El recibo de la luz bajaría un 55% en 2050 (y entre el 30% y el 35% en 2030) si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe “Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050”, realizado por Deloitte.
Además, el informe subraya que es necesario mantener en funcionamiento las plantas de generación de energía convencionales a medio plazo para asegurar una transición energética eficiente; su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6,800 millones de euros.
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La consultora recomienda al Gobierno español que establezca un marco claro y de largo plazo para la descarbonización de la economía y le pide modificar los patrones de consumo de energía final, aprovechar la transición energética para crear actividad económica y adaptar el mix de generación eléctrica de forma que se descarbonice al menos coste posible manteniendo la seguridad de suministro.
Según el informe de Monitor Deloitte, “la extensión del uso de la electricidad a todos los ámbitos y sectores en los que sea posible (vehículos eléctricos, transporte de mercancías por ferrocarril, usos térmicos del hogar, entre otros) es, junto con actuaciones muy decididas de eficiencia energética en todos los sectores, el único camino posible para lograr las metas de descarbonización”.
A su juicio, la descarbonización permitirá un ahorro de 380,000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles e impulsará la actividad económica y la creación de empleo en los sectores de energías renovables, de redes, eficiencia y rehabilitación de viviendas.
En ese escenario de reducción de emisiones (entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990), la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30%-35% inferior a la tarifa promedio actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh) frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 el precio rondaría los 60-65 euros/MWh, según el estudio que fue presentado por Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, con la presencia del eurodiputado José Blanco, redactor de la propuesta de nueva directiva de energías renovables.
Esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit tarifario y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial. A juicio de Amores, una vivienda media podría reducir el consumo de energía un 40% mediante la rehabilitación integral o con el uso de una bomba de calor eléctrica, una opción mucho más sencilla y con un coste cuatro veces inferior.
El informe plantea también cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico, tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias.
Amores destacó que este proceso de descarbonización “no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación residencial y de servicios supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país”.
El estudio subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización para 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.
Es decir, Deloitte ve necesario mantener en funcionamiento las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6,800 millones de euros.
Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 billones y 30 billones de euros, una cifra que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, según Amores.
De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3,000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que la no extensión de la vida operativa de las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3,000 millones de euros.
La consultora establece cuatro escenarios diferentes para los próximos años (continuista, reducción convencional, electrificar la economía y alta eficiencia eléctrica), de los que el de la eficiencia energética es el único que permite cumplir con los objetivos de descarbonización y que considera una electrificación muy alta de la economía. El escenario continuista seguiría más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética.
En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.
Las inversiones necesarias ascienden a 510,000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110,000 millones de euros) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105,000 millones de euros).
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También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de autos eléctricos (45,000 millones de euros), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40,000 millones de euros) y las medidas de eficiencia en la industria (10,000 millones de euros).
Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone un ahorro de 380,000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica y la creación de empleo, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión en renovables.
Este texto apareció originalmente en el diario El País, puedes encontrar el original aquí.
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