El Gobierno de Donald Trump presentó formalmente su propuesta de rebajar los objetivos de reducción de emisiones de los autos para la próxima década. Con ello, inició lo que puede ser uno de los mayores conflictos judiciales con los Estados que defienden el legado del ex presidente Barack Obama.
California, el Estado con la mayor cantidad de autos en Estados Unidos y la referencia en los objetivos contra el cambio climático, prometió combatir la propuesta de Trump “por cualquier medio concebible”.
La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) despedaza los objetivos pactados entre el Gobierno federal y la industria del automóvil en 2012. Aquel acuerdo establecía que la media de eficiencia de los autos en 2025 debería de ser de unos 87 kilómetros por casi cuatro litros, aproximadamente la eficiencia que presentan hoy los autos híbridos. La EPA propone que la reducción de emisiones quede congelada a partir de 2020 y solo sea de unos 60 kilómetros por casi cuatro litros en 2026.
Para poder hacer esto, Trump tiene además que cambiar las reglas por las que se imponen esos límites. California tiene sus propios objetivos de reducción de emisiones, que siguen otros 12 Estados, gracias a un permiso especial del Gobierno federal para ir más allá de las cifras del país. La EPA considera a esto “una complicación innecesaria en el marco regulatorio”, en el texto publicado se propone eliminar el permiso que considera “arbitrario y caprichoso”.
El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, reaccionó inmediatamente con una nota en la que decía:
“Bajo esta propuesta temeraria, los conductores van a pagar más en la gasolinera, tendrán peor consumo por litro de gasolina y respirarán un aire más sucio. California luchará contra esta estupidez de todas las maneras posibles”.
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En realidad, ya lo está haciendo. Junto con otros 18 Estados, el pasado 1 de mayo presentó una demanda preventiva en la que pedía a los tribunales que reafirmaran el permiso para mantener sus propios estándares de reducción de emisiones y congelar cualquier propuesta del Gobierno en este sentido.
Lo hizo en respuesta a una opinión emitida el 13 de abril por la EPA en la que decía que los estándares no eran realistas y debían ser revisados. Ese fue el primer disparo de la batalla que ahora estalla por completo. Los Estados que firmaron la denuncia representan el 43% del mercado de autos del país y el 44% de la población.
Los objetivos nacionales pactados en 2012 entre California, el Gobierno federal y la industria del auto evitaban el peligro de crear un doble mercado dentro de Estados Unidos y además eran vistos por la Administración como una manera de forzar a la industria a hacer más autos eficientes en lugar de grandes vehículos contaminantes, un mercado en el que están avanzando sus competidores.
La industria siempre consideró demasiado ambiciosos esos objetivos y denunciaba que la obligación de hacer autos más eficientes suponía una desventaja competitiva y además elevaba los costes de producción, que serían inasumibles por los consumidores y acabarían por dañar a la industria. Esos argumentos han sido abrazados sin matices por Trump y puestos por escrito.
Ahora, la batalla legal alrededor de este asunto puede condenar a la industria automovilística a años de indefinición sobre la regulación de sus tubos de escape y la posibilidad de que ahora sí se abra un doble mercado con diferentes estándares dentro de EE. UU.
California ya es el segundo mercado mundial de vehículos eléctricos e híbridos después de China y no va a virar en esta tendencia. Los fabricantes no consideraban la decisión de Trump una victoria, sino como un principio para que California y el Gobierno federal abran nuevas negociaciones.
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Los movimientos para debilitar la lucha contra el cambio climático siguen exactamente la hoja de ruta trazada por el Gobierno de Trump en marzo de 2017, poco después de llegar al poder. En una orden ejecutiva estableció una docena de puntos que prácticamente enterraban los objetivos medioambientales de Obama con el argumento de acabar con la excesiva regulación y devolver a la vida la industria del carbón.
Además de revisar los objetivos de emisiones de los autos, eliminaba la necesidad de que el Gobierno detalle el impacto medioambiental de sus proyectos y renunciaba a regular las emisiones de las plantas contaminantes. Después, hizo visible al mundo su opinión sobre este tema al retirar a Estados Unidos del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático.
| Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí. |
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