Colombia reconoce gobiernos autónomos para pueblos indígenas en Amazonía
Colombia formalizó esta semana la creación de entidades territoriales indígenas en varias zonas de la Amazonía, convirtiéndose en líder regional en materia de derechos indígenas y protección de los bosques. La decisión otorga a los pueblos indígenas no solo títulos de propiedad, sino también autoridad para autogobernarse, con presupuestos públicos y capacidad administrativa.
Activistas celebran que esta medida, impulsada desde 2018, ahora cuente con un marco legal que permite a los cabildos indígenas operar como gobiernos locales oficiales.
“Esto pone a Colombia a la cabeza en el reconocimiento de los derechos indígenas, no solo sobre la tierra, sino sobre la identidad, la autonomía y la capacidad de decidir sobre su propio desarrollo”, afirmó Mayu Velasco Anderson, directora del programa para Perú y Colombia de la organización noruega Rainforest Foundation.
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Patricia Suárez, lideresa indígena y asesora de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), calificó el decreto presidencial como un hecho histórico.
“Llevamos más de 30 años buscando el reconocimiento de nuestra autonomía y autodeterminación como Entidades Territoriales Indígenas”, señaló. “Este avance es un hito en la consolidación de los derechos de los Pueblos Indígenas como gobiernos autónomos”.
A diferencia de Colombia, otros países latinoamericanos otorgan habitualmente títulos de propiedad sin reconocer la autoridad de los pueblos sobre sus territorios. En Brasil, por ejemplo, muchos territorios indígenas se superponen con varios municipios, lo que obliga a las comunidades a operar dentro de sistemas públicos ajenos a su gobernanza tradicional.
“Incluso las tierras indígenas demarcadas y regularizadas en Brasil están sujetas a los límites administrativos de estados y municipios, y las comunidades dependen de estos gobiernos para acceder a políticas públicas”, explicó Inés Luna Maira, responsable de alianzas institucionales en Rainforest Foundation Norway. “Tienen que enfrentarse a una red fragmentada de sistemas públicos y autoridades electas que no reflejan la gobernanza indígena”.
Surinam, otro país amazónico con importantes comunidades indígenas y cimarronas, es uno de los que más rezagado está en este tema.

Con el nuevo marco legal, Colombia otorga a los pueblos indígenas autoridad directa sobre sus territorios, lo que permite una gobernanza más eficiente y refuerza la protección de los bosques tropicales, clave en la lucha contra el cambio climático.
Desde Perú, organizaciones ambientalistas también saludaron la medida colombiana, aunque con preocupación por el rumbo contrario que, afirman, ha tomado su país.
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“Celebramos esta victoria de los Pueblos Indígenas de Colombia”, dijo Julia Urrunaga, directora de programas en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental. “Lamentablemente, el gobierno peruano ha ido en dirección opuesta, aprobando leyes que afectan los derechos indígenas sin consulta previa, lo cual va en contra de la propia constitución del país”.
Urrunaga mencionó la llamada “Ley Antibosques” —criticada por organizaciones ambientales por legalizar la deforestación en territorios indígenas— y la promoción estatal de cultivos de palma aceitera en zonas de selva amazónica.
“Los pueblos indígenas del Perú aún luchan por el reconocimiento de sus territorios ancestrales”, agregó. “Y, aun cuando lo obtienen, no reciben el respaldo que merecen por parte del Estado para proteger sus tierras y bosques en beneficio de toda la humanidad”.
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