Comunidad indígena gana demanda para impedir exploración petrolera dentro selva amazónica

30 enero, 2020
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Traducido por Mónica Gálvez - Fuente Reuters - Foto por OrpioAidesep/Facebook

Esta es una victoria para las comunidades nativas que han luchado durante mucho tiempo contra proyectos petroleros y mineros en su tierra.

Un juez peruano dictaminó que el gobierno excluye a una región indígena de la Amazonía cerca de la frontera con Brasil de cualquier exploración y explotación petrolera, dijo un grupo legal en una victoria para las comunidades nativas que han luchado durante mucho tiempo contra proyectos petroleros y mineros en su tierra.

La decisión, anunciada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), que asesoró sobre el caso, se produjo después de que una demanda de 2017 de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Este exigiera que el gobierno y la agencia estatal de energía Perupetro suspendieran las autorizaciones para permitir el desarrollo de tres lotes de petróleo en la región de Loreto, ubicada en el norte de la Amazonía peruana.

El IDL dijo que el juez le pidió a Perú que establezca una zona de protección estricta alrededor del área.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú y Perupetro habían planeado desarrollar zonas petroleras dentro del parque nacional Sierra del Divisor, hogar de grupos indígenas que viven en aislamiento voluntario que fueron reconocidos por el gobierno en 2018 y 2019, según fuentes gubernamentales.

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Los representantes del ministerio y Perupetro no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios.

“Este fallo es histórico porque es el primero a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario contra las compañías petroleras. Casi el 98% del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario estaba por encima de tres lotes de petróleo”, dijo Maritza Quispe, abogada de IDL.

Las comunidades nativas de la Amazonía peruana y los Andes han ganado varias demandas contra el gobierno por proyectos petroleros y mineros desde la aprobación de la ley de “consulta previa” en 2011, que les da el derecho de influir en las decisiones oficiales que podrían afectar a sus comunidades, según documentos judiciales.

Este texto apareció originalmente en Reuters, puedes ver el original en inglés aquí.