Adaptar las sociedades al cambio climático debe ser una prioridad para los gobiernos latinoamericanos. Al menos así lo señala el primer informe que presentará el Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el marco de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, que se celebra en La Antigua, Guatemala.
Una inversión de entre el 16% y el 25% del total del dinero que pierde la región a causa del calentamiento global, estimado entre $17,000 y 27,000 millones anuales, podría evitar la millonaria merma. El desafío radica, según la publicación, en un compromiso político que asegure “una inteligente y coherente canalización de los recursos públicos y privados”.
Invertir para adaptarse a los inevitables efectos del cambio climático. Ese es el mensaje del organismo, con sede en La Rábida (Huelva, España), a los gobiernos de Iberoamérica (América Latina, más España y Portugal). Debido al incremento de las condiciones climáticas adversas, la región ha perdido más de $80,000 millones entre 1970 y 2008, según estima el ente. Más de la mitad de esas pérdidas fueron causadas por climas extremos, como tormentas o sequías, en un continente donde la agricultura representa el 5% del PBI regional.
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La solución para evitar ese déficit está en invertir significativamente en infraestructuras que apunten a lograr sociedades resilientes y economías sostenibles, según reporta el organismo. Contra la resistencia de los gobiernos a destinar fondos advierte:
“A pesar de que resulta más complicado movilizar inversiones en adaptación, estas se recuperan con creces con los costes de los impactos evitados”.
Una responsabilidad política que debe dar respuesta a la preocupación social. Según el Observatorio, la comunidad latinoamericana es una de las más conscientes de la necesidad de combatir el cambio climático, pues más del 70% de los habitantes de la región lo entiende como un asunto prioritario.
Uno de los objetivos al que deben apuntar los países latinoamericanos es el correcto abastecimiento de agua a todos los sectores sociales. Unos 106 millones de personas aún no disponen de un saneamiento adecuado. A ese número se le suman entre 12 y 81 millones de habitantes más que, según calcula la organización, sufrirán de escasez en 2020 a causa del cambio climático.
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A pesar de que el nivel de acceso al servicio ha aumentado en Iberoamérica en un 50% durante los últimos años, la disminución de agua dulce disponible y el incremento de la población podrían suponer un riesgo en las próximas décadas.
“Los costos de la mala gestión del agua en algunos países representan hasta un 1% del PIB, mientras que una inversión de tan solo el 0.3% del PIB regional puede cerrar las brechas existentes en materia de servicios de agua y saneamiento”, señala el Observatorio. Ante esto aconsejan llevar a cabo políticas estatales a mediano y largo plazo que se ajusten a las realidades y necesidades de cada país.
Otra de las metas que propone el informe es la reducción de las emisiones de carbono, algo que de no atenderse podría traer complicaciones, como el incremento en las temperaturas de hasta siete grados o el aumento del nivel del mar con sus consecuentes inundaciones. El reto está en disminuir los gases de efecto invernadero producidos por el mal uso de la tierra en la agricultura y el transporte, cuyos niveles representan el 47% y el 36%, respectivamente.
El informe sugiere a los gobiernos la implementación de medidas enfocadas a la restauración y reforestación de los suelos y bosques, en el primer caso, y disposiciones fiscales, como impuestos a los combustibles o exenciones para transportes públicos o vehículos eléctricos, en el segundo.
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A pesar de la poca visibilidad que el ámbito político le ha dado a este tema en la región, el informe alerta sobre las drásticas repercusiones económicas que traen las altas emisiones de carbono.
“Según el Banco Mundial, solo las pérdidas de bienestar por la contaminación del aire con partículas finas representan un 1.5% del PIB en América Latina, y hasta un 4.8% en Europa”, explica el reporte.
El tercer gran desafío que plantea el informe es la adopción de “medidas urgentes” para un correcto manejo de la basura. En este sentido, el documento destaca la labor de España, Portugal y Andorra donde el reciclaje alcanza el 30%; mientras que en América Latina varía entre el 1% y el 16%.
“El aprovechamiento de los residuos orgánicos ofrece beneficios ambientales y socioeconómicos al permitir reducir emisiones y al mismo tiempo producir fertilizantes naturales y energía. Este potencial es especialmente relevante en los países latinoamericanos, donde la parte orgánica de los residuos es considerablemente más alta, entre un 50% y un 70% del total”, señala el Observatorio.
Los países de la región tienen, mayoritariamente, modelos energéticos más limpios que otras partes del mundo. Costa Rica, Uruguay, España y Portugal son pioneros en transición energética y referentes en desarrollo de renovables, según afirma el reporte.
“Ya hay muchas ciudades latinoamericanas que están siendo líderes del cambio a través de políticas de generación renovable, eficiencia en edificios e innovación ecológica”, destaca.
A pesar del buen desempeño en este sector, el Observatorio subraya la necesidad de seguir invirtiendo en el área ante el escenario futuro de complicaciones que podría traer el cambio climático. “El ritmo tiene que acelerarse”, apunta. Y no solo en energías renovables. La inversión va a ayudar fundamentalmente, asegura el informe, a aquellos que menos tengan.
“Si invertimos en reducir el impacto del cambio climático, invertimos también en reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de la población”, concluye.
Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí.
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