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“Están pidiendo modificar su impacto ambiental para expandir su mina”, dijo a Reuters por teléfono Asunción Margarita Gutiérrez, líder distrital de la provincia de Paucar del Sara Sara en Ayacucho, donde se encuentran las minas de Hochschild.
“Pero aquí no hay trato, nuestras vidas son lo primero”, dijo, y repitió las acusaciones de que las minas contaminaron las fuentes de agua locales. Hochschild ha negado categóricamente las acusaciones.El enfrentamiento es una prueba para Castillo, quien llegó al poder en julio gracias al fuerte apoyo de los distritos mineros a sus promesas de redistribuir las ganancias mineras y dar una voz más fuerte a las comunidades indígenas cercanas a las minas. El Ministerio de Minería no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
“Confiamos en que el gobierno explicará a los líderes el estado de los permisos actuales y los que están en proceso, y que respetará el orden legal que regula la renovación de permisos”, dijo Palma.Inmaculada produjo alrededor de 129,000 onzas de oro y 4 millones de onzas de plata en 2020. Pallancata produjo alrededor de 13,000 onzas de oro y 3.7 millones de onzas de plata. Varias comunidades de Ayacucho han amenazado con protestar si el gobierno no cumple con lo que consideran un pacto firmado con Vásquez en noviembre para cerrar las minas. Te puede interesar: Victoria indígena: petrolera dejará de explotar territorios en Perú Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha de cierre planificada, que puede modificarse si se encuentran más recursos y si los reguladores lo permiten. Las cuatro minas en cuestión tienen fechas de cierre que van desde 2022 hasta 2025. Che Bernaola, representante del comité de Ayacucho Sur, dijo que esperaba que el gobierno ratificara el cierre paulatino de las minas.
“Lo único que podemos discutir en la mesa es cuánto tiempo razonable necesitan para cerrarlos, no hay nada más”, dijo Bernaola por teléfono.La Agencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental de Perú (OEFA) ha llevado a cabo 82 tareas de supervisión en las cuatro minas entre 2013 y 2021, según datos del gobierno. Ha identificado infracciones que han dado lugar a multas menores. Julio Guillermo Gutiérrez, presidente de un grupo en la cercana Parinacochas, dijo que las minas tenían que cerrar, pero reconoció que el gobierno podría decir que los cierres “tomarían un poco más de tiempo”.
“Reafirmamos nuestro propósito de ceñirnos al proceso de cierre de las minas, dentro del marco legal”, dijo a Reuters. “Por muchos años hemos sido tolerantes, razonables en nuestras quejas, y ahora está en manos del Ejecutivo, el Estado tiene que entender que también somos peruanos”.
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