Latinoamérica lidera las cifras globales de homicidios de defensores ambientales

11 diciembre, 2025
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Publicado en Destacadas Nos Preocupa Noticias
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Editado por Mónica Gálvez - Fuente Global Witness - Foto Andre Penner/AP

Líderes ambientales están siendo asesinados

Al menos 146 defensoras y defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados o desaparecidos en 2024, según el nuevo informe Roots of Resistance de Global Witness. La cifra confirma una tendencia trágica: defender bosques, ríos, territorios indígenas y ecosistemas sigue siendo una de las labores más peligrosas del mundo.

Aunque el número global disminuyó respecto a 2023, la organización advierte que no existe una mejora real. La naturaleza de la violencia está cambiando: se incrementan las desapariciones, la intimidación y la criminalización como formas silenciosas pero efectivas de represión.

La región de Latinoamérica volvió a ser la más letal del planeta: 117 de los 146 asesinatos ocurrieron en América Latina, eso representa el 82% de las víctimas registradas. La presión extractiva, la falta de reconocimiento de los derechos territoriales y la ausencia de sistemas de protección efectivos siguen siendo motores centrales de esta violencia.

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Los países más afectados con homicidios fueron:

Colombia: 48 asesinatos, el número más alto a nivel mundial por tercer año consecutivo.
Guatemala: 20 casos, un salto alarmante respecto a los 4 registrados en 2023.
México: al menos 18 casos
Brasil: 12 casos.
Filipinas: 7 casos
Honduras e Indonesia: 5 casos

Además, se documentaron cuatro desapariciones de largo plazo en Chile, Honduras, México y Filipinas.

Otro dato alarmante fue que cerca de un tercio de las agresiones con consecuencias mortales eran indígenas, a pesar que estos grupos solo representan el 6% de la población mundial.

Casos de injusticia ambiental

Las causas principales de las agresiones siguen ligadas a conflictos por la tierra:

91 de los 146 ataques estuvieron directamente relacionados con disputas territoriales, reforma agraria o presiones externas sobre tierras comunitarias.

La minería y extracción de recursos encabezó las industrias más peligrosas, con 29 casos.

Le siguieron la explotación maderera (8) y la agroindustria (4).

En cuanto a los perpetradores, Global Witness identifica la participación de organizaciones criminales (42 casos), milicias privadas (17) y sicarios (13).

Comunidades indígenas presentes en la COP30 exigen justicia tras ser atacados por la agroindustria en Brasil. – Foto Fernando Llano/AP

La disminución de asesinatos directos no significa que haya menos represión. Por el contrario, Global Witness alerta sobre la “normalización del silenciamiento”: amenazas, procesos judiciales infundados, estigmatización pública y desapariciones se consolidan como estrategias para debilitar movimientos comunitarios.

Estas tácticas buscan desgastar, dividir y frenar la resistencia sin generar el impacto mediático que producen los asesinatos. El reporte señala que esta tendencia puede ser incluso más peligrosa, pues opera con mayor impunidad y menor visibilidad.

Colombia: el país más letal por tercer año consecutivo

Colombia se mantuvo en 2024 como el epicentro mundial de la violencia contra personas defensoras del ambiente y la tierra, registrando 48 asesinatos. Esta cifra, la más alta a nivel global por tercer año consecutivo, refleja una crisis que persiste pese a compromisos gubernamentales y acuerdos de paz que prometían reducir los riesgos para líderes sociales y comunidades rurales.

Los asesinatos se concentran particularmente en zonas rurales donde convergen múltiples presiones: expansión minera, intereses de empresas extractivas, disputas por control territorial, economías ilegales y la permanencia de grupos armados. Para muchas comunidades indígenas y afrodescendientes, defender sus territorios significa enfrentar amenazas continuas, vigilancia, desplazamientos forzados y agresiones directas.

A pesar de ello, el movimiento ambiental en Colombia se mantiene firme, demostrando resiliencia y arraigo comunitario ante un panorama que sigue siendo extremadamente peligroso.

Guatemala: un aumento que prende alarmas

El caso de Guatemala destaca por su gravedad. El salto de 4 a 20 asesinatos en un solo año refleja una crisis territorial profunda. Las comunidades indígenas y campesinas enfrentan conflictos vinculados a:

proyectos mineros,
disputas por tierras ancestrales,
expansión de monocultivos,
criminalización de líderes comunitarios.

El país se posiciona, proporcionalmente, como uno de los lugares más peligrosos para defender el ambiente y la tierra.

México: siguen las disputas territoriales

Aunque la cifra es menor que la de Colombia y Guatemala, la violencia en México presenta características complejas: mezcla intereses empresariales, crimen organizado, megaproyectos y vacíos estructurales en la protección de comunidades.

La expansión de industrias extractivas, energéticas y agroindustriales continúa generando conflictos en territorios indígenas y campesinos. En varios casos, los ataques ocurren en contextos donde las comunidades buscan frenar proyectos que amenazan sus recursos hídricos, bosques o tierras colectivas.

Cifras anteriores: Más de 1,700 defensores climáticos han sido asesinados en una década

Una deuda global con quienes protegen el futuro

Global Witness hace un llamado urgente a gobiernos y empresas para implementar medidas reales y estructurales:

Reconocimiento de la titularidad sobre tierras y territorios,
Políticas efectivas de protección colectiva,
Justicia ante ataques,
Participación plena y segura de comunidades en decisiones sobre proyectos económicos y ambientales.

La defensa de la naturaleza está estrechamente vinculada con la protección de derechos humanos básicos. Sin comunidades seguras, no hay transición justa ni soluciones climáticas duraderas.