Protestas contra extensión de contrato minero en Panamá
Manifestantes bloquearon calles en todo Panamá el lunes 23 de octubre, exigiendo que el gobierno anule un contrato para continuar con la minería de cobre en una región biodiversa.
Los sindicatos de la enseñanza y la construcción encabezaron llamamientos contra el contrato con los ambientalistas, diciendo que el desarrollo continuo amenaza las tierras boscosas y las aguas subterráneas cruciales a sólo 120 kilómetros (75 millas) al oeste de la capital, en el estado de Colón.
En toda la ciudad de Panamá, manifestantes pacíficos repartieron folletos, pero en algunas zonas de las afueras de la capital la policía los reprimió con gases lacrimógenos. En previsión de las marchas más grandes desde la crisis del costo de vida en julio pasado, tanto el Departamento de Educación como la Universidad de Panamá cancelaron clases.
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El gobierno utilizó las redes sociales para resaltar la “enorme contribución” que la mina, la mayor inversión privada jamás realizada por Panamá, hace a la economía del país.
En marzo, la legislatura de Panamá llegó a un acuerdo con la empresa minera canadiense First Quantum, permitiendo a su filial local, Minera Panamá, continuar operando una enorme mina de cobre a cielo abierto en el centro de Panamá durante al menos 20 años más. La mina se cerró temporalmente el año pasado cuando fracasaron las conversaciones entre el gobierno y First Quantum sobre los pagos que el gobierno quería recibir.
Las protestas comenzaron después de que el presidente Laurentino Cortizo aprobara ese contrato el viernes después de que fuera aprobado por el congreso.
El presidente actuó disimuladamente, según Fernando Abrego, líder de la Asociación de Maestros de Panamá. “El gobierno decidió este enfrentamiento aprobando rápida y expeditamente un contrato que sabe que es rechazado por el pueblo”, afirmó.
Varios sectores unidos contra la minería
A los maestros se unieron los trabajadores de la construcción, que son uno de los grupos laborales más poderosos del país. “El pueblo está en las calles en defensa de la soberanía”, dijo el dirigente sindical Saúl Méndez, “ante un contrato que cede la autodeterminación devastando el medio ambiente para robar recursos”.
No está claro cuán persuasivos resultarán estos argumentos contra el beneficio económico de un solo sitio minero que ya genera el 3% del producto interno bruto de la nación. Minera Panamá dice que la mina empleará a miles de panameños y que sus envíos representan el 80% de las exportaciones totales del país.
El nuevo contrato, inicialmente frenado por desacuerdos laborales, asegura a Panamá al menos $375 millones al año de Minera Panamá, más de 10 veces más que el acuerdo anterior. Representa uno de los contratos mineros nacionales más grandes en una región donde otros países como Costa Rica regulan el sector de manera más estricta y El Salvador, que prohibió la minería metálica en 2017.
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Para los docentes, sin embargo, Abrego dijo que la concesión no era una opción y que el sindicato de docentes celebraría una asamblea para planificar sus próximas acciones. “Seguiremos en las calles”, afirmó.
Días anteriores, el fotógrafo y activista panameño Aubrey Baxter perdió el ojo después de haber sido herido a pocos metros de distancia por un perdigón de pimienta mientras cubría las protestas.
El colectivo “Ya es Ya”, del cual Aubrey es parte, denunció que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional está criminalizando la protesta ciudadana y atacando a los activistas sociales y ambientales que se oponen al contrato minero, según el medio La Prensa.
Este texto apareció originalmente en AP, puedes ver el original en inglés aquí.
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