen que se debe a una maldición y, por eso, sienten que no deben hacer nada para frenarlo, ya que no está en sus manos. La actitud es que el agua es un don de Dios y no hay que preocuparse, porque él nos dará”, explica Stanley Kirimi, coordinador del Laikipia Wildlife Forum, una organización que aglutina a más de 6,000 miembros para una correcta gestión de los recursos medioambientales en la provincia.
Kirimi pasea al borde del río Nanyuki y se queja de la escasa lluvia de este año y de la prolongada sequía que, previsiblemente, durará hasta abril o mayo. A medida que los recursos hídricos menguan, crece la demanda.
“A los problemas derivados del cambio climático y el incremento demográfico, se suman un número excesivo de granjas y el descontrol total en el uso de los recursos y en la tala de árboles. Tampoco hay un estudio serio sobre el subsuelo. Este río fluye hacia Somalia: si no lo hacemos bien, habrá mucha más gente que sufra por el camino”, insiste. “Sería suficiente organizarnos correctamente para evitar los conflictos y conservar agua en la temporada de lluvias”. Sin embargo, admite que esta solución es cara y solo las empresas se la pueden permitir.
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La cumbre del Monte Kenia se esconde tras las nubes a las espaldas de Robert Myall. Un hombre que nació allí hace 62 años y desde entonces, asegura, el cambio ha sido enorme, pero en sentido negativo.
“Venía con mi padre a pescar a este río de pequeño, pero ahora que tengo nietos no puedo hacer lo mismo”, lamenta.
Por esa razón decidió involucrarse en un grupo de gestión del agua y contribuir a actividades de sensibilización dirigidas a pastores y campesinos que extraen agua del río pese a carecer de permiso para ello. Y es que cabras y ganado pastan libremente por la zona, lo que hace imposible asegurar la limpieza del agua. Algo que parece no importar mucho a los vecinos.
“Para ellos es crucial disponer de agua, poco importa que sea sucia”, confirma el hidrólogo James Mwangi. “Antes la gente compraba tierras cerca del río para cultivar, pero hoy no sirven. Los caudales han pasado de perennes a temporales. No puedes confiar en ellas, hay que guardar reservas y la comunidad tiene que encargarse de gestionarlas”.
Aunque el experto esté luchando para cambiar la situación de su entorno, indica que la estrategia debería implementarse a escala nacional. “Tenemos mucha agua, incluso inundaciones que lo destrozan todo, pero faltan inversiones públicas y compromiso político. La gente paga 50 céntimos por cada 1,000 litros de agua usada: es muy poco y no está incentivando la conservación”.
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Mientras Amos Ekal, miembro de la Asociación de recursos hídricos de Nanyuki, habla de los efectos del cambio climático en los alrededores de la ciudad de Nalbor, un campesino a pocos metros de distancia irriga el terreno con agua extraída del río. Admite que no paga por el servicio. Otra mujer lava la ropa directamente en el río, mientras por la carretera hay un par de camiones que recogen arena, otra actividad que a menudo se realiza de manera ilegal en la zona. Pasan un par de autos de guardias, pero nadie se para a realizar controles.
“Se hace la vista gorda, porque todos necesitan agua”, según Ekal. “No podemos decir al campesino que deje de sacar agua, porque sabemos que la necesita”.
“Quiero arreglar unos contenedores para recoger agua pluvial, pero ahora mis finanzas no me lo permiten”, revela Richard Githaiga.
Es profesor, pero también cultiva tomates, alubias y coliflores para llegar a fin de mes. Él nunca se ha inmiscuido en conflictos por el agua, pero asegura que entre sus vecinos ha habido más de un choque.
“La mitad del año no hay suficiente agua aquí. A veces vienen a vernos y se limitan a confiscarnos las pompas. No nos ayudan”.
“El problema es que no se aplica la ley contra la extracción ilegal de agua”, admite George Kimathi Kobia, director de medio ambiente, fauna y recursos naturales del Gobierno del condado de Meru. “Necesitamos estrategias e inversiones para construir diques, pero ellos también son ciudadanos y tienen derecho al agua, por eso no se aplica la ley de manera estricta”.
Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí.
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