Por qué la Amazonía sigue perdiendo bosque: minería ilegal y ganadería
El gobierno colombiano reportó que en 2022 se talaron 123.517 hectáreas de bosque, bajando a 79.256 en 2023 (el mínimo histórico en registros). Sin embargo, en 2024 la deforestación subió de nuevo a 107.000 ha, un 35% más que el año anterior.
Más del 60% de estas pérdidas ocurrieron en la Amazonía, la región más afectada. Aunque esta cifra aún es baja en términos históricos, expertos advierten que la tendencia al alza puede continuar dado el deterioro de los acuerdos de conservación con las comunidades indígenas. Organizaciones ambientales coinciden en que los motores principales de esta deforestación son la expansión agrícola (ganadería extensiva), la minería ilegal, la tala indiscriminada y los cultivos ilícitos.
La minería ilegal es cada vez una amenaza mayor en la Amazonía colombiana. Un informe de la Procuraduría señala que la extracción de oro no regulada avanza cerca de reservas indígenas y en zonas protegidas. En la cuenca del río Caquetá, por ejemplo, se han establecido dragas en ríos para extraer oro (y también coltán) desde poblaciones como Solano o Puerto Leguízamo.
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Estas operaciones suelen necesitar carreteras y motobombas, y conectan con rutas de narcotráfico hacia el Pacífico. Según investigaciones recientes, parques nacionales como Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos y La Paya acumulan ya cerca de 600.000 ha invadidas por minería o cultivos ilícitos, lo que evidencia el impacto de la actividad minera sobre los bosques tropicales.
El cultivo de hoja de coca sigue siendo el factor más importante detrás de la deforestación en la Amazonía colombiana. Los departamentos de Meta, Putumayo y regiones aledañas al río Naya concentran la mayor extensión de cocales ilegales, donde a menudo se arrasa bosque para instalar nuevas plantaciones.

Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga (UNODC) revelan que el área sembrada con coca aumentó de 230.000 ha en 2022 a 253.000 ha en 2023 (un alza del 10%). Alarmantemente, casi la mitad de esta superficie se encuentra dentro de parques nacionales, reservas indígenas y zonas de reserva forestal, lo que intensifica la pérdida de bosque en esos ecosistemas protegidos. La construcción de carreteras clandestinas suele acompañar a esta expansión cocalera, abriendo nuevos frentes de deforestación para otros cultivos como la palma de aceite.
La ganadería extensiva ilegal es otro motor de la pérdida de bosque. Se documentan miles de cabezas de ganado pastando en predios invadidos de áreas protegidas. Por ejemplo, un informe de EIA encontró que en 2023 había más de 24.000 cabezas de ganado en zonas prohibidas dentro de los parques nacionales Tinigua, Macarena y Cordillera de los Picachos.
En varios predios intervenidos dentro de esos parques había más de 500 reses, lo que indica crías intensivas imposibles en fincas de subsistencia. En los parques Sierra de la Macarena y Tinigua (Meta), se señala que el driver principal fue el acaparamiento de tierras para ganadería.
En paralelo, la frontera agropecuaria se expande en áreas de colonización dirigida. En la Amazonía de Caquetá se han abierto corredores hacia reservas forestales para lotes ganaderos asociados a lavado de activos. En Mapiripán (Meta-Guaviare) se identificaron más de 263 km de vías ilegales cuya construcción facilitó la pérdida de 13.700 ha de bosque vinculadas al cultivo de coca y palma de aceite.
Si bien la mayor parte de la deforestación en Colombia se explica por las actividades ilegales anteriores, los incendios forestales también han contribuido a la pérdida de bosques, sobre todo fuera de la Amazonía. Las sequías y el fenómeno de El Niño han agravado la situación: solo en enero de 2024 se reportaron al menos 478 incendios forestales en el país.
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La mayoría son causados por quemas agrícolas o accidentes humanos que se salen de control. En ecosistemas sensibles como páramos y serranías colombianas, estos fuegos han destruido cobertura vegetal y ganado bosque nativo. El cambio climático y las altas temperaturas actuales multiplican el riesgo; organizaciones como WWF alertan que el 95% de los incendios en Colombia son atribuibles a actividades humanas (por descuido o intencionadas). Controlar estas quemas es clave para evitar que, en temporada seca, la deforestación por incendios se sume a la debida a la actividad ilegal.

Datos recientes muestran que, pese a algunos avances puntuales, América Latina continúa liderando la pérdida global de bosques tropicales. Como subrayan organizaciones ambientales y expertos, este escenario demanda reforzar la protección de bosques, mejorar la gobernanza territorial y combatir la impunidad de quienes provocan la deforestación
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