Quince países de América Latina y el Caribe firmaron y ratificaron en la sede de Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, el primer tratado vinculante en política ambiental de la región, que contiene disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, señaló en una rueda de prensa que se abrió un proceso de dos años para que el resto de los 33 países de la región se adhieran.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo pasado en Escazú (Costa Rica) y para entrar en vigor necesitaba la ratificación de once Estados.
Con cada nueva ratificación, o firma, en el caso de los países caribeños, el acuerdo se convierte en ley nacional, lo que supondrá desafíos en cuanto al acceso a la información para algunas instituciones, ya que se podría impugnar y recurrir la no entrega de datos.
Además, Bárcena destacó del tratado que protege la actividad de los ambientalistas y prevé acciones para “prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones a estos defensores de los derechos humanos”.
La vicepresidenta y ministra de Exteriores costarricense, Epsy Campbell, expresó que el acuerdo era “necesario” porque las partes “se han apresurado a firmarlo” y emplazó a hacerlo en el menor tiempo posible a los demás Estados.
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La secretaria ejecutiva de la CEPAL, comisión que ejercerá como secretaria del proceso, indicó que los Gobiernos podrán llamar a entregar información al sector privado pero la idea es que los poderes legislativo y judicial avancen en garantizar el acceso a los datos para la sociedad civil.
Señaló que las poblaciones afectadas por obras e inversiones, a menudo indígenas, se han quedado muchas veces “solas” en la negociación frente a empresas y que no deben “ser las únicas responsables de lidiar” con problemas que principalmente corresponden al sector privado y al Estado.
En ese sentido, el acuerdo permitirá establecer “consultas previas informadas”, como promueve la ONU, porque “nadie está en contra del desarrollo sostenible” pero hay que “proteger la integridad de los ecosistemas y la salud y el bienestar de las personas”, incluidos los que ejercen la abogacía, dijo.
Según informó Amnistía Internacional, los países firmantes son Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay, República Dominicana, Haití y Paraguay.
Este texto apareció originalmente en EfeVerde, puedes encontrar el original aquí.
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