La futura Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno establece que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90% con respecto a los niveles de 1990.
La ley que prepara el Ejecutivo pretende asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y garantizar la total descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo 21, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en un encuentro con periodistas.
La ley se fija dos referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: los años 2030 y 2050.
Así, en 2030 el Ejecutivo quiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 20% respecto a 1990, que el sistema eléctrico cuente con un 70% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética.
Para 2050 las emisiones de gases invernadero se deberían reducir un 90% respecto a los niveles de 1990 y el sistema eléctrico se debería basar exclusivamente en fuentes renovables.
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Las mismas fuentes del Ministerio han informado de que la ley de Cambio Climático irá acompañada de varios instrumentos de planificación “transversales” como los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima o las Estrategias de Bajas Emisiones a 2050 de la economía española.
La normativa pretende dar un impulso “decidido” a las renovables, y para ello planea potenciar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3,000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía renovable.
El Gobierno quiere poner fin definitivamente al uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases invernadero (como el carbón) y ha planeado que cuando entre en vigor la ley ya no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos.
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Tampoco se podrán desarrollar actividades de “fractura hidráulica” (“fracking”) para la explotación de hidrocarburos, según la futura ley, que establecerá que las actividades vigentes para estas actividades no podrán seguir más allá del año 2040.
La norma que prepara el Gobierno prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles, y prevé que la Administración General del Estado no realizará inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, la extracción o el procesado de combustibles fósiles.
El Gobierno tiene prevista una “hoja de ruta” para que el sector público estatal se desprenda de sus participaciones en empresas que desarrollen actividades relacionadas con los combustibles fósiles, así como fomentar el biometano y los combustibles sintéticos de origen renovables.
La Ley, según las mismas fuentes, irá acompañada de una “Estrategia de transición justa” con medidas que aseguren un tratamiento “equitativo y solidario” para los territorios y los trabajadores de los sectores más afectados por esa transición hacia una economía baja en carbono.
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Entre las medidas para potenciar la reactivación económica en esos lugares, el Gobierno ha previsto la firma de “contratos” en los que participen las administraciones públicas, las entidades locales de las áreas geográficas “vulnerables”, empresas, sindicatos, universidades, asociaciones o las ONGs.
Al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, según el borrador de la Ley que prevé que un porcentaje de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se deberán destinar a asegurar esa “transición justa”.
Este texto apareció originalmente en EfeVerde, puedes encontrar el original aquí.
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