El país norteamericano ha sido el undécimo en ratificar el tratado regional. El acuerdo busca la protección de los defensores ambientales. La región se cobra cada año cientos de vidas de activistas medioambientales.
Por unanimidad, el Senado mexicano aprobó en noviembre la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. Así, México se convirtió en el undécimo país en ratificarlo, el requisito mínimo para su entrada en vigor. No obstante, el tratado no será una realidad hasta 90 días. El Gobierno de México debe depositar su instrumento de ratificación en las Naciones Unidas.
“En México, como en otros países y la región entera, queda mucho por avanzar para una verdadera protección de personas defensoras, así como para el verdadero acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, de allí la importancia y la necesidad del Acuerdo de Escazú”, dijo a DW Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
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“Escazú tiene el potencial de cambiar las reglas del juego, esperamos que nos ayude a volcar la trágica tendencia al alza de asesinatos a defensores y líderes ambientales que ha caracterizado a la región en las últimas décadas”, consideró a DW Carmen Capriles, Coordinadora General de Reacción Climática, organización boliviana participante en las negociaciones del tratado regional.
Para Puentes, la ratificación mexicana ”demuestra la voluntad de implementar acciones al respecto”. Y agregó que “es un paso positivo que marca un avance en el camino hacia la protección de las personas defensoras, aunque no es final del proceso”. A su juicio, ello se debe reflejar en acciones concretas y efectivas de protección.
Aunque Rojas aseguró que el Acuerdo de Escazú “legitima el quehacer de las personas defensoras del ambiente”, consideró que “no es una varita mágica”. No obstante, “elimina las barreras institucionales para el acceso a información, para participar en decisiones y obliga a los gobiernos a garantizar el derecho a un medio ambiente sano” recalcó.
Perú tuvo la oportunidad de dar este paso histórico hace un par de semanas, pero la desinformación jugó en contra. “Solo se presentaron los puntos que vulnerarían el Acuerdo, como la pérdida de la soberanía, afirmación desmentida en el mismo texto que reconoce en el artículo 3 la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales”, dijo a DW Aída Gamboa, del Programa Amazonía de la organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
De este modo, “el rechazo de los congresistas se debe a que desconocen el acuerdo, el proceso y su historia, hay intereses políticos y económicos, y además se ha mostrado una alianza con el sector privado y gremios empresariales que están en desacuerdo con el acuerdo”, explicó la experta.
No obstante, aseguró que “la sociedad civil todavía tiene la oportunidad de seguir realizando incidencia durante la próxima legislatura del Congreso peruano, confiando que dicha acción sea fructífera. En esta línea se manifestó Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA, pues “pese a que Chile no ha firmado el Acuerdo de Escazú, tenemos una gran oportunidad de integrar sus derechos en la nueva Constitución” que comenzará a ser redactada en 2021, pues actualmente los defensors ambientales están “desprotegidos”.
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“Los mapuche, como pueblo originario, históricamente han visto cómo la imposición de un modelo de desarrollo ha destruido sus territorios y muchas veces se ven amenazados por su rol como defensores del medioambiente”, explicó a DW Josefina Correa, directora política de Greenpeace Chile, quien abogó por que la nueva Constitución chilena “debe estar llamada a incorporar los pilares del Acuerdo de Escazú”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se encargará de supervisar el cumplimiento del Acuerdo, ha convocado la Segunda Reunión de Países Signatarios del 9 al 10 de diciembre en Antigua y Barbuda.
“De igual manera se espera que pronto se tenga la fecha de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde podrán participar los 33 países de la región”, dijo Capriles, apuntando que se espera que esta primera conferencia “sea el primer paso para que los países de la región incrementen los compromisos ambientales y garanticen los derechos humanos de los defensores y de las organizaciones involucradas”.
La sociedad civil deberá vigilar el seguimiento del Acuerdo y exigir que “los Estados lo implementen”, recalcó Puentes. “Nuestro mayor indicador debe ser el que los números de ataques, amenazas y asesinatos comiencen a bajar y los ataques sean investigados y resarcidos”, recalcó. En su opinión, “los asesinatos siguen aumentando porque se puede, debido a la impunidad, y esto es lo que debemos resolver de fondo”, concluyó la codirectora de AIDA.
Este texto apareció originalmente en DW, puedes ver el original aquí.
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