El Fondo Monetario Internacional publicó en Washington los capítulos analíticos de su Informe Global de Estabilidad Financiera (GFSR) y su Monitor Fiscal. En ambos, la institución centra su atención en el cambio climático y sus amenazas para la economía mundial.
En este sentido, el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, liderado por Vitor Gaspar, estima que los ministros de finanzas deben desempeñar “un papel central” para defender e implementar políticas fiscales que frenen el calentamiento global. Para ello se recomienda remodelar el sistema tributario y las políticas fiscales para desalentar la emisiones de carbono y otros combustibles fósiles.
Según los funcionarios del FMI, para limitar el calentamiento global a 2°C, el nivel considerado seguro por la ciencia, los grandes países emisores deben tomar medidas ambiciosas. Por ejemplo, deberían introducir un conjunto de impuestos al carbono que aumente rápidamente a 75 dólares por tonelada de CO2 emitida en 2030.
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Esto significaría que las facturas eléctricas de los hogares aumentarían de media y de forma acumulada un 43% durante la próxima década, más en países que aún dependen en gran medida del carbón para la generación de electricidad, la gasolina costaría un 14% más.
No obstante, los ingresos de dicho impuesto, entre el 0.5% y 4.5% del PIB (según el país), podrían usarse para reducir otros gravámenes, como los impuestos sobre la renta o la nómina que perjudican los incentivos para el trabajo y la inversión, sugiere el Fondo.
Los gobiernos también podrían usar el dinero recaudado para apoyar a los empleados y las comunidades afectadas de manera desproporcionada por este ajuste, como las minas del carbón. El FMI también plantea el posible pago de un dividendo igualitario a toda la población.
Desde el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo estiman que, a día de hoy, alrededor de 50 países tienen de alguna u otra forma un esquema que tasa las emisiones de carbono. No obstante, el precio medio mundial para dichas emisiones es actualmente de solo dos dólares por tonelada, muy por debajo de lo que necesita el planeta.
“El desafío es que más países adopten uno o eleven el precio” señalan Vitor Gaspar, Paolo Mauro, Ian Parry y Catherine Pattillo en un blog que acompañó a la publicación del capítulo del Monitor Fiscal.
Los autores del mismo señalan a Suecia como el ejemplo a seguir. Con un impuesto al carbono de 127 dólares por tonelada, el país ha reducido las emisiones en un 25% desde 1995 mientras que la economía se ha expandido en un 75% desde entonces.
De esta forma el FMI recomienda un precio mínimo para las emisiones de carbono de 50 dólares por tonelada de CO2 en el caso de las economías avanzadas y de 25 dólares por tonelada de CO2 en el caso de las emergentes en 2030. Hacerlo, aseguran, reduciría las emisiones un 100% más que los compromisos actuales de los países en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015.
Por su parte, el capítulo de adelanto del GFSR, se concentra en la importancia de incluir principios ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en las decisiones comerciales y las estrategias de inversión. Estos ya se han ido incorporando durante mucho tiempo, particularmente sobre el gobierno corporativo, a las carteras de muchos inversores, tanto individuales como institucionales.
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De hecho, el Fondo estima que hoy en día, los activos bajo administración de los fondos relacionados con estos principios oscilan entre los 3 billones y los 31 billones de dólares, según la definición.
El Fondo destaca como los problemas ambientales, sociales y de gobernanza pueden tener un impacto material en el desempeño de las empresas y en la estabilidad del sistema financiero en general. Los fallos en los consejos de administración de los bancos y empresas contribuyeron a la crisis financiera global.
Los riesgos sociales en forma de desigualdad pueden tentar a los encargados de formular políticas a facilitar indebidamente los préstamos para el consumo, algo que puede generar inestabilidad financiera a medio plazo.
En lo que a cambio climático se refiere, son dos las vías de riesgo que observa el FMI. Por un lado, riesgos físicos derivados de daños relacionados con inclemencias meteorológicas o tendencias climáticas. Por otro, riesgos de transición, relacionados con la decadencia de activos como el carbón o la gasolina y las disrupciones que estas provoquen.
Este texto apareció originalmente en El Economista, puedes ver el original aquí.
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