EE.UU: juez ordena sopesar costos climáticos en mina de carbón
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Una jueza dice que los funcionarios estadounidenses minimizaron los impactos del cambio climático y otros costos ambientales de la expansión de una mina de carbón masiva cerca de la frontera entre Montana y Wyoming, en un caso que podría probar hasta dónde está dispuesta a llegar la administración Biden para deshacer las decisiones de sus predecesores.
La demanda sobre la mina Spring Creek de Montana depende en parte de un tema central en la agenda de cambio climático del presidente Joe Biden: tomar decisiones basadas en los costos totales de la extracción de combustibles fósiles, incluidos los impactos en un planeta en calentamiento que se sienten en toda la sociedad.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Susan Waters, dijo que bajo el mandato del expresidente Donald Trump, el Departamento del Interior jugó con los beneficios económicos de la expansión de 2 millas cuadradas (5 kilómetros cuadrados) de Spring Creek, que abrió el desarrollo de 85 millones de toneladas de carbón.
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Pero Watters dijo en su fallo que los funcionarios no consideraron completamente cómo la quema del carbón contribuiría al cambio climático, conocido como el “costo social del carbono”, un concepto que asigna un valor en dólares a cada tonelada de gases de efecto invernadero emitidos.
Trump en 2017 emitió una orden para que las agencias no usaran el costo social de las estimaciones de carbono desarrolladas al final de la administración Obama. Watters dijo que la orden ejecutiva no excusa al gobierno de considerar esos costos si representan la mejor ciencia.
“Las agencias federales no pueden ignorar información científica más precisa cuando está disponible”, escribió Watters. Un magistrado federal emitió recomendaciones similares en 2019, pero el caso quedó en suspenso después de que el ex propietario Cloud Peak Energy quebró.
Spring Creek emplea a unos 250 trabajadores que extrajeron más de 9 millones de toneladas de carbón en 2020, según registros del gobierno. La mina a cielo abierto, la más grande de Montana, establecida en 1979, fue comprada por Navajo Transitional Energy Company, propiedad de la Nación Navajo, en 2019.
La explotación minera en la expansión de Spring Creek ha estado en curso desde que fue aprobada en 2012. Watters rechazó una solicitud de los ambientalistas para revertir esa aprobación, que podría haber bloqueado la minería. Ella le dio al gobierno hasta octubre para hacer un nuevo análisis de los impactos climáticos de la mina y otros efectos ambientales.
Jeremy Nichols, de WildEarth Guardians, uno de los grupos ambientalistas que demandó por la expansión, dijo que el caso resaltaba la necesidad de que la administración Biden reformara sus programas de arrendamiento de combustibles fósiles.
“Lo que realmente subraya este fallo es que la gestión del carbón por parte del gobierno federal sigue siendo un desastre y destaca la necesidad de que Biden haga de la reforma del carbón una prioridad”, dijo Nichols.
En su primer día en el cargo, Biden ordenó a las agencias gubernamentales que contabilicen los daños causados por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos los cambios en la productividad agrícola, la salud humana y los daños a la propiedad por un mayor riesgo de inundaciones.
“Un costo social preciso es esencial para que las agencias determinen con precisión los beneficios sociales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se realizan análisis de costo-beneficio”, escribió Biden en su orden.
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Un representante de Navajo Transitional Energy Company dijo que el fallo no cambiará las operaciones en la mina. La compañía cree que los funcionarios federales ya cumplieron con sus obligaciones de revisar el proyecto y sopesarán sus opciones legales, dijo el vocero Erny Zah.
El jefe de comunicaciones de la Oficina de Minería de Superficie de Estados Unidos, Tristan Weis, dijo que la agencia no comentaba sobre el caso.
La tierra de propiedad pública que está en disputa fue arrendada por Cloud Peak Energy en 2007. Está ubicada en un área escasamente poblada del sureste de Montana dominada por la ganadería y la minería.
Los ambientalistas demandaron cuando se aprobó la expansión de la mina, alegando que el cambio climático no se había considerado completamente durante la administración de Obama. Eso llevó a una orden de 2016 para que los funcionarios reexaminaran los impactos ambientales, y luego otra demanda cuando se completó ese estudio.
Este texto apareció originalmente en AP, puedes ver el original en inglés aquí.
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