La administración del presidente estadounidense Donald Trump comentó que renunciaría temporalmente a una ley de puertos para Puerto Rico, la cual dijeron que estaba obstaculizando los esfuerzos de socorro después del huracán María.
La renuncia a la ley, conocida como la Ley Jones, se presenta mientras las autoridades federales y locales informan de más suministros que entran en la isla cada vez más desesperada. Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la decisión diciendo que el presidente Trump la había autorizado después de una solicitud del gobernador Ricardo A. Rosselló de Puerto Rico.
“Es un acto de justicia. Permitirá a los puertorriqueños reconstruir y tener un costo de vida que realmente sea asequible “, dijo Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan.
Varios miembros del Congreso habían pedido la renuncia a principios de la semana, diciendo que facilitaría la entrega de alimentos, medicinas, ropa y otros suministros a la isla. La decisión fue tomada por Elaine Duke, jefa interina de Homeland Security, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, determinara que hacerlo sería en interés de la defensa nacional, de acuerdo con un portavoz de Homeland Security. La renuncia estará vigente durante 10 días.
A continuación encontrarás una guía breve de la ley y por qué Puerto Rico quería que se renunciara a ella, y qué postura tiene el esfuerzo de socorro en caso de desastre.
El gobernador Rosselló y funcionarios federales dijeron que más combustible, comida y vuelos estaban comenzando a llegar a la isla. Personas cada vez más desesperadas han pasado horas alineándose fuera de las tiendas de comestibles, bancos y gasolineras, sólo para salir a veces sin nada.
En medio de la escasez generalizada de las necesidades básicas, Rosselló y funcionarios federales dijeron que estaban estableciendo 11 centros regionales para distribuir ayuda a las ciudades devastadas. Un reto principal ha sido repartir los suministros de los puertos a las personas que necesitan alimentos y agua.
El gobernador Rosselló dijo que 689 de las 1,100 gasolineras de Puerto Rico estaban abiertas, pero las colas en aún son muy extensas y la gente pasa días enteros llenando algunos recipientes de plástico con combustible para sus automóviles o generadores. Rosselló dijo que llegarían más camiones con gasolina y otros suministros.
La Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como la Ley Jones, requiere que las mercancías despachadas entre puntos en los Estados Unidos, sean transportadas por buques construidos, propios y (en su mayoría) operados por estadounidenses.
Sus objetivos eran dos. En primer lugar, se pretendía apoyar una industria marítima nacional que pudiera movilizarse para la guerra o para una emergencia nacional. En segundo lugar, se pretendía proteger el control estadounidense sobre el comercio local de agua.
Aquellos que se oponen al acto han incluido durante mucho tiempo a funcionarios y aliados de Hawái, Alaska y Puerto Rico, quienes dicen que la ley aumenta los costos de envío de mercancías desde el país, que luego se pasan a los consumidores. Sus partidarios incluyen a los grupos pro-defensa y miembros de la industria nacional de transporte marítimo cuyos intereses protege.
En una carta al jefe del Departamento de Seguridad Nacional, ocho miembros del Congreso solicitaron una renuncia temporal a la ley, argumentando que se ampliaría el acceso a alimentos, medicinas, ropa, materiales de construcción y petróleo necesarios para las centrales eléctricas.
“Puerto Rico no puede pedir prestado fondos y se les exige que utilicen solamente envíos estadounidenses, que es el más caro del mundo. En este momento de necesidad, Washington puede ayudar suspendiendo la Ley Jones”, dijo uno de los signatarios de la carta, el diputado Luis V. Gutiérrez, demócrata de Illinois.
Un día después, el senador John McCain, republicano de Arizona, expresó su apoyo al esfuerzo.
“Es inaceptable forzar al pueblo de Puerto Rico a pagar al menos el doble por comida, agua potable, suministros e infraestructura debido a los requerimientos de la Ley Jones ya que trabajan para recuperarse de este desastre”, dijo.
Las exenciones o suspensiones son emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional, normalmente a petición de los transportistas que no pueden encontrar buques de los Estados Unidos para trasladar su carga o a petición de otras agencias federales.
Una renuncia sólo puede concederse si es en interés de la defensa nacional y sólo si hay suficientes barcos estadounidenses disponibles para satisfacer las necesidades de defensa nacional. Los gastos de envío o las necesidades humanitarias no son parte de la consideración, dijeron funcionarios.
Alternativamente, una solicitud en interés de la seguridad nacional puede concederse automáticamente si procede del secretario de defensa.
Se renunció a ella recientemente, hace semanas, en respuesta a los huracanes Harvey e Irma. El 8 de septiembre, Elaine Duke concedió una exención temporal a petición de los departamentos de Defensa y Energía.
Esa decisión, dijo ella, facilitaría el envío de productos petrolíferos, incluyendo gas, diésel y combustible para aviones, desde Nueva York, Luisiana, Pensilvania y Texas hasta Georgia, Florida, Carolina del Sur y Puerto Rico. La renuncia de una semana se extendió finalmente hasta el 22 de septiembre.
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Este texto apareció originalmente en The New York Times, puedes encontrar el original en inglés aquí.
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