Cientos de personas alrededor del mundo son asesinadas cada año por defender el planeta. Los líderes de pueblos originarios son los más perjudicados, según un nuevo estudio.
A pesar de la crisis sanitaria mundial, el asesinato a defensores del medio ambiente en América Latina no cesa. El último caso es el de Marvin Damián Castro Molina, coordinador de la secretaria de la juventud del Movimiento Ambientalista Social el Sur por la Vida (MASSvida) de Honduras.
Según un nuevo estudio elaborado con los datos del Atlas de Justicia Ambiental, una plataforma online que, desde 2012, cartografía los conflictos medioambientales en el mundo, en el 13% de los casos alguno de los activistas que defienden el medio ambiente son asesinados, en un 18% son víctimas de violencia y en un 20%, de criminalización.
“El 40% de los casos los protagonistas pertenecen a pueblos indígenas”, dijo a DW Joan Martínez-Alier, coordinador de la plataforma colaborativa.
En el caso latinoamericano, que protagoniza una cuarta parte de los conflictos medioambientales en el mundo, hay más indígenas muertos en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú y Brasil, pero también hay algunos en Ecuador, Chile y Argentina. La alta participación de los pueblos originarios en este tipo de conflictos es porque se defienden más que las otras poblaciones contra las depredaciones ambientales.
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El estudio analiza 2,743 casos, las características de los defensores ambientales involucrados, las estrategias de movilización exitosas y los resultados de conflictos, además de su asociación con movilizaciones indígenas o no indígenas. De este modo, el informe pretende cerrar la brecha de la falta de investigación de los conflictos ambientales a nivel global y entenderlos mejor.
“La promoción del modelo económico extractivista ha permitido el hostigamiento y asesinato de un gran número de defensores sociales y ambientales”, recordó a DW Erika Castro Buitrago, investigadora en Derecho Ambiental en la Universidad de Medellín (Colombia). “En este modelo no existe un especial interés por el diálogo y la mirada a concepciones alternativas del ambiente y los derechos humanos”, agregó.
La existencia de grandes recursos y los intereses que estos generan han hecho proliferar movimientos locales, que pueden llegar a unos quinientos, contra conflictos por acceso a tierras, agua y minería. Martínez-Alier calculó que quizás hay unos cinco mil activistas ecologistas activos en América Latina, más de la mitad mujeres.
Según el estudio, los activistas medioambientales consiguieron detener el 11% de los 2,743 conflictos ambientales en todo el mundo a través de diversos tipos de acciones.
“Lo más efectivo es mezclar varias formas de movilización y sumar fuerzas”, agregó el coordinador de EJAtlas apuntando al apoyo que pueden prestar científicos, profesionales o grupos religiosos a las causas que defienden campesinos indígenas.
En el caso latinoamericano, Martínez-Alier destacó el uso de las consultas populares destacando el éxito de las de Esquel en Argentina, Tambogrande en Perú y La Colosa en Tolima (Colombia).
“A veces se dan bajo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege a poblaciones indígenas, y otras por pura democracia local, para decidir sobre un proyecto minero y de extracción de petróleo, etc.”, recordó.
“América Latina es la región del mundo en la que más países han ratificado el Convenio 169 y, sin embargo, se observa que en la práctica los avances en su aplicación dejan aún mucho que desear”, dijo a DW Georg Dufner, director del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
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Dufner comparó esta situación con la de Canadá, donde, a pesar de no haber ratificado dicho convenio, entre el 80% y el 90% de los procesos de consulta a pueblos indígenas logran sentencias favorables y medidas compensatorias justas para las comunidades. Así, consideró que el principal problema que sufren los pueblos indígenas latinoamericanos es justamente la debilidad, la ausencia, la falta de acceso, o la corrupción del sistema judicial en el subcontinente.
“Cuando los Estados de América Latina tomen en serio a sus pueblos indígenas, disminuirán en número e intensidad estos conflictos que tanto perjudican al desarrollo de los países así como a las inversiones”, dijo el directivo alemán.
Por otro lado, la región está a la espera de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un tratado sobre el acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“Lo relevante aquí es su efectividad, su carácter vinculante y la sanción para aquellos países que no los cumplan. Incluso Costa Rica mantiene aún impune el asesinato de dos indígenas defensores de su territorio ancestral”, recordó el coordinador del Atlas.
“A pesar de ello, se trata de una herramienta que puede ser determinante en la reconstrucción de la región tras la pandemia, pues el coronavrius aumenta la presión extractivista para pagar las deudas de cada país y hace la resistencia más difícil”, concluyó Martínez-Alier.
Este texto apareció originalmente en DW, puedes ver el original aquí.
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