¿De qué se trata la nueva orden ejecutiva de Trump?

30 marzo, 2017
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Publicado en CambioClimatico CO2 Nos Preocupa Noticias
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Texto original por Cass R Sunstein para Bloomberg - Traducido por Redacción - Foto por Jim Watson/AFP/Getty Images

A diferencia de lo que dicen numerosos informes, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el cambio climático no va eliminar el legado del presidente Barack Obama con respecto a las reducciones de gases de efecto invernadero. La mayor parte de ese legado, que incluye dramáticos recortes de emisiones en el sector del transporte y de electrodomésticos, permanece intacto.

Sin embargo, la orden es enormemente importante y, en algunos aspectos, bastante imprudente. Además de ordenar la reevaluación del Plan de Energía Limpia, Trump “desechó” el concepto del “costo social del carbono” de la administración de Obama, que había sido el eje de la política climática estadounidense desde 2009. Pero aún no ha aclarado con qué sistema se reemplazará.

Antecedentes

Desde la administración de Ronald Reagan, se ha requerido a las agencias federales calcular los costos y beneficios medioambientales de sus regulaciones, teniendo que demostrar que los beneficios justifican los costos. El análisis costo-beneficio les dice a las agencias cuán estrictas deben ser sus regulaciones – y si deben regularse en absoluto.

Pero, ¿cuáles son los beneficios de una regulación que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero? La respuesta viene del costo social del carbono, que permite monetizar (en cantidad de dólares) el daño de una tonelada de emisiones de carbono.

Hasta 2009, diferentes agencias dieron cifras enormemente diferentes. Para eliminar la inconsistencia, la administración de Obama creó un grupo de trabajo técnico, compuesto por representantes de numerosas oficinas y departamentos dentro del gobierno federal.

Las reuniones del grupo eran numerosas, largas, a menudo aburridas, minuciosas y dominadas por discusiones sobre ciencia y economía. Después de muchos meses y extensos comentarios públicos, el grupo produjo su análisis técnico, que se ha actualizado periódicamente a lo largo de los años, dando en última instancia una cifra monetaria de $36 por tonelada.

En 2014, la Oficina General de Contabilidad se mostró a favor de la integridad, transparencia y naturaleza no política de este proceso. En 2016, un Tribunal Federal confirmó esa cifra. Y ese número de $36 ha resultado ser extremadamente importante. Ha sido fundamental para la evaluación de los beneficios de numerosas regulaciones, incluyendo las regulaciones sobre combustible, reglas de eficiencia energética para refrigeradores y lavadoras de ropa, y el propio Plan de Energía Limpia.

Los juicios del grupo de trabajo apenas han escapado a la controversia. Algunos analistas han argumentado que el probable daño causado por el cambio climático es mucho más serio de lo previsto por la administración Obama y que el costo social del carbono debería ser de más de $200.

Las medidas de Trump

Su orden provocó el desmantelamiento del grupo de trabajo y el retiro de cada uno de sus documentos públicos. Pero por su parte Trump no ofreció ningún número propio para sustituir la cifra de 36$. En su lugar, dijo que al monetizar los beneficios de las reducciones de gases de efecto invernadero, los organismos individuales deberían seguir la Circular A-4 de la OMB (un documento emitido en 2003, durante la administración de George W. Bush).

Esta medida es a la vez técnica y vaga, pero parece que significa tres cosas. En primer lugar, las agencias individuales están ahora por su cuenta, le toca a cada una de ellas llegar a una cifra específica del costo social de carbono. En segundo lugar, deberán enfatizar el daño doméstico más que el global (porque la circular de OMB en 2003 favorece ese enfoque). En tercer lugar, deben utilizar tasas de descuento de 7 y 3 por ciento (como también lo indica la circular de OMB).

El resultado es que el costo social del carbono podría reducirse, posiblemente por debajo de los $5, lo que significa que en términos de costo-beneficio, las restricciones a las emisiones de gases de efecto invernadero serían mucho más difíciles de justificar.

Si esta lectura es correcta, entonces el enfoque de Trump no tiene mucho sentido. Cualquier administración necesita tener políticas coherentes y por lo tanto un número uniforme. Es ridículo tener cantidades dispares en la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Energía y el Departamento de Transporte.

El número global es el correcto para usar. Los estadounidenses van a sufrir mucho, si otras naciones (sobre todo China e India) utilizan el número nacional para decidir cuánto reducir sus emisiones. El uso de la medida global por parte de la nación líder del mundo es el ejemplo correcto para otros – y es (por cierto) lo correcto desde el punto de vista moral.

El lado amable

La buena noticia es que debido a que la orden ejecutiva de Trump no es específica, su administración tiene la oportunidad de sacar lo mejor de ella. En pocas palabras: La Oficina de Información y Asuntos Regulatorios puede trabajar para producir números uniformes para todo el gobierno, continuar con una tasa de descuento del 3 por ciento y presentar tanto cifras globales como nacionales.

Este texto apareció originalmente en Bloomberg, puedes leer el original en inglés aquí.