La Corte Constitucional de Ecuador negó por segunda ocasión un pedido de consulta popular para prohibir la actividad de minería metálica en la provincia del Azuay, donde se desarrollan proyectos clave para el país, pero los activistas insistirán en sus demandas.
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quería consultar a la población de su jurisdicción sobre la minería en la zona, rica en oro y cobre y sobre la “caducidad” de las concesiones que fueron otorgadas por el Estado con anterioridad, argumentando que la actividad afecta a las fuentes de agua y el ambiente.
“La Corte Constitucional, con 6 votos a favor, declaró que la propuesta de consulta popular presentada por el señor Yaku Pérez no cumple con los parámetros de control formal y material previsto en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”, dijo la entidad la noche en un comunicado.
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La Corte Constitucional negó en septiembre un primer pedido de Pérez sobre el mismo tema y ha archivado demandas similares en otras zonas mineras del país.
Pérez y grupos de activistas han señalado que defenderán las reservas de agua y el ambiente de la minería a gran escala, mientras que empresarios del sector han pedido seguridad jurídica para poder desarrollar el potencial minero del país.
“Increíble entender, una iniciativa genuinamente democrática de consulta popular pueda ser bloqueada por el imperio minero que deja herida a la democracia”, dijo Pérez en sus redes sociales. “La lucha no es de velocidad, es de resistencia. Se vienen acciones a nivel nacional e internacional”, agregó.
En la provincia del Azuay se ubican los proyectos Loma Larga operado por la canadiense INV Metals, y Río Blanco, en manos del grupo chino integrado por Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group. Además de pequeña minería y minería artesanal.
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El Ministerio de Energía dijo en un comunicado que “el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de promover una minería responsable, normada y controlada en todo el territorio ecuatoriano”.
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