Las cápsulas de café podrían ser historia en las Islas Baleares (comunidad autónoma uniprovincial española) dentro de dos años. El Gobierno autonómico quiere prohibir a partir del año 2020 las dosis de productos de un solo uso que no sean reciclables. El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, que todavía no ha entrado en el Parlamento, prohibirá las cápsulas de un solo uso que no estén fabricadas con material compostable y solo permitirá las comercializadas por empresas que sigan un proceso de recogida y reciclaje de estas en caso de no estar fabricadas con estos componentes.
“Cierta empresa ofrece actualmente el sistema de recogida, pero la gran mayoría de cápsulas no se puede reciclar y cada vez estamos produciendo más residuos innecesarios”, dice el director general de Educación Ambiental, Calidad y Residuos de Baleares, Sebastiá Sansó, encargado de impulsar la nueva normativa.
El anteproyecto pretende reducir el impacto de ciertos productos en el medio ambiente y fomentar un uso sostenible, impulsando su reutilización y reciclaje cuando sean desechados.
En el mismo saco que las cápsulas de café entran otros productos como las platos desechables, los vasos de plástico y los hisopos. “Tenemos un territorio limitado y ambientalmente sensible y una economía principalmente turística que dispara el uso de estos objetos” que, según afirma Sansó, acaban muchas veces tirados en playas o montes. Un ejemplo es el de las pajillas de plástico para beber (también serán vetadas), que terminan inundando las aceras y calles de núcleos turísticos para llegar después al mar arrastradas por la lluvia y el viento.
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En este ambicioso anteproyecto que prepara el Ejecutivo Autonómico también se incluyen restricciones a las toallas húmedas, que ya han ocasionado graves problemas de contaminación y saturación en el alcantarillado público. El pasado mes de noviembre, la enorme cantidad de este producto que se arrojó a los inodoros de la zona ibicenca de Cala de Bou terminó diseminada por la costa y el mar. Desde la Consejería de Medio Ambiente reconocen que la prohibición total de este producto afectaría la libertad de mercado, por lo que pretenden obligar a los productores a que indiquen claramente “cuál debe ser su gestión final”.
Los encendedores no recargables, las máquinas de afeitar de un solo uso y los tóneres de impresoras que no sean reutilizables también estarán vetados en el archipiélago. Igual que las bolsas de plástico que la gran mayoría de establecimientos comerciales ofrecen para guardar la fruta y la verdura, tendrán que ser de celulosa en 2020. Para garantizar el cumplimiento de todos estos preceptos, el texto incluye varias sanciones que van desde los 300 euros por una infracción muy leve a 1.7 millones de euros en el caso de las muy graves.
“Sabemos que podemos estar en la cuerda floja en algunos artículos, pero nos queremos arriesgar y ser valientes aunque el Gobierno la pueda apelar”, dice Sansó, que recordó que algunos preceptos postulados son pioneros en España pero ya han sido impulsados en otras partes de Europa.
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Francia ha planteado la prohibición de los platos de plástico para dentro de dos años y en el Reino Unido se han comprometido a dejar de distribuir los hisopos, ya que están a la espera de una normativa que los vete.
Está previsto que el anteproyecto de ley, después de su exposición pública, entre al periodo de alegaciones. Posteriormente, tendrá que ser sometido al Consejo de Gobierno que dará luz verde para remitirlo al Parlamento Autonómico. El debate y su posterior aprobación llegarán justo después del verano, para que las restricciones entren en vigor a partir de 2020 tras un año de adaptación.
Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí.
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