Latinoamérica y Europa tienen un plan de acción para no llegar a un aumento de 1.5ºC
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La Unión Europea (UE) y países de América Latina han anunciado medidas para mantener la subida de la temperatura en 1.5°C con el fin de evitar el calentamiento global tras la publicación del informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
El IPCC hizo público en Incheon (Corea del Sur), el informe dirigido a países de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático que se discutirá en la vigésimo cuarta cumbre del clima (COP24) a celebrarse en Katowice (Polonia) en diciembre próximo.
Los científicos encargados del estudio advierten de que cumplir con una subida de 1.5°C, que previsiblemente se alcance entre 2030 y 2052, implica compromisos y desafíos políticos y económicos “sin precedentes”.
Para ello, el profesor en el Instituto Internacional de Economía Industrial Ambiental (IIIEE) en la Universidad de Lund, en Suecia y experto del IPCC, Luis Mundaca, señaló la importancia del desarrollo de políticas públicas y geopolíticas, entre ellas, la cooperación internacional.
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Mundaca explicó en una entrevista con Efeverde que la cooperación global debe ser puesta en marcha lo antes posible y pasa por muchos aspectos, entre ellos, alineamientos de políticas públicas de cada país con las regionales, como sucede en la UE.
Según Mundaca, el informe incluye recomendaciones sobre adaptación y mitigación y hace hincapié en el desarrollo de políticas públicas, poniendo énfasis en los dos aspectos, especialmente en zonas más vulnerables.
De especial interés para Latinoamérica, según Mundaca, el informe hace referencia a las políticas y acciones encaminadas a lograr la eficiencia energética, enfocadas en beneficios medioambientales y climáticos pero también en los económico sociales.
En ese marco, los ministros de Medio Ambiente de la UE alcanzaron en Luxemburgo un acuerdo para reducir en un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de vehículos y furgonetas hasta 2030, reducción que inicialmente será de un 15% en 2025 con respecto a las de 2021.
Asimismo, la Comisión Europea (CE) presentó esta semana una nueva estrategia sobre bioeconomía, en la que insta a todos los gobiernos miembros a desarrollar su implantación, como respuesta a desafíos como el cambio climático y el aumento de la población global.
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Para ello desarrollará un calendario estratégico y la creación de una plataforma de inversión sobre bioeconomía circular con un presupuesto de 100 millones de euros.
Sin embargo, será en noviembre próximo cuando la CE presente la estrategia a largo plazo de la Unión para la reducción de emisiones GEI, tomando en cuenta la modernización de la economía, el sector financiero y las industrias.
Mientras la XXI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de 28 países latinoamericanos y del Caribe se acordó hace unos días en Buenos Aires (Argentina) para acelerar sus políticas contra el cambio climático y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
La reunión concluyó con la Declaración de Buenos Aires en la que se fijó como prioridades para los próximos años el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad, los ecosistemas y financiación.
Los participantes insistieron en la necesidad de preservar la biodiversidad, reducir la contaminación marina, acelerar la acción climática, y transitar hacia la producción y consumo sostenibles.
Por su parte, 18 países latinoamericanos y la UE en el marco del programa Euroclima+ acordaron en Buenos Aires fomentar la financiación de proyectos contra el cambio climático.
En la reunión anual de Euroclima+, representantes de la UE y los países adheridos al programa (al que Bruselas ha destinado este año unos 80 millones de euros), revisaron el avance de los proyectos y analizaron los programas que se llevan a cabo.
Los participantes han insistido en la búsqueda de “soluciones para la financiación verde”, la importancia de la colaboración público privada en este ámbito y pasar del debate a las acciones.
La UE señaló la importancia de la cooperación con asistencia técnica y la participación de bancos de desarrollo, como el alemán KfW, que ha anunciado el lanzamiento de bonos “verdes” para América Latina.
La experta en temas de adaptación y transformación y energía renovable para Latinoamérica del IPCC, Debora Ley, por su parte, ha señalado la importancia de medidas de gobernabilidad y redireccionamiento de la financiación para luchar contra el cambio climático.
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Es necesario potenciar la financiación de medidas de adaptación con transformación, remarcó Ley a Efeverde, y ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollarlas, especialmente después de los últimos huracanes en el Caribe y Centroamérica.
Ha insistido además en la necesidad de potenciar cultivos más resistentes a los fenómenos climáticos, sin olvidar la vulnerabilidad que se produce con una subida de temperaturas más allá del 1.5°C.
Este texto apareció originalmente en EfeVerde, puedes encontrar el original aquí.
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