El crimen organizado amenaza la Amazonía y a sus pueblos indígenas
La expansión de la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en la Amazonía está convirtiendo la protección del bosque en una actividad peligrosa. Las mismas redes que extraen recursos y deterioran los ecosistemas recurren a la intimidación para mantener sus negocios, mientras las comunidades indígenas enfrentan amenazas sobre sus territorios y sus formas de vida.
Esta crisis llega a Viena, donde líderes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú participan, del 19 al 23 de octubre, en la conferencia de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional. Según Amazon Watch, que coordina la delegación, buscan que los gobiernos reconozcan su papel en la defensa territorial y enfrenten los mercados internacionales que sostienen estas economías ilegales.
El daño ambiental de la extracción de oro comienza antes de que el metal salga del territorio. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) explica que la minería artesanal y de pequeña escala, cuando se desarrolla sin controles adecuados, puede provocar deforestación, degradación del suelo y pérdida de hábitats. La apertura de caminos, campamentos e infraestructura también elimina vegetación alrededor de las zonas de extracción.
En los ríos, las dragas y los residuos mineros alteran los cauces y aumentan la cantidad de sedimentos suspendidos. El agua se vuelve más turbia y se deteriora la calidad de un recurso del que dependen las comunidades y la fauna. El abandono de los sitios de extracción puede dejar terrenos degradados y residuos que continúan afectando los ecosistemas.
A ello se suma el mercurio utilizado para separar el oro. De acuerdo con el PNUMA, este contaminante puede acumularse en los ecosistemas y entrar en las cadenas alimentarias acuáticas. Sus efectos, por tanto, pueden extenderse más allá del lugar donde se realiza la extracción.
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La tala ilegal añade una dimensión climática. Como explica Human Rights Watch, los bosques amazónicos absorben y almacenan carbono; cuando son destruidos, pierden esa capacidad y pueden liberar el carbono acumulado. Su desaparición afecta tanto a las poblaciones locales como a los esfuerzos para limitar el calentamiento global.
Defender el territorio bajo amenaza
En la Amazonía peruana los wampis han instalado dos puestos de vigilancia contra la minería ilegal, con 14 guardias indígenas en cada uno. Sus representantes denuncian contaminación por mercurio y amenazas de grupos armados. Entre los kakataibo, Marcelo Odicio informó que seis líderes han sido asesinados desde 2020, mientras el narcotráfico instala cultivos ilegales de coca y laboratorios en bosques ancestrales.
La violencia funciona como una herramienta para asegurar el control de los recursos. La investigación de Human Rights Watch documentó en la Amazonía brasileña 28 asesinatos y más de 40 casos de amenazas de muerte con evidencias que vinculaban a los responsables con la deforestación ilegal. Las víctimas habían interferido con sus actividades o denunciado la destrucción del bosque.
Aunque corresponde a un período anterior, el informe ayuda a entender el mecanismo: intimidar a quienes vigilan, denuncian o impiden la entrada de los taladores facilita la continuidad del negocio. La impunidad debilita la protección ambiental y deja expuestas a las personas que intentan hacerla efectiva.
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Las comunidades también construyen respuestas. Amazon Watch destaca una guardia binacional indígena en la frontera entre Brasil y Perú para resistir al narcotráfico, así como la vigilancia territorial wampis frente a la minería ilegal. La organización reclama respaldo a sus derechos sobre la tierra y protección para sus defensores, y advierte sobre los riesgos de las respuestas militarizadas para la población.
En Viena, los gobiernos deben considerar si inician negociaciones sobre un nuevo protocolo internacional contra los delitos que afectan al ambiente. La delegación pide participar en ese proceso. Entre las propuestas impulsadas por Amazon Watch figuran investigar el dinero detrás de las actividades ilegales, reconocer y financiar las guardias indígenas, garantizar títulos territoriales y apoyar alternativas económicas.
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