Los científicos coinciden en que las mujeres se sitúan, junto a niños y ancianos, entre los grupos de población más vulnerables al cambio climático, pero, sin embargo, en la mayoría de países, no tienen representación en la toma de decisiones para combatir este fenómeno.
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El Gobierno español elabora desde hace un año una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que marcará las pautas a seguir por los principales sectores económicos para que España sea un país libre de emisiones en 30 años, así como para adaptarse a los impactos irremediables del calentamiento, como la menor disponibilidad de agua o mayor frecuencia e intensidad de climas extremos.
Como paso previo a la redacción de la ley, el Ejecutivo celebró unas jornadas de dos días el pasado mayo para recabar la visión de los sectores implicados.
En la lista de 75 invitados solo había 13 mujeres (poco más del 17%), y en 3 de las 5 mesas temáticas organizadas en torno a la ley (dirigidas por 5 o 6 ponentes cada una) no hubo ni una sola mujer ponente, y en las que sí estuvieron fue en una proporción de 1 frente a 4 o 5 hombres.
Dos meses después, el Ejecutivo nombró, a proposición de los grupos parlamentarios, una comisión de expertos independientes para asesorar la ley que está compuesta de 14 hombres y ninguna mujer.
“La ausencia de mujeres en estos foros de debate y toma de decisión supone directamente que su visión no aparezca en una normativa tan transcendental”, señaló a Efe Cristina Monge, profesora de Sociología y portavoz de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES).
Monge aseguró que este nivel de representación tiene mucho que ver con el hecho de que “las cúpulas son mayoritariamente masculinas, tanto en el sector académico como en las empresas que dominan los mercados estratégicos a los que afectará esa ley (energía, agua, agricultura o transporte)”.
Un estudio reciente de la Universidad de Exeter (Reino Unido) concluía que la falta de mujeres en los consejos de administración de las empresas energéticas suponía “un freno” para la adopción de medidas contundentes para combatir el cambio climático.
Los datos de los gigantes del sector en España coinciden con las cifras de ese estudio: en Endesa hay 2 mujeres entre los 12 miembros de su consejo de administración, en Gas Natural Fenosa hay 3 de 14 y en Iberdrola hay 5 de 17.
La citada investigación subrayaba que “a mayor presencia de mujeres en puestos de decisión en materia energética, más respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a la lucha contra el cambio climático”; como también alertó el máximo órgano de la ciencia del clima (IPCC).
Marta Rivera-Ferre, una de las científicas españolas en el IPCC, en cuyo último informe sólo hubo un 20% de investigadoras, explicó a Efe que en las áreas de estudio de este órgano en las que no hay mujeres “hay temas que directamente no se consideran, y uno de ellos es la perspectiva de género”.
Esta perspectiva es “relevante” en tanto que los impactos del cambio climático, como los desastres naturales, afectará más a los más pobres, y el 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres.
Las mujeres producen casi el 90% de los alimentos básicos, pero sólo son dueñas del 1% de la tierra cultivable, y realizan la mayor parte de tareas relacionadas con el agua pero apenas deciden en las políticas en la materia.
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Uno de los estudios sobre cambio climático y género de los que es autora Rivera-Ferre destaca que las mujeres no sólo son más vulnerables al cambio climático en los países en desarrollo, sino también en los europeos.
En una reciente resolución, el Parlamento Europeo aseguró que “la participación desigual de las europeas en los procesos de adopción de decisiones y en los mercados laborales les impide ser tenidas en cuenta en la planificación de políticas climáticas”.
Uno de los organismos pioneros en promover que las mujeres estén al mismo nivel que los hombres en esta materia es la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que la pasada cumbre del clima de Bonn, Alemania (COP23) aprobó un Plan de Género que persigue, entre otras cosas, la paridad en todos sus órganos.
En una entrevista telefónica, la secretaria general de esa convención, Patricia Espinosa, explicó que desde 2014 vienen adoptando decisiones “para promover más participación de las mujeres en las negociaciones internacionales de cambio climático, con el objetivo de que las posiciones de los países en las mismas también contengan las prioridades de las mujeres”.
El propio Acuerdo de París, ratificado ya por 175 naciones, “obliga a los países a incorporar la perspectiva de género en sus políticas climáticas”, y la convención de la ONU “presta apoyo para que lo hagan”, subrayó Espinosa.
La portavoz de cambio climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño, subraya que la ley española debe incorporar esa perspectiva de género, entre otros motivos porque una norma que persigue instaurar un nuevo modelo de desarrollo, debe aprovecharse para abolir la desigualdad que sufre la mujer en el actualidad.
“Para evitar los peores impactos del cambio climático y el deterioro ambiental debemos construir sociedades justas, pacíficas, democráticas y que primen los cuidados, la cooperación y aquellos trabajos que generan bien común”, añadió.
Fuentes de uno de los ministerios que preparan la ley, el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, indicaron a Efe que “estudian” la posibilidad de incluir los “temas de género” en la misma.
Este texto apareció originalmente en EfeVerde, puedes encontrar el original aquí.
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