La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) advirtió de que han aumentado las actividades fraudulentas relacionadas con proyectos medioambientales en la UE, cuyo Ejecutivo, la Comisión Europea, ha hecho de la transición ecológica uno de sus principales objetivos políticos.
La OLAF, que investiga casos de fraude que afecten al presupuesto de la UE, ya sea corrupción, contrabando, malversación o blanqueo de dinero, entre otros, recogió este aumento en su informe anual, que analiza las tendencias registradas en 2019.
Así, durante el año pasado, esta oficina comunitaria concluyó 181 investigaciones (167 en 2018) y recomendó a las autoridades de la UE o a los Estados miembros recuperar un total de 485 millones de euros (371 millones un año antes) para el presupuesto comunitario.
De las 456 investigaciones que permanecían abiertas al final de 2019, la mayoría estaban relacionadas con los fondos estructurales (88), mientras que 74 se referían al personal de la Unión, 57 a las aduanas, 47 a la ayuda exterior y 42 a los fondos agrícolas.
Se trata de dinero que no llegó a las arcas europeas por el fraude, o que no será desembolsado tras detectar irregularidades en los proyectos receptores.
Los Estados miembros detectaron 45,737 irregularidades en el uso de fondos estructurales y agrícolas, ya fuese por fraude u otros motivos, entre 2015 y 2019, de los que 11,029 correspondieron a casos remitidos por España.
La OLAF destacó en su informe que sus investigaciones se están centrando “de manera creciente” en los últimos años en el fraude vinculado a proyectos medioambientales o que tienen “un impacto medioambiental”, en un momento en el que el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente son “prioridades clave” para el club comunitario.
Así, la oficina de la UE indicó que los defraudadores “están preparados para explotar cualquier oportunidad”.
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La OLAF apuntó que los fondos comunitarios destinados a investigar la reducción de emisiones de los vehículos se utilizaron para desarrollar tecnología que permitiera incumplir las normas de la Unión sobre emisiones contaminantes, en el contexto del escándalo “Dieselgate”.
Las investigaciones de la oficina antifraude también se centraron en el comercio de especies en peligro de extinción, así como en la explotación forestal ilegal y la importación a los Veintisiete de madera, a veces, desde bosques protegidos.
Igualmente, se destaparon tramas internacionales sobre comercio ilegal de biodiésel, fraude contra fondos para detección de incendios y varios casos centrados en la gestión de agua y residuos.
El director general de la OLAF, Ville Itälä, subrayó que el fraude en proyectos medioambientales es “doblemente dañino”, pues se pierde el dinero del contribuyente y los beneficios que esas inversiones debían generar en la lucha contra el cambio climático.
Más allá del medio ambiente, la oficina comunitaria resaltó otras tendencias que han surgido o continuado durante 2019.
Ahí se incluyen la connivencia y manipulación de los concursos públicos, tramas transfronterizas que dificultan la detección del fraude, casos centrados en proyectos llevados a cabo en países terceros, el contrabando y las falsificaciones que implican “complejas redes transfronterizas” o el fraude con fondos de investigación.
En el ámbito de la ayuda humanitaria, la OLAF cerró una investigación en la que pidió recuperar 1.5 millones de euros destinados a proporcionar asistencia de emergencia a civiles en la guerra siria pero que, sin embargo, terminaron en manos de exempleados de una ONG.
Este texto apareció originalmente en EfeVerde, puedes ver el original aquí.
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