Colombia quiere rastrear cada vaca para frenar la deforestación
Una res puede nacer en una finca, pasar por otra para engordar y terminar en un matadero lejos de ambas. Si solo se revisa el último lugar donde estuvo, el vínculo con un terreno deforestado puede desaparecer de los registros. Ese es el problema que Colombia intenta resolver con una ley que busca reconstruir el recorrido del ganado y comprobar si su producción está relacionada con la pérdida de bosques.
La Ley 2585, vigente desde el 4 de junio de 2026, ordena conectar la información sobre identificación y movilización de animales con los registros de tierras y el monitoreo de bosques. El objetivo es verificar dónde se crió, levantó y engordó cada animal, en lugar de conocer únicamente la finca que lo vendió antes del sacrificio.
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La necesidad de ese control ya se había hecho visible. Un análisis de Reuters recoge investigaciones que vincularon la ganadería con la deforestación en tres parques nacionales de la Amazonía colombiana y encontraron carne de animales criados ilegalmente dentro de áreas protegidas en supermercados del país. En una cadena con varios intermediarios, identificar al proveedor inmediato no basta para conocer toda la historia del ganado.
Un arete de identificación permite asociar una res con un registro individual; otros dispositivos electrónicos pueden facilitar su lectura y seguimiento. Pero colocar un arete o un chip no demuestra, por sí mismo, que su carne esté libre de deforestación. La clave es registrar los traslados y cruzar las fincas por las que pasó el animal con mapas de cobertura forestal y datos de propiedad. La ley prevé identificación individual prioritaria en zonas de alta vigilancia, mientras que los detalles técnicos del sistema todavía deben definirse.
El calendario es exigente. El Ministerio de Agricultura debe reglamentar en un máximo de seis meses las condiciones para acreditar a los productores “libres de deforestación”; el certificado será gratuito y el trámite deberá ser accesible. El Gobierno también debe poner en marcha programas de apoyo para productores y proveedores durante ese período. La integración gradual de las bases de datos tiene un límite de 18 meses.

Para mataderos, plantas de procesamiento, subastas, comerciantes y exportadores de ganado en pie, la ley establece obligaciones de debida diligencia sobre animales provenientes de predios situados en núcleos de alta deforestación o en zonas deforestadas recientemente. El Gobierno dispone de hasta 12 meses para reglamentarlas y los actores de la cadena tendrán otros 12 meses para aplicarlas. Deberán conservar información georreferenciada de las fincas de cría, levante y engorde, así como verificar los movimientos del ganado. La propia norma condiciona la exigibilidad de esas obligaciones a que los sistemas de información puedan intercambiar datos.
Reuters compara la apuesta colombiana con Brasil, donde el plan nacional de identificación obligatoria del ganado apunta a 2032. En Pará, estado amazónico que había anunciado un calendario más rápido, la aplicación se aplazó hasta finales de 2030. La dificultad de identificar millones de animales y sumar a productores pequeños muestra que aprobar un plazo es apenas el comienzo.
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Las empresas avanzan a ritmos distintos. Marfrig afirma que ya puede rastrear el 100% de su cadena ganadera en Brasil, incluidos proveedores directos e indirectos. JBS ha apoyado la entrega de aretes electrónicos a pequeños ganaderos en Pará, pero abandonó una meta de reducción de emisiones de sus proveedores. Según su informe de sostenibilidad de 2025, el ganado que compra genera el 92% de las emisiones de alcance 3 que reporta. Son afirmaciones y decisiones empresariales que muestran por qué el seguimiento del ganado debe acompañarse de verificación y resultados ambientales medibles.
En Colombia, el punto crítico será impedir que animales criados en tierras deforestadas pasen por una finca sin alertas antes de llegar al comprador: una práctica conocida como “lavado de ganado”. La norma exige registrar las fincas de las distintas etapas y permite que las comunidades locales participen en la verificación de la información. Si esos datos son completos y las autoridades los usan para actuar, seguir a cada res puede ayudar a cerrar una puerta a la deforestación. La reducción real de la pérdida de bosques será la medida del éxito.