Un tribunal costarricense condenó a un hombre a 22 años tras las rejas por el asesinato de un defensor de los derechos territoriales indígenas en 2020, en un caso que avivó las tensiones de décadas entre las comunidades nativas y los agricultores por el territorio en disputa.
Jehry Rivera, un líder del pueblo Brörán, fue asesinado a tiros por la espalda por el agricultor Juan Varela durante un conflicto de tierras en la comunidad Térraba, 80 millas (130 km) al sureste de la capital San José en la provincia de Puntarenas.
Rivera, de 45 años, fue asesinado en febrero de 2020 luego de ser rodeado por una turba de lugareños no indígenas armados en medio de una ola de violencia contra activistas indígenas que intentaban recuperar su territorio ancestral.
“Yo fui quien lo mató”, dijo Varela entre vítores y aplausos en una reunión comunitaria en agosto pasado, comentarios que fueron grabados y utilizados como prueba en el juicio.
Costa Rica, un centro de ecoturismo con 5 millones de habitantes, es considerado el país más equitativo y respetuoso de la ley de América Central. Pero en los últimos años, los pueblos Bribri y Brörán han sido objeto de una serie de ataques violentos, hostigamiento racista y juicios de represalia falsos vinculados a disputas sobre tierras ancestrales.
Costa Rica cuenta con ocho etnias indígenas que representan aproximadamente el 2.4% de la población total. En 1977, la legislación otorgó la propiedad de la tierra a las comunidades indígenas con vínculos históricos con 24 territorios legalmente reconocidos.
Pero la ley nunca ha sido implementada.
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Como resultado, los pueblos Bribri y Brörán de la provincia de Puntarenas han tomado cartas en el asunto en los últimos años, retomando la posesión de algunas tierras a través de ocupaciones no autorizadas.
A pesar de cierto éxito, la mayoría de los territorios siguen ocupados por familias y agricultores no indígenas, quienes también reclaman la propiedad de las tierras que en algunos casos han sido cultivadas por sus familias durante generaciones.
Los jueces del caso Rivera dictaminaron que Varela, quien aseguró tener sangre indígena, no actuó en defensa propia, como argumentan sus abogados. Varela puede apelar la sentencia.
El fallo representa la primera señal de justicia para las comunidades indígenas después de más de 40 años de ocupación por costarricenses no indígenas, lo que ha llevado a la “violencia sistemática” por parte de algunos agricultores, dijo Naciones Unidas.
Rivera fue asesinado solo dos semanas después de que Mainor Ortiz Delgado, de 29 años, líder del pueblo indígena Bribri en el vecino Salitre, fuera herido en un ataque con armas de fuego, y menos de un año después de que Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, fuera asesinado a tiros. Ambos casos siguen sin resolverse.
Este texto apareció originalmente en The Guardian, puedes ver el original en inglés aquí.
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