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Los países deberían demandar a las compañías de cemento, gas, carbón y petróleo más grandes del mundo por los daños resultantes del cambio climático, dijo el célebre científico del clima James Hansen.
Hansen, un ex científico de la NASA que advirtió al Congreso sobre los peligros del cambio climático en 1988, dijo que el calentamiento global de 2°C, o incluso 1.5°C, es peligroso, con un aumento del nivel del mar de al menos 3 metros en tan solo 50 años . Eso pondría a ciudades costeras como Nueva York (Estados Unidos) bajo el agua. Él cree que los principales impactos del cambio climático están ocurriendo más rápido de lo que se informa, incluso en los informes científicos más recientes, incluido el Informe Especial de Ciencia del Clima del gobierno de EE. UU.
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Se necesita urgentemente una enorme cantidad de dinero para recortar drásticamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2), eliminar el CO2 existente de la atmósfera y para que los países hagan frente a los impactos del cambio climático, sostiene Hansen. Y ese dinero debería provenir de las compañías que más se beneficiaron de la quema de combustibles fósiles.
Las compañías que podrían ser demandadas son conocidas como las “grandes del carbono”, dijo Hansen. Estas son las 100 compañías que han sido la fuente de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo desde 1988. ExxonMobil, Shell, BP y Chevron figuran entre ellas.
“El sistema judicial es la única forma de obtener los fondos necesarios para enfrentar el cambio climático”, señaló Hansen. “La legislación no funcionará porque es ahí donde los grupos de presión dominan”.
Esta acción legal es comparable a las demandas exitosas de la industria tabacalera que resultaron en miles de millones de dólares en acuerdos, agrega.
De hecho, las demandas climáticas ya están sucediendo. El año pasado, un organismo del gobierno filipino llamado la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, acusó a 47 compañías de violaciones a los derechos humanos debido a su papel en el cambio climático. Tres comunidades costeras de California demandaron a 31 compañías de combustibles fósiles en julio. En octubre, cuatro municipalidades en la costa oeste de Canadá pidieron a Chevron, Exxon, Shell y otros que paguen su parte de los costos climáticos que enfrentan esas comunidades. Ahora existe incluso un movimiento incipiente llamado Ley Climática en Nuestras Manos que ayuda a las comunidades a perseguir a estas compañías que emiten carbono.
Los gobiernos también están siendo demandados. Un grupo de ciudadanos holandeses ganó la primera demanda climática contra un gobierno en 2015. Los tribunales acordaron que el gobierno de Holanda no estaba haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos y tomaron la decisión de aumentar el objetivo anual de reducción de emisiones de CO2 del país del 17% al 25% para 2020, en comparación con los niveles de 1990. A modo de comparación, las emisiones anuales de 2015 de Estados Unidos (las más recientes disponibles) son 4% más altas que en 1990.
Hansen está involucrado en una demanda de 2015 contra el gobierno federal de los EE. UU., presentada por 21 niños menores de 21 años, incluida su propia nieta. El caso argumenta que el fracaso del gobierno para frenar las emisiones de CO2 ha violado los derechos constitucionales de la generación más joven a la vida, la libertad y la propiedad. Un juicio se llevará a cabo el 5 de febrero de 2018 en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Oregón.
Otro grupo de jóvenes acaba de presentar una demanda contra el gobernador Bill Walker de Alaska, alegando que “el estado está violando sus derechos constitucionales al poner la producción de combustibles fósiles por encima de la seguridad de sus vidas”.
¿Podría Puerto Rico demandar a varias compañías por los miles de millones en daños causados por el huracán María? Los expertos legales dicen que esta es una pregunta difícil.
“Es necesario establecer una relación suficientemente directa entre un acto u omisión por parte de la entidad demandada y un impacto significativo”, dijo Jorge Vinuales, profesor de Derecho y Política Ambiental de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).
Sin embargo, en este sentido, algunos casos están apareciendo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dijo Vinuales, quien dijo que aún no podía proporcionar más detalles porque no son públicos. Para las pequeñas islas de baja altitud, cuya existencia se ve amenazada por el aumento del nivel del mar, un mejor enfoque podría ser presentar una demanda contra algunos de los mayores contaminadores ante la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, agregó.
Un grupo de ciudadanos también podría tratar de demandar a las principales empresas de carbono mediante un litigio transnacional de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, darle este enfoque puede resultar algo difícil por el hecho de que la delegación climática de los EE. UU. se aseguró de que el Acuerdo de París incluyera un párrafo que reduce el riesgo de litigio.
Durante mucho tiempo se ha reconocido que se necesitan grandes cantidades de fondos para ayudar a las naciones más pobres a hacerle frente a los impactos del cambio climático y aumentar la energía más limpia. En 2009, Estados Unidos y otras naciones desarrolladas acordaron intensificar el apoyo financiero para las naciones en desarrollo a $100 mil millones anuales para 2020. En 2015, el año más reciente disponible, este apoyo se estimó entre $17 mil millones y $20 mil millones, según Oxfam Internacional.
En comparación, un informe reciente estima que el clima extremo, empeorado por el cambio climático, y los impactos en la salud por la quema de combustibles fósiles le cuestan a la economía estadounidense al menos $240 mil millones al año en los últimos diez años.
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Para proteger a las naciones insulares de baja altitud y las costas globales, el calentamiento global debe ser menor a 1°C. Eso significa eliminar al menos 100 gigatoneladas de CO2 de la atmósfera a través de la forestación y los cambios en el manejo de la tierra, dijo Hansen. Solo eso costará al menos un billón de dólares.
Las demandas contra los gobiernos y las compañías emisoras de carbono podrían reforzar lo que Hansen y muchos activistas climáticos han abogado durante mucho tiempo: una tarifa de carbono o un sistema tarifario sobre los combustibles fósiles para aumentar sus costos y proporcionar financiamiento.
“Mientras permitamos que los combustibles fósiles sean energía barata, y no se les exija pagar sus costos a la sociedad, no podremos ponerle fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles”, comentó.
Este texto apareció originalmente en National Geographic, puedes encontrar el original en inglés aquí.
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