Agricultor peruano demanda empresa responsable de deshielo en los Andes
La reciente resolución del Tribunal Superior Regional de Hamm, Alemania, desestimando la demanda del agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya contra la empresa energética RWE, marca un punto de inflexión en la justicia climática global.
Aunque el tribunal no aceptó la responsabilidad directa de la empresa por el riesgo de inundación en Huaraz, la ciudad andina de donde proviene Lliuya, sí reconoció por primera vez que una corporación puede ser legalmente responsable por daños climáticos, incluso si estos ocurren en otros países.
En 2015, Saúl Luciano Lliuya, guía de montaña y agricultor, presentó una demanda contra RWE, uno de los mayores emisores de CO₂ en Europa. Su argumento era claro: las emisiones históricas de la empresa han contribuido al cambio climático que está acelerando el derretimiento de los glaciares en los Andes, particularmente en la Cordillera Blanca, poniendo en riesgo a su comunidad.
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El glaciar Palcacocha, ubicado sobre la ciudad de Huaraz, ha crecido peligrosamente en volumen de agua debido al deshielo, lo que incrementa el riesgo de un aluvión. Lliuya exigía que RWE pagara el 0.5% del costo total de las medidas de protección contra inundaciones, una cantidad equivalente a 17,000 euros, en proporción al aporte de la empresa a las emisiones globales.
¿Qué significa este caso para la justicia climática?
Aunque el tribunal alemán falló en contra de Lliuya al considerar que el riesgo específico no justificaba una compensación legal, sí sentó un precedente crucial: las grandes empresas emisoras pueden ser responsabilizadas por sus contribuciones al calentamiento global y sus efectos transfronterizos. Este avance legal podría tener un profundo impacto en más de 60 casos climáticos activos en diversas partes del mundo.
Organizaciones ambientales y legales han celebrado este reconocimiento como un paso clave hacia una justicia climática más equitativa y transnacional. Según expertos, la sentencia es una victoria moral y estratégica que abre nuevas oportunidades para que comunidades vulnerables demanden a emisores históricos.
El contexto que motivó la demanda no es menor. Los glaciares andinos están desapareciendo a un ritmo alarmante. En Perú, se ha perdido el 51% de la superficie glaciar desde 1948. En Bolivia, los científicos advierten que el país podría perder hasta el 95% de su permafrost y la mayoría de sus glaciares antes de 2050. Esta tendencia tiene implicaciones devastadoras para la seguridad hídrica, la agricultura, la generación de energía y la salud pública en toda la región.
Un reciente informe de Climate and Cryosphere destacó que los glaciares de los Andes tropicales se están derritiendo un 35% más rápido que el promedio mundial. El escurrimiento glaciar, del cual dependen millones de personas para el consumo de agua y el riego agrícola, se reducirá un 43% entre 2030 y 2049 si no se toman medidas urgentes.
Este tipo de litigios climáticos busca aplicar principios de responsabilidad civil internacional a la crisis ambiental. Según especialistas en derecho ambiental, si se logra establecer que las emisiones pasadas tienen una relación cuantificable con los daños actuales, las víctimas podrían exigir compensaciones o inversiones en medidas de adaptación.
Un camino de adaptación
La región latinoamericana es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, a pesar de ser una de las menos responsables en términos de emisiones históricas. El precedente legal establecido por el tribunal alemán podría fortalecer el acceso a la justicia para comunidades indígenas, campesinas y urbanas que enfrentan sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y otras consecuencias del calentamiento global.
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Además, el caso evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas legales nacionales e internacionales para proteger los derechos humanos y ambientales en contextos de crisis climática. Iniciativas como la adopción del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia ambiental en América Latina, cobran mayor relevancia en este escenario.
Aunque Lliuya no ganó su demanda, sí logró empujar una frontera legal clave. Su caso ha inspirado a activistas, abogados y científicos a seguir buscando vías para hacer rendir cuentas a los grandes contaminadores.
La batalla por la justicia climática no solo se libra en las cumbres internacionales, sino también en los tribunales, donde las voces de quienes ya sufren las consecuencias del cambio climático comienzan a ser escuchadas.
![Tratado de altamar entra en vigencia]({"jaw_blog-16_9-small":{"file":"https:\/\/futuroverdecdn.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/tratado-de-altamar-170x95.jpg","width":170},"jaw_blog-16_9-middle":{"file":"https:\/\/futuroverdecdn.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/tratado-de-altamar-270x152.jpg","width":270},"jaw_blog-16_9":{"file":"https:\/\/futuroverdecdn.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/tratado-de-altamar-475x267.jpg","width":475},"jaw_blog-16_9-big":{"file":"https:\/\/futuroverdecdn.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/tratado-de-altamar-800x494.jpg","width":800}})
