El mayor territorio marino por fin tiene protección legal

28 enero, 2026
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Editado por Mónica Gálvez - Foto Annika Hammerschlag/AP

17 de enero de 2026 marcó un antes y un después para la gobernanza oceánica. Ese día, tras casi dos décadas de negociaciones y más de 80 ratificaciones, el Tratado de Alta Mar —formalmente el Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina más allá de la jurisdicción nacional— entró en vigor como ley internacional vinculante.

Este instrumento, negociado bajo los auspicios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cubre las aguas internacionales que representan aproximadamente el 60–64 % del océano y casi la mitad de la superficie de la Tierra.

Hasta ahora, la mayor parte del océano —conocida como alta mar o high seas— carecía de un marco jurídico global que exigiera estándares ambientales estrictos o mecanismos de cooperación para su protección. La entrada en vigor del tratado pone fin a ese vacío: por primera vez existe una norma internacional legalmente vinculante para regular la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales.

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Según la ONU y organizaciones conservacionistas, el tratado permite establecer redes de Áreas Marinas Protegidas (AMP) en alta mar y obliga a los Estados parte a evaluar impactos ambientales de actividades humanas que puedan afectar estos espacios.

Este avance es especialmente relevante frente a amenazas como la sobrepesca, la minería de aguas profundas, la contaminación plástica y el cambio climático, que han degradado ecosistemas marinos sin que existiera una autoridad global que coordine acciones para contrarrestarlos.

Reacciones internacionales

Organizaciones ambientales y líderes internacionales han acogido el tratado como un hito. WWF calificó la entrada en vigor como “el comienzo de una nueva era en la gobernanza de los océanos” y subrayó la necesidad de que gobiernos, empresas y científicos trabajen juntos para convertirlo en resultados concretos.

Desde el punto de vista diplomático, países como China han ofrecido albergar el secretariado del tratado, mientras que otros han destacado las oportunidades de cooperación internacional para el desarrollo sostenible de la economía marítima.

Sin leyes que respaldaran la biodiversidad marina, la pesca indiscriminada es una práctica común y preocupante dentro de aguas internacionales. – Foto Kyodo/Reuters

Sin embargo, la puesta en marcha del tratado también enfrenta retos prácticos. Aunque más de 80 países han ratificado el acuerdo, la implementación efectiva de sus disposiciones dependerá de la voluntad política y de la capacidad técnica de los Estados parte para coordinar medidas en contextos tan dispersos y complejos como las aguas internacionales.

Este tratado no solo es un logro legal, sino tiene implicaciones ambientales y climáticas profundas. Las aguas de alta mar influyen en la regulación del clima global, los ciclos de carbono y la salud de las poblaciones de peces y mamíferos marinos. Protegerlas de manera efectiva contribuirá a objetivos ambientales globales, incluido el impulso a la meta de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, acordada en procesos internacionales de biodiversidad.

Además, el tratado incluye disposiciones para la transferencia de tecnología y creación de capacidades, buscando que los países en desarrollo no queden excluidos de la toma de decisiones ni de los beneficios derivados de la investigación marina.

Lo que viene: de la ratificación a la acción concreta

La entrada en vigor da paso a la primera Conferencia de las Partes (COP) del tratado, que debería reunir a los Estados parte en el próximo año para definir mecanismos operativos, reglamentos y prioridades de conservación.

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Los organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y expertos han coincidido en que este será un periodo clave para demostrar si el tratado puede traducirse en protección real para los ecosistemas oceánicos, más allá de los compromisos diplomáticos.

En un planeta donde los océanos juegan un papel central en el clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas, este “tratado del océano” ofrece un marco sin precedentes para responder a amenazas globales, aunque su éxito dependerá de la coherencia entre la ambición internacional y la acción concreta de los Estados y la sociedad civil.