La cuenca del Amazonas se acerca a un peligroso punto de inflexión. En unos pocos años, el bosque tropical más grande del mundo podría experimentar una “extinción” que no solo afectaría a los países sudamericanos, sino que asestaría un golpe fatal a los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de carbono.
No es ningún secreto quién tiene la culpa. Los principales culpables son la constelación de industrias e individuos responsables de la deforestación ilegal. Más del 90% de toda la deforestación es ilícita, lo que significa que abordar los delitos ambientales es clave para avanzar en la acción climática.
La magnitud de la devastación de la selva amazónica es impresionante. A pesar de la indignación y la condena internacional, las tasas de deforestación aumentaron un 55% en toda la región en los primeros cuatro meses de 2020 en comparación con el mismo período del año pasado. Prácticamente todos los científicos que estudian el Amazonas creen que no hay una buena razón para cortar un solo árbol: lo que se requiere es promulgar políticas de deforestación cero, hacer que la tierra existente sea más productiva y restaurar el suelo degradado.
Las consecuencias de la deforestación desenfrenada son abrumadoramente negativas. Cada hectárea que se tala significa que partes del ecosistema en general se degradan y dejan de funcionar. La degradación reduce la eficiencia de los bosques, erosionando su capacidad para generar lluvia. Sin lluvia, la evapotranspiración disminuye: los infames “ríos voladores” del Amazonas simplemente dejarán de transportar agua por toda la región. Esto tiene implicaciones peligrosas no solo para los 30 millones de personas que viven en la Amazonía, sino también para la producción de alimentos y la disponibilidad de agua para los casi 300 millones que viven en ciudades de los ocho países que forman la cuenca del Amazonas.
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Los gobiernos de la región suelen culpar a los pequeños agricultores involucrados en la producción de alimentos de subsistencia por la destrucción del Amazonas, pero la realidad es mucho más compleja. Estudio tras estudio muestra que las grandes empresas agroindustriales y productoras de carne y sus proveedores locales son responsables de la mayoría de las talas de bosques. En última instancia, la deforestación y la degradación son perpetradas por una variedad de actores, tanto legales como ilegales, y conectados a cadenas de suministro nacionales y globales.
La deforestación y degradación ilegal ocurren de varias formas. La más obvia son las invasiones ilegales de tierras seguidas de la tala selectiva y la tala de bosques para la agricultura comercial y la ganadería. Otra modalidad involucra la minería tanto legal como salvaje, principalmente de oro, que tiene efectos duraderos en los ecosistemas locales, la biodiversidad y la salud humana. Los bosques también se ven afectados por el tráfico de vida silvestre, impulsado por la incesante demanda de aves, reptiles y mamíferos raros en todo el mundo. Muchos gobiernos, organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y grupos ambientalistas tratan estos fenómenos de manera aislada, sin embargo, hay evidencia de que muchas redes subyacentes involucradas en estas actividades delictivas están conectadas.
En asociación con Interpol e InSight Crime y en colaboración con organizaciones como ISA y MapBiomas, el Instituto Igarapé está rastreando las redes que generan delitos ambientales en la cuenca del Amazonas. Para interrumpir estas actividades, es esencial exponer a los actores involucrados y las formas en que los productos de origen ilegal están inundando las cadenas de suministro globales.
Muchas organizaciones criminales involucradas en la ilegalidad están habilitadas por negocios legítimos junto con funcionarios gubernamentales corruptos, incluidos oficiales de policía, escribanos, funcionarios de aduanas y políticos. Las ganancias se lavan de manera creativa, por ejemplo, transfiriendo ganancias mal habidas a tierras agrícolas legítimas o mezclando oro extraído ilegalmente con exportaciones legales. Los delincuentes ambientales son expertos en tecnología y utilizan criptomonedas, drones y tecnologías satelitales para evadir la ley.
Una de las razones por las que luchar contra los delitos ambientales es tan complicado es la forma en que los actores y actividades aparentemente “legales” se entrelazan con los “ilegales”. Tomemos el caso de los sectores de energía e infraestructura, a menudo plagados de especulación de tierras y negocios poco fiables. Con el pretexto de promover el “desarrollo”, políticos, empresarios y funcionarios bien situados se ganan la vida mientras el Amazonas arde.
La idea de que el Amazonas constituye un vasto interior vacío para ser ocupado, desarrollado y modernizado se remonta a mediados del siglo XX. Las fuerzas armadas en toda la región están especialmente a la defensiva ante la interferencia externa y están muy involucradas en esquemas de “desarrollo” en toda la región; sin embargo, los ejércitos luchan por proteger la selva tropical.
El crimen ambiental también está impulsado por la globalización. La creciente demanda de carne de res y soja de China, Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes ha contribuido a un auge de la agricultura intensiva y la ganadería. Las fluctuaciones en el precio global de los metales preciosos también han desencadenado una fiebre del oro clandestina.
La cooperación regional para erradicar los delitos ambientales es insignificante. Una gran razón de esto son los bajos niveles de confianza entre los gobiernos de la región (y el hecho de que algunos funcionarios corruptos se benefician de actividades ilegales). A nivel nacional, las agencias públicas rara vez se coordinan eficazmente para localizar, investigar, enjuiciar y sancionar los delitos ambientales, lo que explica la impunidad desenfrenada.
A pesar de las iniciativas anteriores de múltiples agencias para frenar la deforestación y las innovaciones recientes como el Consejo para la Amazonía en Brasil, la renuencia política a impulsar los esfuerzos de conservación forestal ha obstaculizado el trabajo de los fiscales y otras agencias de aplicación de la ley. También existe una colaboración inadecuada entre los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, a pesar del crecimiento del activismo ambiental en la región.
Para complicar las cosas, el resurgimiento del nacionalismo y el populismo ha socavado la potencia de iniciativas regionales como la Organización de Cooperación del Tratado Amazónico (ATCO), que todavía existe en su mayoría sobre el papel. Con la excepción de las reuniones regionales periódicas, todavía hay comparativamente pocos esfuerzos dedicados a promover iniciativas conjuntas para abordar los delitos ambientales.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene una misión en Colombia para apoyar el proceso de paz y ha trabajado en temas específicos como la gestión sostenible del agua transfronteriza, pero no aborda de manera sistemática los temas de seguridad o ambientales en la Amazonía.
Más positivamente, varios grupos del sector privado están comenzando a dar un paso adelante donde el sector público no ha logrado liderar. El año pasado, más de 250 inversores globales con 17.7 billones de dólares en activos pidieron a las empresas que operan en la cuenca del Amazonas que cumplan con sus compromisos de deforestación en la cadena de suministro de productos básicos. La experiencia pasada demuestra que cuando existen asociaciones transparentes entre las agencias públicas y el sector privado, es posible tomar medidas significativas para reducir la deforestación. Donde estos pactos son débiles, la deserción es más probable.
Los grupos del sector privado también se están asociando con organizaciones sin fines de lucro con dominio de la tecnología para abordar los delitos ambientales. Por ejemplo, Rabobank, el banco más grande en el sector de alimentos y agronegocios y la segunda institución financiera de Forest 500 mejor clasificada, integra el uso de MapBiomas (portugués) (títulos de tierras con validación cruzada, datos satelitales y embargos gubernamentales) en su aprobación crediticia. Los grandes exportadores Marfrig y Cofco comenzaron recientemente a rastrear productos hasta el nivel de la granja, empleando herramientas cada vez más baratas como la teledetección, la inteligencia artificial y la cadena de bloques para asegurar el financiamiento y el acceso a los mercados extranjeros. Otros como Global Witness, Imazon, Global Forest Watch y Trase también están intensificando su juego.
Si bien estos esfuerzos para acabar con los delitos ambientales son signos positivos, el mundo necesitará mucho más para sacar los bosques del Amazonas del borde del abismo.
Este texto apareció originalmente en Greenbiz, puedes ver el original en inglés aquí.
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