En la recta final hacia el Premio Sájarov, el asesinato de uno de los finalistas que defienden el río Guapinol evidencia la vulnerabilidad de los ambientalistas en Honduras.
La edición 2020 del prestigioso galardón del Parlamento Europeo va un poco más allá y viene manchada de sangre: si se ha secado ya la de la Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque asesinada en 2016, la de Arnold Joaquín Morazán, uno de los 32 acusados por defender el río Guapinol, está muy fresca.
A semejanza del caso de Cáceres, Morazán, pequeño agricultor y miembro de una iglesia evangélica, fue asesinado a tiros en su casa. Es el segundo que muere de los 32 acusados por protestar, entre agosto y octubre de 2018, contra una concesión minera en el Parque Natural Carlos Escaleras.
“La comunidad está cercada por militares armados y hay mucha tensión”, explica a DW Leonel George, defensor de derechos humanos de Tocoa, ciudad cercana a Guapinol. “Que haya un grupo armado pagado por la empresa que intimida a los miembros del comité y a sus familiares infunde mucho temor”, subraya.
“Es sumamente preocupante la situación de los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras”, explica a DW Manon Cabaup, especialista de la Federación Internacional de Derechos Humanos. “Hay un verdadero aumento de la represión y el asesinato de Arnold Joaquín Morazán (y que el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres no haya ido aún a juicio), lo ejemplifica: su criminalización y la impunidad son las dos caras de la misma moneda”, subraya.
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La base del problema son los megaproyectos mineros, como en el caso del río Guapinol, o hidroeléctricos, como en el caso del río Gualcarque: se llevan a cabo sin consulta previa, violan derechos territoriales o ambientales, afectan a las poblaciones. Éstas protestan. Son acusadas de terrorismo.
La noticia del asesinato de Morazán llegó a Bruselas en la recta final del Premio Sájarov. “El finalista al Premio Sájarov 2020, Arnold Joaquín Morazán Erazo, que se oponía a una mina de óxido de hierro en Honduras, ha sido asesinado. Llamo a que se haga una investigación inmediata e independiente, los responsables deben rendir cuentas. Nadie debe ser perseguido por sus ideas”, tuiteó David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.
También desde la delegación de la Unión Europea en el país centroamericano se emitieron tuits condenando este nuevo asesinato y reclamando el debido proceso, tanto para los del Guapinol como para Berta Cáceres.
“No es suficiente”, comenta a DW Miguel Urbán, eurodiputado del bloque de la Izquierda Unitaria, uno de los dos grupos que postularon a los ambientalistas. “Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender y proteger el medio ambiente y esto no va a cambiar a base de tuits”, agrega, recordando que el Parlamento Europeo tiene un compromiso particular con todos los finalistas al Premio Sájarov.
Hoy, 8 padres, hijos, hermanos, abuelos, esposos cumplen 14+ meses de cárcel ilegal y injusto por defender el río Guapinol.
Hace 2+ semanas, solicitamos una audiencia de revisión de medidas.
EL PODER JUDICIAL SE NIEGA A CONCEDERLA.#LibertadParaGuapinol pic.twitter.com/uScLIGciYH
— Libertad para los defensores de Guapinol (@guapinolre) November 1, 2020
“Si no estuviésemos en tiempos de pandemia, los tres finalistas al Premio Sájarov estarían en este momento en Estrasburgo”, dice a DW por su parte Tilly Metz, presidenta de la delegación para las relaciones con los países de América Central.
Se da por hecho que la visibilidad que adquieren los defensores de la libertad de conciencia que entran a la Red Sájarov los protege y apoya. ¿Es así? “Sí”, subraya Metz. “De lo contrario, en un país con una tasa tan alta de impunidad, pasarían desapercibidos”, agrega, recordando que hay ocho miembros del movimiento que están en prisión desde hace un año.
“Sabemos que la intención de encarcelarnos es alta. Este último asesinato significa que vienen más acciones de violencia. El riesgo para nosotros ha aumentado”, subraya Leonel George.
En esta situación, “esta nominación sí es un importante llamado de atención de parte de la comunidad internacional que reconoce el trabajo en la defensa de los bienes naturales y exige que el Estado de Honduras cese la persecución contra quienes los protegen”, comenta Urbán. No obstante, concluye, “para que algo cambie se debería impedir que en Europa se comercialice el óxido de hierro extraído de la zona de Guapinol”.
Este texto apareció originalmente en DW, puedes ver el original aquí.
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