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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hace uso de los derechos legales y la ciencia para cuidar el medio ambiente y a las personas que han sido afectadas por los efectos del cambio climático en Latinoamérica.
Gracias a sus fundadores: el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena, Costa Rica), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México), Earthjustice (EE. UU.), Fundepublico (Colombia) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA, Perú), por 20 años, la organización ha sabido cómo ejercer el derecho internacional para obtener resultados exitosos en materia de protección ambiental y derechos humanos.
Con oficinas desde Estados Unidos hasta Chile, AIDA brinda asesoramiento jurídico y científico de forma gratuita para unir a comunidades, otras organizaciones u organismos internacionales, movimientos sociales y gobiernos.
AIDA incorpora la lucha contra el cambio climático como punto clave en todas sus áreas de trabajo. Promueven que el financiamiento climático y los proyectos energéticos que vayan a ser desarrollados respeten los derechos humanos y que realmente sean soluciones sostenibles y eficaces.
Eso lo logran, no solo por su equipo de trabajo de abogados, científicos y expertos, sino también por los donativos de individuos, fundaciones y alianzas estratégicas.
La organización trabaja en varios “proyectos que impulsarán estratégicamente el cambio, crearán o mejorarán herramientas legales, que permitirán la comprensión de problemas clave y brindarán nuevas perspectivas sobre posibles soluciones en diversos lugares”.
Sus proyectos se centran en distintos temas, uno de ellos, son los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), tales como el hollín, leña, hidrofluorocarbonos, metano y ozono. AIDA trabaja para crear conciencia y educar a los formuladores de políticas públicas sobre la importancia de controlar ese tipo de emisiones en la región. Elaboran un informe explicando qué son los CCVC y las razones por las cuales hay que reducirlas. Esto lo están trabajando principalmente en Brasil, Chile y México.
Otro tema importante es el fracking, la técnica empleada para extraer hidrocarburos no convencionales como hidratos de gas, arenas con bitumen, metano, gas natural en rocas, etc. AIDA apoya estrategias de defensa local, nacional e internacional, incluyendo litigio, para asegurar que los gobiernos apliquen el principio de precaución a las propuestas de fracking. Organiza talleres y seminarios virtuales sobre los impactos de esa técnica.
Relacionado a la energía limpia, en AIDA se crean oportunidades para informar a gobiernos, instituciones financieras y tomadores de decisión a nivel internacional sobre los peligros de promover grandes hidroeléctricas como una solución energética. Realizan campañas públicas que incluyen peticiones ciudadanas, videos y artículos para generar conciencia sobre la verdad acerca de las represas. Esto, porque lo que busca la organización es que América Latina esté impulsada por sistemas de energía limpios y sostenibles.
En conjunto con el Fondo Verde del Clima, AIDA promueve una mayor transparencia y participación pública en las decisiones del Fondo. Incide en su Junta Directiva para que adopte defensores ambientales y sociales que ayuden a guiar las decisiones sobre qué propuestas apoyar.
Para tratar los sumideros naturales de carbono, la organización trabaja para proteger ecosistemas terrestres y marinos (terrenos llanos o páramo, manglares, arrecifes de coral y humedales) que capturan emisiones de carbono. También están trabajando en la protección de especies clave que se relacionan con esos entornos.
AIDA ha realizado campañas de recolección de firmas en plataformas digitales para promover que el financiamiento internacional no apoye la implementación de grandes represas. Para que se investiguen y sancionen los daños de la industria salmonera en la Patagonia. Y para preservar importantes sumideros naturales de carbono, entre ellos: el Páramo de Santurbán (Colombia), la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia) y el Sistema Arrecifal Veracruzano (México).
Con su esfuerzo y dedicación, la organización ha salvado los hogares de 25,000 personas en México, al detener un proyecto de una represa. Al igual que la protección de tortugas marinas verdes en Costa Rica, al reformar la legislación del país. Detuvo la tala de un bosque nativo en Chile y evitó que mujeres y niños sufrieran graves efectos de emisiones tóxicas de una fundición en Perú. Contribuyó a que el gobierno de Colombia prohibiera la minería en humedales a gran altura, dándole la oportunidad a muchos de seguir contando con un suministro de agua seguro.
Está desarrollando un proyecto para la conservación de peces herbívoros en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. En noviembre presentarán un informe sobre el financiamiento responsable de proyectos energéticos, con base en casos de estudio en Brasil y Colombia.
Ahora bien, a esto se resume todo, todo lo que una organización y el mundo deben aspirar y trabajar con todo lo que tienen para lograrlo:
“En los próximos cinco años, buscamos contribuir con nuestro trabajo a que América Latina sea impulsada por sistemas de energía limpia y sostenible que respeten la integridad ambiental y climática y los derechos humanos. A que los Estados de la región cumplan sus obligaciones internacionales para atender a la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas”.
“A que los Estados y las empresas respeten a las comunidades indígenas y tradicionales, y busquen el desarrollo de una manera inclusiva que respete los derechos humanos. Que en la región las y los ambientalistas puedan expresar libremente sus ideas y defender el agua, el aire, la tierra y la biodiversidad sin temor por sus vidas o su integridad. Y que en la región se respire aire limpio como resultado de una mejor regulación de los contaminantes climáticos de vida corta”, Víctor Quintanilla, escritor-coordinador de comunicaciones, AIDA.
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