Los ecologistas y expertos en conservación del gobierno, la industria y las universidades se ven habitualmente limitados a la hora de comunicar evidencia científica sobre especies amenazadas, minería, tala y otras amenazas al medio ambiente, según ha descubierto nuestra nueva investigación.
El estudio, recién publicado, muestra cómo la información científica importante sobre las amenazas ambientales a menudo no llega al público ni a los tomadores de decisiones, incluidos los ministros del gobierno.
En algunos casos, los científicos autocensuran la información por temor a dañar sus carreras, perder financiación o ser tergiversados en los medios. En otros, los altos directivos o los funcionarios de ministros impedían que los investigadores hablaran con sinceridad sobre cuestiones científicas.
Este apagón de información, denominado “supresión de la ciencia”, puede ocultar las prácticas y políticas que dañan el medio ambiente del escrutinio público. La práctica es perjudicial tanto para la naturaleza como para la democracia.
“Nuestra encuesta en línea se llevó a cabo desde el 25 de octubre de 2018 hasta el 11 de febrero de 2019. A través de publicidad y otros medios, nos dirigimos a los ecologistas australianos, científicos conservacionistas, responsables de políticas de conservación y consultores ambientales. Esto incluyó a académicos, empleados gubernamentales y científicos que trabajan para la industria, como consultores y organizaciones no gubernamentales”, según indican el estudio.
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Unas 220 personas respondieron a la encuesta, que comprende:
“En una serie de preguntas abiertas y de opción múltiple, preguntamos a los encuestados sobre la prevalencia y las consecuencias de suprimir la comunicación científica”.
Aproximadamente la mitad (52%) de los encuestados gubernamentales, el 38% de la industria y el 9% de las universidades tenían prohibido comunicar información científica.
Las comunicaciones a través de los medios tradicionales (40%) y sociales (25%) estaban prohibidas con mayor frecuencia en todos los lugares de trabajo. También hubo casos de comunicaciones internas (15%), presentaciones en conferencias (11%) y artículos de revistas (5%) prohibidos.
“Los ministros no están recibiendo información completa”
Alrededor del 75% de los encuestados informó que se abstuvo de hacer una contribución a la discusión pública cuando se les dio la oportunidad, más comúnmente en los medios tradicionales o las redes sociales. Un pequeño número de encuestados autocensuró presentaciones de conferencias (9%) y artículos revisados por pares (7%).
Los factores que limitan los comentarios de los encuestados del gobierno incluyen la alta gerencia (82%), la política del lugar de trabajo (72%), la oficina de un ministro (63%) y la gerencia media (62%).
El miedo a las barreras al avance (49%) y la preocupación por la tergiversación de los medios (49%) también desalentaron la comunicación pública por parte de los encuestados del gobierno.
Casi el 60% de los encuestados del gobierno y el 36% de los encuestados de la industria informaron comunicaciones internas modificadas indebidamente.
Un encuestado del gobierno dijo: “Debido a la ‘gestión de riesgos’ en el sector público (…) los ministros no están recibiendo información y consejos completos y/o esto está siendo ‘manipulado’ por asesores (sic)”.
Los encuestados universitarios, más que en otros lugares de trabajo, evitaron los comentarios públicos por temor a cómo serían representados por los medios de comunicación (76%), miedo a ser atraídos más allá de su experiencia (73%), estrés (55%), temor a que la financiación pudiera verse afectados (53%) e incertidumbre sobre su área de especialización (52%).
Un entrevistado universitario dijo: “Propuse un artículo en The Conversation sobre los impactos de la minería (…) A la universidad en la que trabajé no le gustó la idea porque recibieron fondos de la empresa minera”.
La supresión de información fue más común en el tema de especies amenazadas. Aproximadamente la mitad de los encuestados de la industria y el gobierno, y el 28% de los encuestados universitarios, dijeron que sus comentarios sobre el tema eran limitados.
Los encuestados del gobierno también informaron que se vieron limitados a la hora de comentar sobre la tala y el cambio climático. Los encuestados universitarios se veían más limitados a hablar de animales salvajes.
Los encuestados de la industria, más que los de otros sectores, se vieron limitados a comentar sobre los impactos de la minería, el desarrollo urbano y la tala de vegetación nativa.
De los encuestados que habían comunicado información públicamente, el 42% había sido acosado o criticado por hacerlo. De ellos, el 83% creía que los acosadores estaban motivados por intereses políticos o económicos.
Unos 77 encuestados respondieron una pregunta sobre si habían sufrido consecuencias personales como resultado de la supresión de información. De estos, el 18% dijo haber sufrido efectos en la salud mental. Y el 21% informó una mayor inseguridad laboral, daño a su carrera, pérdida del trabajo o había abandonado el campo.
Un encuestado dijo: “Declaré que la acción no era segura para proceder. Me anularon y las propiedades y los activos se vieron afectados. Me dijeron que guardara silencio o que nunca volviera a tener un trabajo”.
Australia enfrenta muchos problemas ambientales complejos y exigentes. Es esencial que los científicos tengan la libertad de comunicar sus conocimientos sobre estos temas.
Este texto apareció originalmente en Phys, puedes ver el original en inglés aquí.
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