La escasez de lluvias ha provocado un colapso en los sistemas de riego, miles de personas han tenido que ser abastecidas de agua a través de camiones aljibes y decenas de miles de animales han muerto.
Es en este contexto que, en medio del estallido social de fines del año pasado, surgió un cuestionamiento a la propiedad de un recurso que nunca antes había sido tan escaso como ahora.
Quiénes son realmente los dueños del agua en Chile, es una pregunta que por décadas no estuvo sobre la mesa y que ahora, en medio de la sequía y la pandemia de coronavirus, es uno de los temas que se debaten de cara al plebiscito que se llevará a cabo hacia fines de este año, donde los chilenos votarán a favor o en contra de crear una nueva Constitución.
Quienes están a favor de una nueva Constitución proponen, entre otras cosas, que ésta debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público. Pero la postura del gobierno de Sebastián Piñera es que, como el Código de Aguas establece que se trata de un recurso público, no es necesario modificar la Carta Magna.
Las autoras del libro “El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca”, Tania Tamayo y Alejandra Carmona, advierten que hay grupos económicos en zonas rurales que, como tienen la propiedad del agua, han aprovechado el recurso, perjudicando a sectores vulnerables.
Citan como ejemplo el negocio de las plantaciones de aguacate en la región de Valparaíso que, al ser intensivas en el uso del agua, han provocado escasez del recurso para el consumo humano. Pero además de la agroindustria, también mencionan los casos de empresas mineras y forestales en distintas partes del país cuya actividad comercial ha reducido el agua disponible en comunidades aledañas.
La razón detrás del fenómeno, argumentan, es que Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso. Explican que cuando se creó el Código de Aguas durante el régimen militar de Augusto Pinochet, en 1981, una gran cantidad de particulares inscribieron a su nombre y de manera gratuita los derechos para utilizar el recurso a perpetuidad.
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Desde aquel entonces, “los derechos de agua se separan de la tierra y comienzan a venderse”, explica Tania Tamayo en diálogo con BBC Mundo.
Pero además la propia Constitución del país (en el artículo 19, Nº 24) establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos”.
Así, tanto en el Código de Aguas como en la Constitución, quedó garantizada la propiedad privada del recurso en su fuente de origen.
“En Chile los derechos de agua han dado pie a un negocio muy rentable “, dice Alejandra Carmona, coautora del libro.
“Hay que distinguir entre el agua y los derechos para su aprovechamiento”, le dice a BBC Mundo Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas del gobierno, a través de un correo electrónico.
La legislación chilena, explica, siempre ha considerado el agua como un bien nacional de uso público, tal como lo establece el Código de Aguas y el Código Civil.
“Todos los habitantes de Chile pueden acceder al agua para su uso recreacional o consumo para sus necesidades básicas, sin necesitar autorización alguna. De hecho, cualquier persona puede construir un pozo en suelo propio para satisfacer sus necesidades domésticas”, apunta Moreno.
Pero si las aguas se utilizan para fines productivos o comerciales, agrega, es necesario tener un título.
“El titular no sólo puede utilizar las aguas, sino que también puede dar el título en garantía para financiar un proyecto o heredarlo a sus sucesores”, apunta el ministro.
La falta de agua en el país, explica Moreno, no es un tema relacionado con los títulos de propiedad.
“El problema real se debe a causas naturales (cambio climático y sequía) y a la falta de información y deficiencias en la gestión de los recursos hídricos”. Por lo tanto, dice, la eliminación de los títulos “no añadiría una gota a la disponibilidad de agua”.
El sistema chileno en relación a la propiedad del agua es muy particular.
“Chile es el único país de América Latina que tiene un esquema de transacción de derechos de agua, donde se pueden comprar y vender”, le dice a BBC Mundo Sergio Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
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Lo común es que los países le entreguen la gestión del agua y el saneamiento a empresas privadas, pero eso no tiene relación con la propiedad de la fuente del recurso.
“Los recursos naturales le pertenecen a las naciones. Los derechos de agua son inalienables. Otro tema es que la prestación de los servicios de agua puede ser pública o privada”.
Y en esa área, explica Campos, “el privado puede ser tan eficiente o ineficiente como el sistema público. Lo ideal es que ambos sistemas puedan desarrollarse”. En Chile, por ejemplo, “la mayor parte de los prestadores de agua y saneamiento son privados, con índices de eficiencia muy buenos. Pero también hay empresas públicas que funcionan bien. En esto no hay una receta”, apunta Campos.
Latinoamérica, agrega, es una región privilegiada porque tiene mucha agua. Y aunque el cambio climático le ha afectado duramente, “la palabra sequía no debería ser sinónimo de escasez de agua”.
“El problema es que nuestra infraestructura es obsoleta, no es adecuada para gestionar el impacto de los efectos climáticos”, apunta el experto.
Campos dice que los países pueden avanzar en la solución de los problemas hídricos siempre que se definan políticas de largo plazo y que no dependan de los cambios de autoridades nacionales o municipales. Y en ese proceso está Chile, discutiendo cómo enfrentar una megasequía que ha puesto bajo cuestionamiento el tema de la propiedad de un recurso cada vez más escaso.
Este texto apareció originalmente en BBC, puedes ver el original aquí.
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