Empresas mineras se alejan de áreas indígenas en Brasil
Algunas de las compañías mineras más grandes del mundo han retirado solicitudes para investigar y extraer minerales en tierras indígenas en la selva amazónica de Brasil y han repudiado los esfuerzos del presidente brasileño Jair Bolsonaro para legalizar la actividad minera en las áreas.
La Asociación Brasileña de Minería (Ibram), que representa a unas 130 empresas, realizó una encuesta interna a sus miembros a principios de este año, según Raul Jungmann, su presidente. Por primera vez en décadas, ninguna de las empresas tiene aplicaciones actuales de investigación o minería de oro, estaño, níquel, hierro y otros minerales en áreas indígenas, dijo. Ni la encuesta ni sus resultados han sido informados previamente.
Los miembros de la asociación, que representa el 85% del mineral producido legalmente en Brasil, incluyen a los gigantes mineros Rio Tinto, Anglo American y Vale. La AP contactó a las tres compañías. Rio Tinto confirmó que retiró sus solicitudes de concesiones de investigación en 2019. Anglo American hizo lo mismo en marzo de 2021. Vale retiró sus solicitudes de concesiones de investigación y minería durante el último año.
“La posición de Ibram es que no es posible solicitar autorizaciones de minería e investigación en tierras indígenas a menos que haya una regulación constitucional”, dijo Jungmann por teléfono.
La retirada colectiva se produce cuando Bolsonaro insiste en que los territorios indígenas contienen recursos minerales vitales para traer prosperidad tanto a la nación como a los pueblos nativos. La Constitución de Brasil establece que la minería solo puede tener lugar en tierras indígenas después de obtener el consentimiento informado y bajo las leyes que regulan la actividad. Más de tres décadas después, dicha legislación aún no ha sido aprobada.
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Bolsonaro estaba presionando para cambiar eso incluso antes de convertirse en presidente, como legislador marginal. Durante su campaña presidencial de 2018, dijo que los depósitos del elemento metálico niobio, encontrados en tierras indígenas, podrían transformar a Brasil en una potencia minera, pero la propuesta quedó en el olvido después de que asumió el cargo.
Bolsonaro en contra de la protección de territorios indígenas
Bolsonaro ha dicho en repetidas ocasiones que casi el 14% de Brasil que se encuentra dentro de territorios indígenas es excesivo, y que los gobiernos extranjeros están defendiendo los derechos indígenas y la preservación del medio ambiente como una táctica para eventualmente aprovecharse ellos mismos la riqueza mineral.
“El interés en la Amazonía no se trata del indio o del maldito árbol. Es el mineral”, dijo a una multitud de buscadores en la capital Brasilia en 2019.
Más recientemente, en marzo, presionó al Congreso para una votación de emergencia del proyecto de ley elaborado y presentado en 2020 por sus ministerios de Minería y Justicia para regular finalmente la minería en tierras indígenas. Dijo que el voto de emergencia era necesario debido a la guerra en Ucrania, que amenazó los suministros cruciales de potasa fertilizante de Rusia a las vastas tierras de cultivo de Brasil.
Con la ley vigente, “en dos o tres años, ya no dependeremos de las importaciones de potasa para nuestro agronegocio”, dijo Bolsonaro. “La agroindustria es la locomotora de nuestra economía”.
Sin embargo, los expertos señalaron rápidamente que la mayoría de los depósitos de potasa en la Amazonía brasileña no se encuentran en territorio indígena, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais basado en datos oficiales.
Los críticos han argumentado que el objetivo principal del proyecto de ley es brindar cobertura legal a miles de buscadores. La actividad se disparó en los últimos años en medio de repetidas promesas de regulación por parte del gobierno de Bolsonaro, cuyos miembros mantuvieron varias reuniones con representantes de los buscadores de oro.
Los sitios de los buscadores a menudo crecen con el tiempo, creando grandes daños, destruyendo las riberas de los ríos, contaminando las vías fluviales con mercurio y alterando las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas. Por el contrario, la minería a escala industrial en la Amazonía produce cicatrices profundas en el bosque, pero en su mayoría limitadas al área del yacimiento, como es el caso de Carajas, la mina de mineral de hierro a cielo abierto más grande del mundo, operada por Vale.
¿Defensores de la Amazonía?
En marzo, mientras la base parlamentaria de Bolsonaro intentaba acelerar el avance del proyecto de ley, miles de indígenas y sus aliados protestaron frente al Congreso, encabezados por el cantante brasileño Caetano Veloso. Pronto encontraron un aliado inesperado: Ibram, la asociación minera, que en el pasado había mantenido un perfil bajo.
El proyecto de ley de Bolsonaro “no es apropiado para el propósito previsto”, dijo Ibram en un comunicado emitido días después, y agregó que la regulación de la minería en territorios indígenas “debe ser ampliamente debatida por la sociedad brasileña, especialmente por los pueblos indígenas, respetando sus derechos constitucionales, y por el Congreso Brasileño.”
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En un discurso a los agricultores el 25 de abril, Bolsonaro rechazó las críticas del Ibram y del movimiento indígena, alegando que la exploración minera en tierras indígenas solo ocurriría con la aprobación de la tribu afectada.
En un correo electrónico, el Ministerio de Minería calificó de atrasado el reglamento minero para las áreas indígenas. La falta de regulación trae desorden y daño ambiental, dijo.
Las empresas afiliadas a Ibram que se retiran de los territorios indígenas no significa que ellas u otros dejarán de explotar la Amazonía, o que los conflictos con los pueblos indígenas son cosa del pasado.
Belo Sun Mining Corp, con sede en Canadá, está intentando desarrollar lo que sería la mina de oro a cielo abierto más grande en la selva amazónica de Brasil. Las comunidades indígenas cercanas afirman que no han sido consultadas. Otra empresa canadiense, Brazil Potash Corp, está luchando en los tribunales para implementar un proyecto de 2,200 millones de dólares cerca del territorio del pueblo Mura, que teme que la operación afecte sus tierras.
Ninguna de las compañías está afiliada a Ibram, que se negó a comentar sobre los casos.
La base de datos del regulador minero federal, conocida como ANM, aún refleja solicitudes activas de muchas grandes empresas mineras en territorios indígenas. Los grupos indígenas dicen que esto significa que las grandes empresas mineras todavía están interesadas en sus tierras.
Este texto apareció originalmente en AP, puedes ver el original en inglés aquí.
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