Con una inversión récord de $59 mil millones, el Gobierno chileno impulsó un trabajo coordinado con gobiernos locales para establecer una estrategia educativa y preventiva de siniestros que afecta n la biodiversidad, además de un combate temprano. El mundo privado ha hecho lo propio para que no se generen pérdidas millonarias y desde las ONG son enfáticos: “Falta mucho por hacer”.
En Chile se originan, en promedio, 6,000 incendios por temporada, cuyo origen es casi exclusivamente antrópico, es decir, provocado por las personas y las actividades que éstas realizan en su entorno. Cada incendio presenta además una serie de impactos sociales y económicos. Sin embargo, la mayor pérdida está vinculada con la destrucción de la biodiversidad. Hay mermas de ambientes naturales, de suelo, de recursos hídricos, y de la calidad de la atmósfera, que en ocasiones demoran años en ser recuperados.
El presupuesto de Conaf se duplicó en el último año para generar acciones de prevención en tres ejes: reducir la ocurrencia, reducir el daño y como tercer pilar, sensibilizar y educar a la población.
“Dentro de la nueva mirada a la prevención hemos reforzado el trabajo de inteligencia, que nos permitirá establecer con mayor certeza las verdaderas causas de los incendios forestales”, dijo Rolando Pardo, jefe del departamento de Prevención de Incendios Forestales de Conaf.
En el área de inteligencia, los gobiernos locales tienen una gran relevancia, pues trabajan de la mano con Conaf para definir las áreas de las comunas con mayor riesgo desde la perspectiva de la amenaza del fuego, generando planes referenciales que dan cuenta del trabajo a realizar en el manejo de combustibles y silvicultura preventiva, de forma tal que el municipio tome las acciones y precauciones del caso, con el fin de reducir la vulnerabilidad del territorio frente a los incendios forestales.
Debido al alto impacto de los incendios, que consumieron cerca de 600 mil hectáreas en la zona centro sur del país durante el verano pasado, la presidenta Michelle Bachelet informó que se destinarían sobre $59 mil millones a una nueva estrategia para mejorar el sistema de prevención y combate en incendios forestales.
Entre los principales puntos de esta campaña, está el trabajo con doce localidades en la preparación de planes comunitarios de prevención de incendios forestales, que contempla la capacitación en técnicas básicas de detección y de primer ataque de incendios forestales.
“También, se han identificado en las diferentes regiones del país aquellos territorios prioritarios que requieren manejo de los combustibles, generándose las coordinaciones y gestiones con los municipios y/o instituciones involucradas, a fin de crear la discontinuidad de estos a través de la habilitación de cortafuegos”, añadió Pardo.
Pero además de la prevención, el presupuesto también se destinó a aumentar el combate de incendios.
“De 143 brigadas pasamos a 207 brigadas, contando ahora con brigadas de interfaz y nocturnas, que se suman a las tradicionales. También con brigadas de mecanizadas y el reforzamiento de las aeronaves, pasando de una base de 32 la temporada pasada, a 43 aeronaves, entre helicópteros y aviones. A todo esto también hay que sumar las brigadas forestales del Ejército, la Armada y el nuevo convenio con la Fuerza Aérea y con Bomberos”, comentó Pardo.
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la administración, desde el World Wildlife Fund (WWF), creen que aún falta mucho por hacer. “La preparación de cara a este verano ha sido más lenta de lo que esperábamos”, enfatiza Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile. Él añade que la única manera de hacer frente a la restauración de manera adecuada, porque se trata de una actividad muy cara donde se deben identificar muchos factores, es robustecer a la institucionalidad y, en ese marco:
“La Conaf llegó al límite de sus atribuciones. Es vital relevancia que el Servicio Nacional Forestal sea una realidad; que esta nueva institucionalidad tenga presupuesto capaz de dar respuestas a los desafíos que plantea la reforestación. Se trata de un área en que los privados tienen un rol activo, pero en que el Estado debe tener un rol definido y robusto”.
Debido a la naturaleza de sus negocios, CMPC y Arauco son algunas de las empresas que han apostado por la prevención. En el caso de la primera, previo a los incendios ya estaban trabajando en la certificación FSC. Para ello, empezaron gestionando 8,750 hectáreas (ha), cantidad que se incrementó con fuerza a lo largo de cinco años de trabajo. Los siniestros del verano pasado dañaron unas 4,500 ha de zonas de protección de bosque nativo, particularmente en el Maule, llegando a afectar incluso áreas de alto valor de conservación.
“Dada la experiencia que ya teníamos, movimos el foco para adecuarnos a la nueva realidad post-incendios y establecimos un programa que básicamente busca restaurar, prevenir y combatir el fuego una vez iniciada la temporada. Además hemos apoyado a pequeños productores de miel y otras organizaciones locales y vecinos a los predios de CMPC Forestal Mininco, con el inicio de sus planes de restauración”, comentó Augusto Robert, gerente de asuntos públicos y sostenibilidad de CMPC Celulosa.
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Para Arauco, los incendios de la temporada 2016-2017 significaron la pérdida de 80 mil hectáreas de plantaciones y cerca de 17 mil hectáreas de bosque nativo y áreas de alto valor de conservación que la empresa se ha comprometido a restaurar.
“Las principales acciones desarrolladas se han focalizado en reforestar nuestro patrimonio incorporando medidas de silvicultura de prevención; restaurar el bosque nativo con criterio territorial para maximizar los servicios ecosistémicos; contribuir a reforestar en terrenos de terceros; trabajar en red para compartir experiencias; y diseñar e implementar medidas de protección de suelos y cuencas abastecedoras de agua”, detalló Camila Merino, vicepresidenta Forestal de Arauco.
Ella añade que la fórmula para proteger al bosque nativo se enmarca en un esquema de regeneración natural asistida, es decir, tomar el bosque nativo y protegerlo de las amenazas; controlar las especies invasoras; recolectar semillas para llevarlas a viveros y así generar plantas que más tarde se retornarán al bosque con el fin de producir enriquecimiento en zonas que requieran más apoyo.
“Adicionalmente, hemos puesto especial énfasis en las áreas de alto valor de conservación, donde hay algunas especies en peligro de extinción”, enfatiza. La idea detrás de estas medidas es que Chile no repita el caso de Portugal, que hace 14 años experimentó una ola de incendios y que, luego de no tomar las medidas necesarias, este año perdieron 400 mil hectáreas de plantaciones.
Este texto apareció originalmente en Pulso Chile, puedes encontrar el original aquí.
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