La ruptura de tres tuberías de petróleo y derivados contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo y afectó, según estimaciones de Amazon Frontlines, a 118,617 personas.
Las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana se mantienen en alarma por el coronavirus. No existen cifras oficiales de cuántos ciudadanos pertenecientes a estos pueblos están contagiados o fallecieron debido a la pandemia, puesto que el gobierno no ha desagregado los datos.
Pero, aparte de las afectaciones por el coronavirus, los pueblos originarios de esta parte de Ecuador enfrentan “una triple pandemia”, señala Tapia.
“No solo la pandemia que vivimos por el covid-19, sino que también todo el proceso de las inundaciones que tuvimos en el mes de marzo y que todavía continúan en el mes de mayo, que fueron inundaciones igual históricas, que no se habían visto en las últimas décadas”, nombró el dirigente indígena como otra afectación.
Además, habló de los derrames petroleros que han tenido también que sufrir en la Amazonía norte y las propias condiciones de marginación histórica de desatención, sobre todo en temas de servicios de salud.
El pasado 7 de abril, ocurrió el rompimiento de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan el petróleo y derivados desde la Amazonía a Esmeraldas, provincia de la Costa, al otro lado del país.
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La ruptura ocurrió en la localidad de San Rafael, en el límite de las provincias Sucumbíos y Napo del país sudamericano, debido a un hundimiento de tierra.
Esto originó un derrame petrolero, que contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo y afectó, según estimaciones de Amazon Frontlines, a 118,617 personas, pertenecientes a 22 parroquias rurales de ocho cantones que lindan con las riberas de estos afluentes en las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.
“Los cantones y parroquias afectadas por el derrame son históricamente zonas de explotación petrolera; sin embargo, esta región amazónica se caracteriza por ser una las más desiguales del país, reportando los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas”, señala un informe de esa organización.
De esas casi 120,000 personas afectadas, 35,000 vivirían en entornos rurales y tenían una relación mucho más cercana con el río, para actividades diarias y de supervivencia; y, de esa cifra, 27,000 corresponden a hombres y mujeres indígenas, de la nacionalidad kichwa, fundamentalmente, detalla, en entrevista con RT, Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos y coordinadora legal de Amazon Frontlines.
“Hay alrededor de 105 comunidades kichwas identificadas como afectadas de manera directa por el derrame”, indica, la mayoría de ellas en Orellana. En 61 de esos poblados, varias personas han tenido diversos padecimientos de salud, algunos de ellos de carácter dérmico, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, por su contacto continuo con el agua.
“Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) manifiestan que las víctimas del derrame enfrentan la peor catástrofe, los habitantes tienen erupciones cutáneas y malestares que interrumpen, incluso, el sueño y no han sido atendidos. Ni OCP ni Petroecuador han establecido un plan de salud”, reclama la organización.
Las víctimas del #DerrameSOSAmazonía enfrentan la peor catástrofe, pero ni @OCPEcuador ni @EPPETROECUADOR han establecido un plan de salud. Erupciones cutáneas y malestares que interrumpen incluso el sueño NO han sido atendidos #MedidasCautelaresYa @GOYESDIEGO @DDHH_Ec @Salud_Ec pic.twitter.com/koOttTt5FQ
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 15, 2020
Espinosa explica que la gente mantiene el contacto con los ríos “por actividades de aseo personal, de lavado de la ropa, de recreación y porque algunos tienen que seguir saliendo a faenas de pesca, porque de ahí depende su supervivencia alimentaria”.
A #RenéOrtiz no le interesa que las comunidades NO tengan AGUA SEGURA y que niñas, niños y adolescentes presenten afecciones en la piel y problemas estomacales asociados al uso de agua contaminada #DerrameSOSAmazonía #MedidasCautelaresYa pic.twitter.com/8AbOh5wUIS
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 18, 2020
La activista comenta que, para subsanar la situación, las autoridades han dejado en manos de las petroleras involucradas la respuesta a este asunto. En el caso del SOTE y el poliducto, de la estatal Petroecuador; y el OCP, un consorcio de petroleras privadas.
“La respuesta fundamentalmente ha sido entregar algunos litros de agua en algunas comunidades, entregar algunos kits de alimentos en algunas comunidades también y, en ambos casos, no existe una periodicidad de la entrega, por lo cual no hay un cubrimiento de las necesidades que tienen esas comunidades”, enfatiza.
También, dice, se han empezado actividades que ellos han denominado “de remediación” que “son solo de limpieza”. Para estas labores se ha empleado mano de obra local, pero las organizaciones de derechos humanos desconocen cuál ha sido la situación de contratación de ese personal.
“Entonces, consideramos que, en efecto, no hay una respuesta adecuada por parte del Estado ni por parte de las empresas y que la misma no está constituyendo una reparación integral a todos los derechos de las comunidades que resultan afectadas por el derrame”, añadió.
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Aunque los tubos ya fueron reparados, la situación de emergencia y riesgo persiste, porque la contaminación está presente y porque, además, dice Espinosa que hay varios reportes técnicos que indican que la zona es muy inestable, con una actividad sísmica importante, propensa a deslaves, por lo que podría haber accidentes futuros.
Desde Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por este hecho y pidieron al Estado ecuatoriano guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos en su respuesta a la emergencia causada por el derrame de petróleo y asegurarse que las personas y comunidades afectadas estén seguras y proveerles de la asistencia humanitaria requerida, con su participación, en todas las etapas de la emergencia. También, solicitaron que se garantice el debido proceso en la acción legal iniciada por los afectados.
“Además, este tema del derrame coincide con una época invernal y con un registro muy alto de pluviosidad que hace años no se tenía en la zona”, destaca la coordinadora legal de Amazon Frontlines.
En marzo pasado, dos semanas antes del derrame y justo cuando comenzó el confinamiento en todo el país, por la pandemia del coronavirus, fuertes lluvias generaron inundaciones y arrasaron con casas, cultivos y puentes de comunidades indígenas.
En la región Amazónica se desbordaron los ríos Bobonaza, Pastaza, Wapuno y Arajuno y ocasionaron inundaciones en las comunidades de Chapetón, Pakayaku, Sarayaku, Molino, Teresa Mama y Juan Montalvo.
Uno de los pueblos más afectados fue el pueblo kichwa Sarayaku, que quedó bajo el agua en tres oportunidades. Más adelante, hubo una crecida del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos, que ocasionó que la comunidad Ai’Kofan Sinangoe quedara incomunicada.
Este texto apareció originalmente en RT, puedes ver el original aquí.
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