Cuando el huracán Otto golpeó a Costa Rica en 2016, fue uno de los desastres más costosos en la historia del país, causando pérdidas de más de $200 millones, según el gobierno.
Los costos de reconstrucción se dispararon aún más cuando la tormenta tropical Nate azotó a la nación centroamericana apenas un año después.
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Funcionarios ahora advierten que el cambio climático podría intensificar la presión sobre el deterioro de las finanzas del estado, ya que aún tiene alrededor de $300 millones en deudas incurridas por los dos desastres; que ha luchado para pagar a medida que su déficit presupuestario empeora. Y a medida que el clima extremo se vuelve más frecuente, es probable que tenga que gastar más reparando el daño.
Los expertos dicen que las finanzas públicas deben adaptarse a los efectos del cambio climático, incluidas las tormentas más extremas, al igual que los agricultores u operadores turísticos.
La Contralora General de Costa Rica, Marta Acosta, instó a todas las agencias gubernamentales a considerar los riesgos climáticos al preparar sus presupuestos. Le dijo a la Fundación Thomson Reuters que estaba “preocupada” por la situación y no detectó un sentido de urgencia entre los legisladores para prepararse para el cambio climático.
“Sabemos que, en caso de no actuar, el impacto gradual aumentará”, explicó.
Un informe publicado en enero por la Contraloría General, que lidera Acosta, mostró que el país podría gastar hasta el 2.5% de su producto interno bruto (PIB) para 2025 en la reconstrucción después de los desastres.
Carolina Retana, una de las autoras del informe, notó la dificultad de recopilar datos sobre el gasto estatal para abordar el cambio climático a medida que se distribuye en diferentes departamentos.
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Los investigadores propusieron crear un “marco fiscal climático”, un registro fiscal que rastreara cada centavo comprometido para frenar el cambio climático y abordar sus impactos. Eso permitiría al país cuantificar sus recursos y asignarlos donde las necesidades son más altas, comentaron.
En una audiencia del Congreso en octubre, Acosta instó a los legisladores a crear un marco para identificar y monitorear todos los fondos públicos asignados para enfrentar el cambio climático. En este momento, el gobierno no sabe exactamente cuánto dinero está gastando para ese fin, ya que el efectivo se divide entre las instituciones, y muchas cosas pasan desapercibidas, explicó.
Al darle un seguimiento al gasto climático permitiría que los fondos se usen de manera más inteligente y eficiente en línea con las prioridades, agregó. “Esto…es fundamental dada su escasez”, comentó.
Costa Rica no sería el primer país en tratar de controlar mejor el financiamiento climático nacional. Bangladesh fue uno de los primeros en hacerlo en 2014.
Según un informe del gobierno, el estado del sur de Asia supo que estaba gastando alrededor del 1% del PIB en medidas para enfrentar el cambio climático, mientras que algunos ministerios no reconocieron que parte de su presupuesto se estaba utilizando para ese propósito.
Acosta dijo que Costa Rica podría proteger mejor a su gente y sus activos, tanto públicos como privados, al aumentar la eficiencia de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y ajustarse a los cambios climáticos.
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El país enfrenta actualmente el mayor déficit fiscal de su historia, con aproximadamente el 7% del PIB, debido al aumento del gasto gubernamental y la caída de los ingresos fiscales. Para junio de este año, los gastos del gobierno eran cinco veces más altos que sus ingresos.
“Sabemos que estamos en una situación crítica. Por lo tanto, cuanto más escasos son los recursos, más tenemos que planificar”, dijo Acosta en la audiencia en la Asamblea Legislativa. “Los eventos climáticos van a continuar y serán cada vez más intensos”.
El viceministro de finanzas de Costa Rica, Rodolfo Cordero, dijo que le preocupaba que el endeudamiento del país aumentara aún más a medida que el clima extremo se hiciera más frecuente.
“Para este tipo de fenómenos climáticos, los gastos son muy grandes. En la medida en que hay menos recursos disponibles, es más difícil lidiar con esa situación”, dijo a la Fundación Thomson Reuters.
La implementación de un “marco fiscal climático” requeriría el apoyo político y la aprobación de la Asamblea Legislativa, según investigadores de la Oficina del Contralor General.
Este texto apareció originalmente en Thomson Reuters Foundation, puedes encontrar el original aquí.
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