El gobernador de California, Jerry Brown, se reunió con líderes europeos, brasileños y de las islas pequeñas y se comprometió a trabajar con ellos en relación al cambio climático. Luego se reunió con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, para discutir el futuro del Acuerdo de París.
En otra época, reuniones como éstas podrían haber sido competencia exclusiva del Departamento de Estado. Pero con la administración de Trump prometiendo abandonar el Acuerdo de París (afirmado ya por Gary D. Cohn, el principal asesor económico de la Casa Blanca, en una reunión con ministros aliados) los gobernadores estatales demócratas están tomando un papel cada vez más notable en la agenda internacional, formando parte de un equipo informal de negociación.
El objetivo, dicen los gobernadores, es asegurarles a otros países que, junto con cientos de ciudades y empresas, continúan comprometidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos del acuerdo.
“Tienes aliados en los Estados Unidos. No debemos poner pie en el freno sólo porque tenemos un negador del clima en la Casa Blanca. No están solos”, dijo a los líderes mundiales el gobernador Jay Inslee, de Washington.
La Asamblea General reúne a líderes y altos funcionarios de casi 200 países para una semana de discursos y charlas de alto nivel. El cambio climático (aunque no es el tema central de la reunión) tendrá un alto perfil, en parte debido a la confusión sobre si los Estados Unidos puede ser persuadido a permanecer en el Acuerdo de París. La Casa Blanca ha afirmado que permanecerá en el pacto si se cumplen ‘condiciones adecuadas’ (no han establecido cuáles podrían ser esos términos).
El gobernador Brown, junto con el gobernador Inslee y el gobernador David Y. Ige de Hawái, también está participando en la Semana del Clima, una serie de paneles de alto nivel sobre el cambio climático. La administración de Trump no envió un representante a las reuniones, porque no están afiliadas a las Naciones Unidas.
El gobernador Inslee también se reunirá con Frank Bainimarama, primer ministro de Fiji, que ocupa la presidencia de las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático este año.
Se esperaba que otro gobernador, Roy Cooper de Carolina del Norte, anunciara esta semana que su estado se uniría a California, otros 13 estados y Puerto Rico en la Alianza Climática de Estados Unidos, un grupo de estados y territorios que se ha comprometido a mantener el Acuerdo de París. Si se une, sería algo notable porque es uno de los estados que más emite gases de efecto invernadero.
Cada gobernador de la alianza está promoviendo políticas individuales para alcanzar la meta propuesta durante la administración de Barack Obama. Oregón y Nueva York, por ejemplo, planean cerrar sus últimas plantas de carbón para 2020. En Virginia, el gobernador Terry McAuliffe ha ordenado nuevas regulaciones de carbono para las centrales eléctricas locales. La legislatura de California autorizó uno de los programas climáticos más amplios del mundo, destinado a descarbonizar todos los rincones de la economía del estado, desde el transporte a la agricultura.
A pesar del empuje de la Alianza Climática, esos estados representan sólo un tercio de la población de la nación, por eso se espera que Estados Unidos, en conjunto, no cumpla con la promesa de la administración de Obama. La gran pregunta, entonces, es si la alianza puede persuadir a otros estados a unirse a sus esfuerzos climáticos.
Quizás el mayor desafío de los gobernadores sea la profunda división partidista sobre el cambio climático en el país.
Nicolas Loris, investigador en política energética y medioambiental de la Heritage Foundation, un grupo conservador de investigación, dijo que creía que los gobernadores hablaban por una minoría de estadounidenses. Dijo que más de la mitad de los estados americanos se oponían al esfuerzo de Obama por reducir las emisiones, conocido como el Plan de Energía Limpia.
“Es una cosa si estos gobernadores están comunicando sus respectivos planes climáticos estatales, por malos que sean”, dijo Loris. “No importa cuán costosas o ineficaces sean estas políticas climáticas, es su derecho. Pueden entregar ese mensaje a cualquier persona que les plazca. Pero no deben pretender que sus acciones son la voluntad del gobierno federal o de todo el país”.
Por ahora la alianza se centra en el argumento económico de que es posible reducir las emisiones sin dañar la economía. Según un informe reciente de la Brookings Institution, todos los estados de la alianza han logrado reducir las emisiones desde el año 2000, aun cuando ampliaban su producción económica en general. Los estados de la coalición dicen que han creado 1,3 millones de empleos en energía limpia mientras reducen las emisiones.
Este texto apareció originalmente en The New York Times, puedes encontrar el original en inglés aquí.
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